Por Sergio Alvez | A lo largo de 6038 hectáreas, el Valle del Cuña Pirú despliega su hechizo de cerros y arroyos cubiertos por el verdor profundo de la selva ancestral. Es un lugar lleno de alquimias naturales, ubicado en la zona centro de Misiones, dentro del municipio de Aristóbulo del Valle, uno de los puntos de la provincia con mayor presencia de comunidades Mbya Guaraní.

Aquí, un grupo de cinco comunidades lleva 18 años de lucha para poder recuperar los títulos de propiedad de ese territorio que habitan. La posesión jurídica de esas tierras, incluyendo una reserva natural, están en manos de la Universidad Nacional de La Plata.

Este territorio fue donado –hace 25 años– a la Universidad Nacional de La Plata por parte de la empresa Celulosa Argentina, con comunidades Indígenas que viven en él desde hace más de cien años. Durante este tiempo, estas han realizado acampes frente a la casa de estudios y reclamos de todo tipo, teniendo que llegar, en 2009, a la instancia judicial. Es así que en marzo de 2009 y en el Juzgado Federal de Posadas tuvo lugar la primera audiencia por la demanda de las comunidades contra la Universidad Nacional de La Plata.

“Celulosa Argentina regaló a la Universidad de La Plata nuestras tierras con tres comunidades viviendo adentro desde hace 150 años. Este gesto, que recuerda a los antiguos emperadores, fue aceptado alegremente por la UNLP. Nunca se consultó a las comunidades, como tampoco lo hizo la Provincia cuando decidió transformar ese territorio en una reserva privada. Desde 2001, las comunidades reclamamos la entrega de los títulos, pero la universidad intenta engañarnos con falsas promesas”, denunciaban entonces los referentes comunales.

La etapa de conciliación en el Juzgado de Posadas viene siendo sumamente lenta. En 2014, irrumpe en el escenario el gobierno nacional, solicitando a la UNLP que proceda a activar mecanismo de devolución de las tierras del Alto Valle de Cuña Pirú. Sin embargo este proceso se vio empantanado por el gobierno provincial de Misiones.

“Nuestros ancestros vivieron allí pero nunca tuvimos los papeles. Dicen que los blancos son los dueños de las tierras, porque tienen los papeles. Los guaraníes no tenemos papeles, pero estamos desde siempre ahí”, resume el cacique Lidio Giménez.

Tras la intervención de Nación en el conflicto, 22 de abril se reunieron en Posadas representantes de gobierno provincial, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), directivos de la Universidad de La Plata, y abogados del Equipo Misionero de Pastoral Aborigen (EMIPA) en representación de los pobladores originarios.

De dicha reunión se desprendió el testimonio del presidente del INAI, Daniel Fernandez, quien anticipó: “se firmará un acuerdo marco entre el gobierno nacional y la UNLP, donde la universidad le otorgará el título de propiedad al INAI y éste procederá a transformar el espacio en propiedad comunitaria”.

Dos días después, el 24 de abril, las Comunidades del Valle de Kuña Piru elaboraron un documento dirigido al titular del INAI en el cual expresaban la necesidad de “ser parte del Convenio Marco que se firme entre el Estado Nacional, la Provincia y la Universidad de la Plata”.

Asimismo, solicitaban que se corrigiera en el proyecto de convenio la cantidad de hectáreas que debían figurar, ya que entre las que estaban y las que debían estar “hay una diferencia de 50 hectáreas aproximadamente”.

En otro punto, las comunidades sostenían: “estamos a favor de que el título de propiedad salga a nombre de todas las Comunidades que habitamos este territorio, no sólo de las que iniciamos el juicio, porque somos todos un solo pueblo indígena, los Mbya Guaraní”.

También dejaban en claro: “con respecto a la Declaración de Reserva Natural y Cultural, nosotros nunca hemos sido intrusos, éste es nuestro territorio, nosotros no somos depredadores de la naturaleza, como sí lo han sido empresas que han contado con todo el aval para hacerlo”.

Finalmente, en la carta dirigida al presidente de INAI se manifestaba: “Sabiendo que estamos muy cerca de un acuerdo que ponga fin a este conflicto, sabiendo que nada ni nadie puede obstaculizar concretar este gran logro para nosotros y también para el pueblo argentino poniendo en hechos concretos la letra de nuestras leyes, apoyamos todas las acciones hacia el reconocimiento íntegro y sin condicionamientos ni retaceos de nuestro territorio”.

Por su parte, el abogado del EMIPA, Julio García, advirtió por entonces: “existen restricciones al dominio que vienen de la Provincia y creo que es por prejuicio y desconocimiento de las leyes vigentes. Creo que tienen que ver con un prejuicio que solicita que (el territorio) se incorpore a una reserva natural. Por un lado, las comunidades no aceptan este condicionamiento porque durante años estuvieron esperando el reconocimiento de sus derechos y, por otro lado, es inconstitucional porque los derechos no están sometidos a condicionamientos y esos condicionamientos son inaplicables”.

Consultada por Canal Abierto, la actual coordinadora nacional del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, cuya sede está justamente en Artistóbulo del Valle, María Josefa “Kiki” Ramírez, recordó que “la demanda para que la universidad devuelva la posesión jurídica de la tierra la iniciaron tres comunidades, luego se sumaron dos más”.

“En un momento dado, la universidad se abrió a la posibilidad de generar un convenio para facilitar la devolución, pero con una serie de condicionamientos -sostiene-. Ahora quien debe cumplir su tarea es el INAI, ya que debe garantizar la articulación entre los actores, porque además están la Municipalidad de Aristóbulo del Valle y el Estado provincial. En los últimos años han ingresado muchas familias a vivir al Valle y también avanzó la deforestación. Pese a todas estas dificultades, confiamos en que no estamos lejos de que las comunidades puedan acceder a los títulos que les corresponden”.

 

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