Redacción Canal Abierto | «¿Será porque tal como lo ha afirmado en diversas entrevistas está ‘enamorada’ del Sr. Mauricio Macri y eso le impide actuar con objetividad? Ha quedado claro que la Licenciada Alonso ha transformado un área del Estado, encargada de combatir la corrupción, en una trinchera dedicada explícitamente a perseguir, por un lado, a funcionarios de la gestión anterior, y por otro, para encubrir a funcionarios de la actual gestión». De esta manera concluye la presentación de los legisladores nacionales Graciela Camaño, Alejandro Grandinetti y Cecilia Moreau.
Esta mañana se conoció que la denuncia recayó en la fiscal federal Paloma Ochoa, quien abrió formalmente una causa penal e imputó a Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción (OA) por los delitos de violación de deberes de funcionario público y denegación y retardo de justicia.
La denuncia contra la ex diputada nacional del Pro es por la decisión que plasmó en la resolución 2018-24, «cuya evidente finalidad perseguía desligar de responsabilidades» a Macri, al ex ministro de Comunicaciones y actual de Defensa, Oscar Aguad, y al entonces director general de Asuntos Jurídicos de Comunicaciones, Juan Manuel Mocoroa.
Y Michetti también…
A mediados de octubre, la vicepresidenta de la Nación también había prestado su firma para intentar echar por tierra el escándalo por la condonación de los 70 mil millones de pesos que el Grupo Macri adeuda al Estado por Correo Argentino. En aquel momento Michetti rechazó por decreto la apelación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para investigar el beneficio presidencial. Poco tiempo antes, el presidente se había excusado “por motivos graves de decoro o delicadeza”.
El caso Correo Argentino
Al momento del pago de la última cuota, a efectuarse recién en 2033, los Macri se ahorrarán 70 mil millones de pesos, lo que implica una quita del 98,87 por ciento de su deuda y un grave perjuicio para el erario público.
En febrero de 2017, los polémicos beneficios del Gobierno en favor de las empresas del Clan Macri llegaron a su punto culmine. Al decreto firmado por el Presidente en noviembre de 2016 para habilitar a familiares de funcionarios a ingresar al blanqueo de capitales, un año después la sumó esta millonaria reestructuración de deuda en beneficio de Correo Argentino.
Ahora, luego de que Mauricio Macri delegara “por motivos graves de decoro o delicadeza”, se conoció la decisión de la vicepresidenta de la Nación sobre la deuda. Por decreto, Gabriela Michetti dio por cerrada de manera definitiva la causa administrativa que investiga si hubo irregularidades en la aceptación por parte del Gobierno de una oferta del Correo Argentino.
Allá por 1997, y gracias al gobierno de Carlos Menem, el Grupo Macri consiguió la concesión de la empresa postal que administró a través de su empresa Sideco Argentina. Desde entonces, y hasta su re estatización en 2003, el Grupo incumplió continuamente distintas cláusulas contractuales, entre ellas el pago del canon de 51 millones semestrales pactado a partir del año 2000. Además, en su momento los Macri incrementaron un 750 por ciento la tarifa de la casilla postal, dolarizaron las tarifas correspondientes a envíos al exterior –por supuesto, sin previa autorización por parte de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) –, la obtención de contrataciones directas sin ningún tipo de control por parte del Estado y la evasión del pago de aportes patronales que llegó a ascender a 528 millones de pesos.
Sin embargo, no sólo se trató de acumular deuda, sino también causas judiciales de lo más variadas: por haber hecho pasar como inversión inicial dinero utilizado en la indemnización de los miles de despidos, por contrataciones directas por parte del Estado y por haber realizado fusiones de empresas sin ningún tipo de autorización, entre otros ejemplos.
Si bien a las claras se trata de un acuerdo ruinoso para el Estado, sea quien fuere el privado en cuestión, el agravante central de la polémica gira en torno a su particular beneficiario: el grupo económico presidencial que tiene a Franco Macri como principal representante.
Según Gabriela Boquín, fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, el ofrecimiento realizado en junio debe considerarse “abusivo”. Los cálculos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, la propuesta implica un quita en la deuda de 70.163 millones de pesos, un 98,82 por ciento sobre el total de la deuda. Es decir, los ex dueños de Correo Argentino sólo pagarán el 1,18 por ciento de la deuda que tenían con el Estado.
La deuda original del Correo Argentino con el Estado era de 296.205.376 pesos, allá por 2003. Según las actualizaciones que hizo la DAFI, dicha deuda al 2017 supera los 4.000 millones de pesos, y proyectada al 2033, cuando los Macri van a terminar de pagar, es que da 71.001.731.324 pesos.
La propuesta que aceptó el gobierno implica una quita de 70.163.910.895 pesos, el 98,82 por ciento. Para dar una idea, representa mas de la mitad de lo que el Estado nacional destinó a Educación en 2017, y supera ampliamente el gasto en Salud a lo largo del mismo año.