Redacción Canal Abierto | Días atrás el Gobierno difundió la Carta de Intención enviada al FMI para lograr el respaldo económico que finalmente terminó siendo por US$ 50.000 millones, con el objetivo de trazar un puente financiero para llegar al año 2019 con cierta estabilidad económica.

La inminente confirmación del acuerdo es un hecho, pero los interrogantes no se disipan. Claro está, el Fondo Monetario Internacional (FMI) no obra de manera filantrópica o caritativa, ni muchos menos.

En principio, en base al Memorándum recientemente publicado, es posible precisar el ajuste estimado para 2019 para lograr la meta de 1,3% de déficit sobre PBI. Ese fue el objetivo del estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

“El camino elegido por el Gobierno para la reducción del déficit paradójicamente tiene el efecto contrario: lo incrementa. Es la aplicación del típico recetario neoclásico que postula la necesaria baja de la “presión fiscal” como mecanismo de incentivos al capital para la inversión”, explica el informe del CEPA que analiza los pormenores del ajuste.

El estudio muestra que -suponiendo ingresos creciendo al ritmo de 2% PBI y 24% de inflación- entre los recortes que aplicará en 2019 el Gobierno se “ahorrarán”, por ejemplo, $ 56.000 millones en subsidios al consumo de gas y electricidad, y otros $ 30.000 millones al transporte.

También habría un ajuste de $ 30.000 millones en salarios públicos, y recortes a las provincias que representarán $ 45.000 millones en salud y educación y $ 9000 millones en otros rubros, mientras que a las universidades nacionales sería de aproximadamente $ 20.000 millones menos.

Por otro lado, el informe plantea que -producto de beneficios impositivos- el año próximo el Gobierno no recaudaría cerca de 125 mil millones de pesos.

En el caso de los Derechos de Exportación, el impacto a valores de 2018 de la reducción implementada en diciembre 2015 alcanza $62.956 (entre maíz, trigo, y soja). Con el maíz se perdieron $19.069 millones en un año; con el trigo, aproximadamente $15.052 millones; y en el caso de la soja, la reducción de la alícuota de 35% al 30% alcanza unos $19.425 millones, a los que hay que adicionar $10.008 millones como resultado de la reducción de 0,5 puntos por mes aplicada desde enero de 2018. El decreto de esta última reducción establece que la misma se aplicará hasta diciembre de 2019, por lo que la tendencia de la recaudación por Derechos de Exportación es a la baja. A esto es necesario adicional la eliminación en lo referido a exportaciones industriales y a la minería, aunque tienen menor peso.

En lo referido al Impuesto a las Ganancias hay que mencionar que la reforma impositiva aprobada en diciembre 2017 estableció la aplicación de una reducción de la alícuota del impuesto para las ganancias no distribuidas por las empresas, del actual 35% al 30% en 2018, al igual que en 2019, siendo del 25% desde 2025 . La estimación realizada por CEPA indica que esto implica una reducción de al menos $ 21 mil millones.

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