Redacción Canal Abierto | Los trabajadores de Cresta Roja volvieron a salir a la calle en defensa de sus puestos de trabajo. Y al igual que en diciembre de 2016, la respuesta del Gobierno fue represión.

Esta mañana efectivos de Gendarmaría y la Policía Bonaerense desalojaron violentamente el corte que mantenían en la puerta de la planta que el frigorífico tiene sobre la ruta 205, a la altura del cruce de Unión Ferroviaria. La represión incluyó balas de goma, gases lacrimógenos y tanques hidrantes. Los trabajadores denuncian que hay dos detenidos.

“Estábamos en defensa de nuestros puestos de trabajo y gendarmería avanzó con una represión brutal. Hubo compañeros heridos con balas de goma, yo incluido, y un compañero que en las corridas que inició la policía montada se cayó y un caballo le pasó por encima. Terminó con heridas en las extremidades y en la cabeza. Ahora estamos cortando la ruta a la espera de que liberen a los compañeros que llevaron detenidos”, informó Darío Sánchez, trabajador de la planta 2 de Cresta Roja.

Además, agregó que no poseen información de los detenidos ni a donde fueron trasladados. “Esto pasa siempre con gendarmería, llevan gente y no dan datos del paradero. Ahora varios compañeros se movilizaron hasta la municipalidad de Ezeiza para ver si el intendente puede intervenir para tener noticias de los compañeros y que se los libere de manera inmediata”, expresó Sánchez.


El conglomerado Proteinsa S.A. -conformado por Ovoprot, Tanacorsa y el Grupo Laclau- se hizo cargo de Cresta Roja tras la quiebra, a fines de 2015, de los anteriores dueños, Rasic Hermanos.

La adquisición de la firma por parte de Proteinsa S.A. fue uno de los emblemas que utilizó el Gobierno para mostrar su eficiencia en la resolución de conflictos que recibió como “pesada herencia” por parte de la gestión kirchnerista, obviando la represión a los trabajadores en diciembre de 2016.

El cambio de patronal puso a los trabajadores frente a otro inconveniente: la reducción de remuneraciones correspondientes a los años de antigüedad, ítems que se encuentran en los reclamos, por tratarse de una quiebra con continuidad. Ahora la situación se tornó aún más crítica tras el anuncio del plan acordado entre la empresa y el Gobierno que incluye el despido de 800 trabajadores.

“Nosotros rechazamos esta medida porque no podemos permitir que ningún compañero quede en la calle. Sabemos que estos son despidos encubiertos y que no hay garantías de que sean reincorporados, porque la empresa promete una reincorporación pero sabemos que esto no es así. Hay 500 empleados de planta 2 que pretenden dejar despedidos de manera efectiva ahora, sin goce de indemnizaciones y quedarían más de 500 en calidad de suspendidos por un año, con un haber de $10 mil pagados por el Estado”, continuó Darío.

Por otra parte anunció que una vez liberados los detenidos se convocará a una asamblea para debatir un plan de lucha.

“Todo esto es muy angustiante porque nosotros lo único que queremos es trabajar y lo que estamos haciendo es defender nuestros puestos de trabajo, pero la respuesta que tenemos del gobierno es represión, más precarización laboral y despidos”, finalizó el trabajador.

 

Foto: Mauricio Polchi ()

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