Redacción Canal Abierto | El bono de la discordia que frenó hasta nuevo aviso el paro general que la CGT tenía previsto para mediados de noviembre, despertó revuelo en el mundo sindical menos afecto a pactar con el Gobierno. “Lo único que ganan los dirigentes que están en la CGT es obtener la exclusividad de la representación de los trabajadores ante el Gobierno. Y lo que el Gobierno busca con esto es que le garantice frenar la conflictividad social y la protesta de los trabajadores frente a la gran agresión de sus políticas económicas”, sostuvo Hugo Godoy, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
Es justamente este sector, el de los estatales, el más perjudicado del último año. Según datos del INDEC, en lo que va de 2018 sólo el sector público perdió 9,9% del poder adquisitivo del salario, producto de la paritaria que el gremio mayoritario de la Administración Pública Nacional, UPCN, firmó a la baja con el ministro Jorge Triaca.
En tanto, un análisis reciente del CEPA, que analiza seis gremios –estatales, gastronómicos, metalúrgicos, construcción, comercio, y gráficos- sostiene que el primero es el más perjudicado, y establece la pérdida de poder adquisitivo en 14%. De acuerdo con el informe, para igualar la capacidad de compra que tenían en 2017, el bono de fin de año de los estatales debería ser de $51.734.
Como para empeorar el cuadro, trascendió un borrador del decreto que el presidente Mauricio Macri firmaría para establecer el pago del bono de $5.000 donde los estatales estarían afuera. “Quedan excluidos del alcance del presente decreto los trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal, cualquiera sea su modalidad de vinculación o el régimen laboral aplicable”, sostiene el texto.
“Nosotros, desde ATE, estamos pidiendo la reapertura de la paritaria y, como lo demuestra el acampe que están llevando adelante los compañeros de la provincia de Buenos Aires para discutir el Presupuesto 2019 presentado por la gobernadora (María Eugenia) Vidal, nuestro reclamo sigue recorriendo el país y ganando adhesiones. Por lo tanto, no descartamos la realización de nuevas medidas de fuerza nacionales antes de fin de año”, agregó Godoy.
Los privados tampoco zafan
Los estatales no son los únicos perjudicados por el ajuste ni excluidos del bono. Si el borrador -que según el portal InfoGremiales ya cuenta con el aval de la CGT pero no así con el respaldo de la Unión Industrial Argentina (UIA)- finalmente llega a ser decreto, el bono de $ 5.000, a pagar en dos cuotas iguales junto con los salarios de noviembre y enero, sería sólo para unos pocos privilegiados.
“Las partes signatarias de los convenios colectivos de trabajo, representantes de los trabajadores y empleadores, podrán adecuar la implementación de lo dispuesto en el presente decreto en materia de plazos y montos para aquellas actividades o sectores que se encuentren especialmente en crisis o en declinación productiva”, reza el artículo tercero.
Estas actividades «en crisis» no son pocas. El último estimador mensual industrial del INDEC muestra una caída estrepitosa en septiembre (11,5%), sobre todo para los textiles, los gráficos, y la metalmecánica.
En línea con el CEPA, un estudio de Claudio Lozano, referente de Unidad Popular y coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas y Públicas (Ipypp), establece que «el salario promedio de la economía argentina, considerando todo el universo de trabajadores, asciende a $19.734,8. Por ende, el bono necesario para compensar lo perdido en el 2018, debiera ascender a $75.186,2”.
“La propuesta del Gobierno y la CGT -continúa el informe del Ipypp- representa apenas el 6,6% de lo que debieran recibir los trabajadores para recuperar lo perdido en un 2018 que, en la práctica, ha producido una caída del poder adquisitivo similar a la del 2002, en el marco de la crisis y ruptura de la convertibilidad».
El corolario del polémico borrador del decreto presidencial establece, además, que este bono, de ser otorgado, podría ser absorbido por aquellos gremios que hayan acordado cláusula gatillo, y por aquellas empresas que ya habían decidido otorgar algún incremento de forma unilateral.
Ilustración: Marcelo Spotti