Redacción Canal Abierto | En los últimos días circularon versiones en torno a la privatización de Pami, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Lo que el Gobierno buscaría es impulsar cambios dentro del ente tal como lo ordena el Fondo Monetario Internacional, para reducir el costo que representa dentro del déficit fiscal.

Aunque falta decidir su implementación, una de las medidas pensadas impulsa que los grandes sindicatos de la CGT se queden con los aportes de los trabajadores que están en actividad y luego se jubilen manteniendo la obra social de origen. “Apunta a la disolución de la obra social más importante de Latinoamérica, dejando a una gran masa de jubilados librados a la suerte de una remuneración de carácter asistencialista, y a una eventual privatización”, sentencian desde el Centro Nacional de Jubilados y Pensionados (CJNP), en un comunicado.

Otra de las ideas que comentó de puertas abiertas el actual interventor del organismo, Sergio Cassinotti, en las últimas semanas, de puertas adentro, es la idea de reducir en cuatro mil empleados la planta permanente de la obra social. Lo cierto es que las oficinas desbordan de afiliados esperando ser atendidos. “Hay agencias en el interior en las que hay un solo trabajador. En el conurbano o Capital Federal están colapsados de afiliados por la cantidad de gente en atención al público que hay y no de trabajadores”, explica Pablo García en diálogo con Canal Abierto, secretario adjunto de la Seccional ATE San Martín.

Los trabajadores de Pami advierten además, que se quiere implementar la ventanilla única. En otras palabras, que a través de Anses jubilarían a los trabajadores y se los derivaría a Pami: “Es una locura porque son dos entes diferentes. Uno es netamente provisional y el otro es una obra social. De esta manera también nos quitarían funciones y eso da pie a que haya un ajuste, un achique”, argumenta Pablo García.

Desde la  CJNP denuncian que: “Son tan condenables las declaraciones del presidente de la Nación respecto a los cambios pensados sobre  Pami, como las anunciadas intenciones del actual interventor, que continúa con la designación de amigos en cargos de carrera, entre los que se destacan, el cuestionado ex ministro cordobés Daniel Alejo Paredes  y también el del asesor Nicolás Siseles, quien había sido director de Protección del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Mauricio Macri”.

Pami, lejos de representar un servicio asistencial deficitario, fue creado con la idea de ser un ente autónomo. Sin embargo hasta ahora todos los presidentes del directorio o interventores han sido designados por los presidentes de turno (de facto o democráticos) sin participación de los trabajadores.

 

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