Redacción Canal Abierto | En la madrugada de ayer se produjo un incendio en el que fallecieron cuatro jóvenes y otros resultaron heridos en la Comisaría 3ª de Esteban Echeverría.

En el establecimiento –que estaba clausurado por una orden del juzgado de Garantías 2 de Lomas de Zamora con sede en Monte Grande- murieron Jorge Luis Ramírez, Eduardo Rogelio Ocampo, Jeremías Aron Rodríguez y Juan Bautista Lavarda.

Según informó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la comisaría estaba en funcionamiento a pesar de la clausura que inhabilitaba los calabozos y que fue desobedecida por el Ministerio de Seguridad. Por este motivo, la CPM manifestó su repudio ante esta masacre y responsabilizó al Ejecutivo provincial y a la Suprema Corte bonaerense por lo ocurrido.

La resolución de la Justicia exigía al Ministerio de Seguridad de la Provincia que se desalojen de manera urgente los calabozos y se trasladara a las personas que se encontraban detenidos allí. Incluso el propio Ministerio de Seguridad había dictado en 2012 la resolución 268 que clausuraba esos calabozos. “El 3 de marzo de de este año el juzgado notificó al ministro de Seguridad, al ministro de Justicia, a la Corte Provincial y a la propia Gobernadora la clausura y la orden de no alojar personas en esa dependencia. Ninguno de los funcionarios dio respuestas a la grave situación”, manifestaron desde la CPM.

En un espacio que sólo podía alojar a 10 personas, anoche estaban detenidas 26. La estructura estaba en pésimas condiciones y fue en ese contexto en el que se produjo el incendio.

El mes pasado, la CPM había presentado una denuncia exponiendo específicamente la grave situación de esta comisaría al Comité de Seguimiento Permanente Departamental de Lomas de Zamora.

Sobrepoblación carcelaria

“Esto no se trata ya de un hecho aislado o de un accidente inesperado. Es una masacre de la cual el Estado es su máximo responsable, porque se inscribe en una larga secuencia de políticas que no hacen sino agravarla. Una nueva masacre de personas que aún no habían sido condenadas por la Justicia, ya que se encontraban procesadas”, manifestaron desde la comisión.

Un dato no menor es el incremento del 14% de las personas detenidas en comisarías en la provincia de Buenos Aires durante este último año. Desde diciembre de 2015, el aumento es del 93%. La sobrepoblación actualmente es de un 246%. En espacios para 1.000 se alojan 3.500 personas.

En el informe presentado este año por la comisión, se registraron 252 comisarías inhabilitadas en territorio bonaerense, de las cuales 109 siguen alojando detenidos. Además, durante la gestión del ministro Ritondo en la cartera de Seguridad, ya hubo 56 jóvenes muertos bajo custodia del Estado en las comisarías.

Este año, la Provincia anunció la ampliación de 587 plazas, las cuales sólo cubrirían el 6% de las faltantes, puesto que el propio Ministerio de Justicia sostiene que hay 10.000 personas detenidas por encima del cupo.

Según los registros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el déficit alcanza las 23.000 plazas, y el ritmo de crecimiento del encarcelamiento es mayor a la capacidad para construir nuevos espacios de alojamiento.

En abril, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley para sancionar un nuevo Código Procesal Penal. En éste, la política criminal de encierro desmedido se recrudece, principalmente porque establece la prisión preventiva con carácter obligatorio en diez categorías de delitos.

También impulsa la reforma de la Ley de Ejecución Penal provincial 12.526 para limitar las salidas anticipadas a condenados por un abanico amplio de delitos. “Estas propuestas tienden a reducir las posibilidades de las personas imputadas de estar en libertad durante el proceso penal y a quienes están condenadas, de reintegrarse a la sociedad de manera paulatina”, explicaron desde el CELS.

Y agregaron: “por un lado, el Poder Ejecutivo provincial se declara incompetente para dar respuesta al alojamiento en dependencias policiales. Pero, por otro, impulsa reformas legislativas y medidas de endurecimiento punitivas que tienen consecuencias directas sobre el sistema de encierro penal. En síntesis, no asume su responsabilidad en el marcado crecimiento del número de personas encarceladas y las gravísimas condiciones a las que se encuentran sometidas, sobre todo aquellas que se encuentran en dependencias policiales”.

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