Redacción Canal Abierto | En diciembre de 2010, el por entonces jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri responsabilizaba a la “inmigración descontrolada” por los desmanes que protagonizaron la Policía Metropolitana y la Policía Federal durante un desalojo en el Indoamericano.

El saldo de 4 muertos y mas de treinta heridos no sólo obligaba a revisar los protocolos de las fuerzas de seguridad en estos casos, sino también a la política habitacional ausente desde el gobierno nacional kirchnerista y la gestión local macrista. Sin embargo, la respuesta de Mauricio Macri fue cambiar el eje y patear la pelota para otro lado. Estigmatizante, la estrategia buscó culpar a la entonces presidente Cristina Kirchner y responsabilizar por la violencia a las colectividades migrantes. Rápido, su jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, salía a secundarlo al afirmar que “en el país rige una ley muy permisiva respecto de la inmigración”, y que “en esa zona vive un 70% de gente de nacionalidad boliviana y paraguaya”. Como remate, lanzó: “No podemos resolver los problemas de vivienda del Conurbano y el Mercosur”.

Distintos sectores políticos de la Ciudad rechazaron los conceptos de claro tinte xenófobo. La entonces conducción porteña de la Coalición Cívica incluso dio una conferencia de prensa en la que el diputado Adrián Pérez (hoy funcionario jerárquico del Ministerio de Interior) afirmó que “el planteo de Macri fue vergonzoso”.

Al frente del Gobierno nacional, ahora el macrismo suma otro capítulo de su embestida xenófoba al intentar instalar un debate para cobrarle a los extranjeros no residentes el uso del sistema de salud y la educación universitaria. Incluso el diputado radical en Cambiemos Luis Petri ya presentó un proyecto de ley en ese sentido.

Uno de los que empatizó con esta avanzada estigmatizante fue el jefe del interbloque Argentina Federal, que integran senadores justicialistas no kirchneristas. Hace poco más de un año, el hombre que supo ser la voz del kirchnerismo en la Cámara Alta, Miguel Angel Pichetto había afirmado en un programa de televisión que “Perú ha transferido a sus narcotraficantes y nosotros incorporamos esa resaca. El problema es que nosotros siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia y ajuste delictivo de Perú”. Si bien causaron la indignación de buena parte del espectro político, los lamentables dichos solo exponían el carácter conservador que Pichetto no escondió nunca, y que luego continuaría en tantas otras declaraciones y decisiones legislativas.

La política migratoria en la Argentina se rige por la ley 25.871, aprobada por el Congreso en diciembre de 2003. En su artículo 6° la norma establece entre los Derechos y Libertades de los Extranjeros un principio proclamado también en el preámbulo de la Constitución Nacional, para “todos los habitantes del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”. El texto ordena que “el Estado en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social”.

Sin embargo, lo que desmonta el intento de arancelamiento de la Salud y la Educación a extranjeros no es solo el carácter solidario y equitativo de las leyes argentinas. Las cifras y estadísticas también desmienten la figura que vende Cambiemos y compra una parte de la sociedad.

Según el Censo 2010, último realizado en el país, en la Argentina hay 1.800.000 residentes no nativos, de los cuales 1402.568 tienen como origen países limítrofes y Perú. En 2013, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó un estudio que proyectó esa cifra a 2.000.000. Es decir, sólo el 4,6% de la población que vive en la Argentina es extranjera.

Según cifras oficiales del anuario estadístico hospitalario de Jujuy de 2016 (último dato disponible), ese año hubo 47 mil egresos hospitalarios, es decir personas que se internaron en los hospitales públicos de la provincia norteña, de los cuales sólo 132 fueron personas que tenían residencia en otro país (el documento oficial no especifica cuáles). Esto es el 0,3% del total, y se asemeja al porcentaje de extranjeros que se internaron en 2015 (0,4%).

En 2011, de acuerdo con una investigación de la Universidad ISalud y el Ministerio de Salud de Jujuy, se demostró que sobre una muestra de 1830 planillas diarias “donde se constató nacionalidad” en los hospitales de Palpalá, San Pedro, Tilcara y El Carmen, sólo “el 1,7% corresponde a ciudadanos extranjeros, en su mayoría de origen boliviano con residencia estable”.

A su vez, los últimos datos publicados por el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires corresponden a 2012, la cantidad de personas residentes en otro país que fueron internadas en hospitales porteños representaron menos del 0,1% del total de las internaciones (se trató de 72 casos).

En la Universidad de Buenos Aires (UBA), la casa de altos estudios más grande del país y donde recae la mayor cantidad de estudiantes nacidos fuera del país, se estima que cursan unos 322.000 estudiantes en total. De ellos, 13.200 son extranjeros. Esto quiere decir que el 4,1% de los estudiantes de la UBA son extranjeros, una cifra moderada en comparación con otros países.

En tanto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sostiene que “la incidencia de los migrantes en el uso de presupuestos públicos es indiferente. Por ejemplo, se estima que hay 70.000 niños, niñas y adolescentes que están excluidas de la Asignación Universal por hijo por no tener una residencia «legal» superior a los 3 años, cuando en realidad ese programa alcanza a casi 4.000.000″.

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