Por Mariano Vázquez (@marianovazkez) | Al interior de Venezuela, la oposición demuestra la misma vergonzante sumisión que los 13 gobiernos derechistas del autodenominado Grupo de Lima (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía), que no reconocen el resultado de los comicios de mayo y el mandato constitucional del presidente Nicolás Maduro. Piden a gritos la intervención extranjera, apoyan la guerra económica y boicotean las sucesivas mesas de diálogo para solucionar la grave crisis que afecta al país.
En un mensaje televisado este martes, Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, dijo: “En nombre del presidente Donald Trump y todo el pueblo estadounidense permítanme expresar el apoyo absoluto de los Estados Unidos mientras ustedes, pueblo de Venezuela, alzan su voz en un llamado a la libertad. Nicolás Maduro es un dictador sin derecho legítimo de poder”.
En tanto que en su cuenta de Twitter, el senador cuba-americano, Marco Rubio, entre citas de la Biblia lanzó una amenaza sin precisar el destinatario: “Estás a punto de cruzar una línea y desencadenar una respuesta que créeme que no estás preparado para enfrentar”.
Maduro obtuvo el 67% de los votos en una elección en la que compitieron tres candidatos de oposición. Sufragó menos del 50 por ciento del padrón electoral. Es cierto. Sin embargo, en Venezuela el voto no es obligatorio y las cifras son similares a las de otros países en los que también es optativo. Esto no la convierte en ilegítima. El voto de los venezolanos tampoco importa para uno de los mayores conspiradores contra la Venezuela Bolivariana: el secretario general de la OEA Luis Almagro, quien no cesa de llamar “dictador” y “usurpador” a Maduro.
Otra arista de la conspiración fue lanzada el 14 de enero por el presidente de Colombia, Iván Duque, que pretende sepultar a la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) para reemplazarla por un nuevo bloque de carácter derechista que se llamaría Prosur. Por eso, la caída de la Venezuela Bolivariana sería funcional a la destrucción de todos los mecanismos de integración latinoamericano-caribeña.
Agresión internacional, el deber de las izquierdas
¿Desde qué foco se analiza a Venezuela desde el triunfo de Hugo Chávez en 1998? ¿Por qué el país históricamente excluyente de la dictadura de Marco Pérez Jiménez y de los partidos tradicionales (AD y Copei) que se prestaron el poder para conservar privilegios no fue cuestionado internacionalmente? ¿Por qué callaron ante la revuelta popular de 1989, el Caracazo, que estremeció al sistema corrupto?
Chávez cambió la matriz de Venezuela: integración latinoamericana, redistribución de la riqueza y empoderamiento del pueblo. El golpe de 2002 contra su gobierno es la demostración de ese odio de clase sin pausa. Ni la derecha venezolana ni sus franquicias multinacionales ni los Estados Unidos dejaron de conspirar tras esa intentona fallida de abril de hace ya 17 años.
Los intentos para derrocar a la revolución bolivariana no ahorraron ni recursos ni inventivas: desde tradicionales golpes militares pasando por bloqueos económicos y revueltas callejeras violentas, hasta acciones diplomáticas y confabulaciones mediáticas.
“Quien quiera analizar la situación en Venezuela sobre la óptica de la formalidad democrática no está entendiendo lo que está en disputa en este país y en el mundo. El proyecto de control sobre la región precisa acabar, destruir, extinguir el ejemplo de la Venezuela Bolivariana. Desconoce que el mismo gobierno de Nicolás Maduro intentó negociar condiciones para una disputa democrática con la derecha, ella no aceptó por órdenes de Washington”, escribió el historiador venezolano Iván González en el portal brasileño Diálogos do Sul.
Afirma que en “este momento histórico esa derecha en la región y en el mundo es esencialmente fascista, racista, supremacista y anti latinoamericana. Es la misma derecha que falsificó los argumentos para la invasión de Irak, la ocupación de Libia, la guerra de destrucción de Siria y que día a día produce acciones para atacar a Venezuela”.
Para González, “Maduro y el pueblo de Venezuela no tienen otra alternativa que defender el proyecto político existente en la Constitución de 1999, que dice que Venezuela es una república independiente, soberana, antiimperialista y bolivariana. Nadie tiene que defender a Maduro y su gobierno, eso es asunto que corresponde al pueblo que lo votó, que sufre las consecuencias de los problemas del burocratismo, la corrupción y la falta de respuesta de la gestión pública”.
El historiador, además, lanza una advertencia al progresismo: “Las izquierdas de todos los tonos y países tienen el derecho de criticar y no concordar con Maduro y su gobierno. Cuestionar los errores y ofrecer posibles alternativas a los problemas, mas no pueden pretender ser ellas quienes decidan los rumbos del proceso de Venezuela. Peor aún, justificar la agresión internacional de los enemigos históricos de nuestros pueblos latinoamericanos”.
¿Democracia? No, petróleo
Ni la paz ni la democracia les interesa a los que atacan por la espalda a Venezuela. Esas miradas cándidas que deciden ignorar que este país detenta las mayores reservas de petróleo del planeta y que por ello es atacada y no por la calidad de sus instituciones. Estados Unidos quieren apropiarse de esa riqueza estratégica. Simple.
Los temerarios movimientos de Trump, secundados por gobiernos rastreros como los de Mauricio Macri (Argentina), Jair Bolsonaro (Brasil), Sebastián Piñera (Chile), Mario Abdo Benítez (Paraguay), Iván Duque (Colombia), Lenin Moreno (Ecuador), entre otros, ponen en serio peligro la paz en la región.
¿Piensan acaso que una intervención militar en Venezuela le será indiferente a los países del ALBA, como Cuba, Nicaragua, El Salvador o Bolivia? ¿Qué el México de Andrés Manuel López Obrador se callará? ¿Qué potencias aliadas como Rusia, China o Irán se quedarán de brazos cruzados? ¿Qué el propio pueblo chavista no se rebelará?
La continuidad del asedio a Venezuela agravará no solamente la situación de Maduro, sino la del pueblo. La salida es política. No es mediante una intervención ni un bloqueo ni el asedio constante, la solución es el diálogo. Un acto de agresión traerá daños duraderos a toda la región.
#23Ene
El 23 de enero hubo un pulso callejero y en las redes sociales entre sectores chavistas y opositores. Ambas marchas multitudinarias muestran un empate catastrófico entre dos visiones antagónicas.
En la noche previa, en actos vandálicos y saqueos, murieron cuatro personas.
Sectores opositores prendieron fuego al centro cultural Robert Serra, dirigente del Partidos Socialista Unido de Venezuela (PSUV), asesinado en 2014.
En Caracas, incendiaron una estatua de Chávez.
Mientras tanto, en la concentración opositora, en un acto de demagogia que solo puede agregar más tensión, el Jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, se autoproclamó como “presidente encargado del país”. El reconocimiento de Donald Trump, la OEA y otros gobiernos de la región son parte de la nueva Doctrina Monroe que se aplica a discreción sobre la Venezuela Bolivariana.
Como lo hizo Hugo Chávez en 2006, Nicolás Maduro acaba de anunciar la ruptura de relaciones diplomáticas con Estados Unidos y le da 72 horas al personal diplomático para que abandone el país.
Esta historia, continuará…