Redacción Canal Abierto | La semana pasada, se aprobó en la Legislatura Porteña, el nuevo Código Urbanístico y de Edificación que, según el Gobierno de Cambiemos, “permitirá diseñar una ciudad a escala humana, donde el vecino sea el principal beneficiario de todas las transformaciones de Buenos Aires”.

Sin embargo, desde que comenzó a tratarse la modificación, diferentes organizaciones han impulsado medidas y presentado proyectos ya que entienden que los nuevos cambios esconden millonarios negocios inmobiliarios.

En este sentido, desde que se supo que se tratarían las modificaciones, se propusieron iniciativas para poder discutir los nuevos cambios de manera participativa. Sin embargo, desde el Gobierno de la Ciudad decidieron hacer oídos sordos al reclamo de los vecinos.

Entre las cuestiones que destacan quienes se oponen a los cambios señalan que la Legislatura y el Poder Ejecutivo no cumplieron con la convocatoria y realización de la audiencia pública obligatoria, tal como lo establece el art. 63 de la Constitución de la Ciudad. Esta audiencia pública debió realizarse “antes del tratamiento legislativo” y geográficamente en cada comuna. Tampoco hubo participación real de los consejos consultivos comunales ni de los vecinos en las diversas reuniones convocadas por el  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Legislatura. Por lo que el nuevo Código Urbanístico se impone sin hacer un diagnóstico previo de la situación de los diferentes barrios.

“En los últimos años el Gobierno ha sacrificado tierras públicas para impulsar negocios inmobiliarios. Lo que ellos hacen con el código es cerrar la discusión. El nuevo código del gobierno no rediscute las decisiones que motivaron negocios inmobiliarios, las consolida. Como es pensado para durar en el tiempo, cierra la discusión a futuro también, casi garantizando que esos negocios se hagan. Con esta modificación se legalizan cientos de permisos de obras en la ciudad donde la Justicia las ha frenado y garantiza más negocios aumentando la capacidad constructiva de los inmuebles en Buenos Aires”, señala en diálogo con Canal Abierto, Jonatan Baldiviezo abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad.

Además, las diferentes organizaciones que se oponen, denuncian que la implementación profundizará el colapso actual de los servicios públicos (agua, cloacas, luz, gas, salud, educación, transporte, etc.) y aumentará la densidad demográfica de la ciudad sin brindar ninguna herramienta urbanística nueva para que la infraestructura de servicios públicos acompañe dicho crecimiento.

“El nuevo Código viene a subsanar ilegalidades cometidas en el pasado sin que haya ningún tipo de recupero de la plusvalía que estos permisos ilegales generaron y que fueron capturados por los propietarios y desarrolladores inmobiliarios”, sentencia Baldiviezo.

En los próximos días, desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad impulsarán una denuncia política para poner en evidencia los negocios millonarios que se esconden detrás del nuevo Código .

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