Por Sergio Alvez | Dando cumplimiento a sus anuncios electorales, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, inició a días de comenzar su mandato, una cruzada racista contra los pueblos originarios que habitan el país. La primera acción en este sentido, fue la sanción de la Medida Provisoria (decreto) 870/2019 que establece la transferencia de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), que se encontraba en el seno del Ministerio de Justicia, hacia el Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos. En paralelo, el decreto le resta a la FUNAI sus principales atribuciones, entre ellas la de proceder en los estudios de identificación y delimitación de territorios indígenas.
Esa función, fundamental para la protección de las comunidades indígenas, fue delegada al Ministerio de Agricultura, que actualmente está manejado por representantes de los intereses de grandes terratenientes, sector que justamente es el que mayor interés tiene en despojar de derechos y tierras a los pueblos indígenas en Brasil, para expandir la frontera de los agronegocios.
Aniquilamiento de derechos
“En suma, el gobierno decreta, en su primera acción contra los pueblos originarios, el aniquilamiento de los derechos asegurados en los artículos 231 y 232 de la Constitución Federal, carta magna del país. Bolsonaro ataca derechos fundamentales de los pueblos, y compromete sus perspectivas de futuro”, resumieron desde el Consejo Indigenista Misionario, organización que presta apoyo legal a centenares de comunidades indígenas en Brasil.
Ya el año pasado, a poco de haber resultado electo, Bolsonaro había afirmado que el proceso de demarcación territorial en beneficio de las comunidades indígenas garantizado por la ley, “atenta contra los intereses nacionales”, al tiempo que acusó a los pueblos originarios de “tener ya muchas tierras” y de pretender “armar Estados paralelos dentro del Brasil”. Bolsonaro también llegó a declarar que se aseguraría que los indígenas “no reciban un centímetro más de tierra”.
En Brasil, el proceso normativo para reconocer el derecho de los pueblos indígenas al control absoluto sobre sus territorios ancestrales, tuvo avances importantes en los últimos años pese a la violenta resistencia de terratenientes rurales que cuentan con representación política directa en los escenarios legislativos, los ministerios y ahora, nada menos que en el sillón presidencial.
Desmantelamiento de áreas clave
A través de su cuenta de Twitter, la semana pasada, el presidente brasileño respaldó la Medida Provisoria 870/2019, argumentando que los pueblos originarios descienden de esclavos y que conforman una “mínima parte de la población”, pero que pese a ello “se les dio” el control de áreas que constituyen más del quince por ciento de la superficie del país. “Juntos, vamos a integrar a esos ciudadanos y a cuidar de todos los brasileños”, escribió Bolsonaro.
Además, el gobierno federal ya anunció el inminente desmantelamiento de la sección del Ministerio de Educación de la Nación que promueve los derechos humanos y que expandía el acceso a la educación a los segmentos desfavorecidos de la sociedad, entre ellos los pueblos originarios y los brasileños negros.
La antropóloga Leila Sílvia Burger Sotto-Maior, quien durante años trabajó en la Fundación Nacional del Indio, señaló que el nuevo decreto representa “una clara afrenta a la Constitución”.
“En los últimos ocho años, el gobierno brasileño ha ido despojando de protecciones a las comunidades indígenas mediante el recorte de financiamiento de programas y la priorización de los intereses de las industrias que quieren mayor acceso al Amazonas. Pero la nueva medida de Bolsonaro es un golpe devastador para quienes han pasado sus carreras tratando de cumplir la visión de una Constitución que buscaba reparar el daño causado a los pueblos indígenas tras décadas de maltrato”, comentó la exfuncionaria. “Hay miedo; hay dolor. Esto se siente como una derrota, un fracaso”.
“No aceptaremos la política de integración”
En una carta abierta al presidente Jair Bolsonaro, líderes de los pueblos AruakBaniwa y Apurinã, que habitan en el noroeste amazónico, repudiaron el decreto que delega el manejo de cuestiones vinculadas a las tierras indígenas al Ministerio de Agricultura:
“No estamos en los zoológicos, señor Presidente, estamos en nuestras tierras, nuestras casas, como el señor mismo y como cualquier sociedad humana que están en sus casas, ciudades, barrios. Somos personas, seres humanos, tenemos sangre como tú, nacemos, crecimos, procreamos y después morimos en nuestra tierra sagrada, como cualquier ser humano viviente sobre esta tierra. Nuestras tierras, ya comprobadas técnica y científicamente, son garantías de protección ambiental, siendo preservadas y manejadas por los pueblos indígenas, promoviendo constantes lluvias con las cuales las plantaciones y agronegocios de la región del sur y sureste se benefician y lo sabemos. Nosotros hemos sido diezmados, tutelados y víctimas de la política integracionista de gobiernos y del Estado Nacional Brasileño, por eso, acá estamos para afirmar que no aceptamos más política de integración, política de tutela y no queremos ser diezmados por medio de nuevas acciones de gobierno y del Estado Nacional Brasileño. Este país llamado Brasil nos debe un valor impagable señor presidente, por todo lo que ya se ha hecho en contra y con nuestros pueblos. Las tierras indígenas tienen un papel muy importante para mantener la riqueza de la biodiversidad, purificación del aire, del equilibrio ambiental y de la propia supervivencia de la población brasileña y del mundo”.
Retrocesos
En Brasil existen actualmente 486 territorios indígenas homologados -con el proceso de demarcación concluido totalmente-, y 235 unidades aún por demarcar, de las que 118 están en fase de identificación, 43 ya identificadas y 74 declaradas.
Adriana Ramos, miembro de la ONG indigenista Instituto Socioambiental (IS), expresó que “hubo retrocesos en las primeras decisiones del gobierno, con la mengua del órgano indigenista y separación de sus funciones. También el Ministerio de Salud anunció modificaciones en la política hacia la población indígena, sin presentar propuestas, amenazando empeorar lo que ya es malo”, acotó a IPS desde Brasilia.La tendencia es paralizar el proceso de demarcación de tierras, que ya venía muy lento en los gobiernos anteriores” y lo peor es que las declaraciones contra derechos “operan como gatillo para violaciones que agravan conflictos, generando inseguridad entre los pueblos indígenas”.
Otra ONG, la internacional Survival, emitió un comunicado en el cual señalan que la política de tierras de Bolsonaro equivale «a una declaración de guerra» a los indígenas.
A su vez, Inaye Gomes Lopes, joven profesora indígena que vive en la Aldea ÑanderuMarangatu, en Mato Grosso do Sul, en la frontera con Paraguay, remarcó que “la grave situación se hace peor con el nuevo gobierno. Nos ahorcan al dividir la FUNAI y atribuir la demarcación al Ministerio de Agricultura, dirigido por ruralistas, enemigos número uno de los indígenas. Sólo tenemos ocho tierras demarcadas en nuestro Estado y una de ellas fue anulada en diciembre. Lo que tenemos se debe a la lucha de muchos que murieron, sin que sus asesinos fuesen encarcelados. Por eso ante todo este ataque, buscamos formas de resistir y ‘apoyadores’, incluso internacionales. Estoy preocupada, no duermo de noche”.
Ataque a una comunidad en Porto Alegre
En la madrugada del viernes 11 de enero, un grupo de hombres encapuchados abrió fuego contra integrantes de la Comunidade GuaraniMbya de Ponta do Arado, situada en el barrio Belem, de Porto Alegre. “Aproximadamente a las 3 de la madrugada, arribaron dos hombres armados, encapuchados, y comenzaron a disparar. Afortunadamente no impactaron a nadie en la comunidad. Gritaban que nos vayamos de estas tierras porque sino volverían a matar a todos”, denunció el cacique TimóteoKaraiMirim.
La agresión a esta comunidad, se enmarca dentro de la avanzada ruralista que -ahora con explícito apoyo del gobierno- busca expulsar a comunidades que en los últimos años lograron afirmarse en territorios ancestrales recuperados.