Convencida de que la disposición era clara y el trámite sería simple, Alicia se acercó al mostrador de la Agencia 6 del PAMI, en el barrio porteño de Flores, para renovar la cobertura del 100% de su medicación crónica. Explicó que desde la reparación histórica que le dio un aumento de 500 pesos en noviembre, ella gana 8.853,57 pesos por mes. También dijo que fue diagnosticada por los psiquiatras hace unos años con trastorno de personalidad severo y que su tratamiento incluye un antisicótico, quetiapina de 100 miligramos. Que la droga, en su versión comercial más famosa, le cuesta alrededor de 1.100 pesos por caja, que ella toma dos cajas por mes que exceden en mucho el 5% de sus haberes, y que ese era solo uno de los cinco remedios crónicos que toma. Mostró los comprobantes de todo. Como respuesta, solo obtuvo la apertura de un expediente y el consejo de que volviese a llamar en una semana.
Desde la disposición 0005-17 del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, a cargo de Carlos Regazzoni, que modificó de prepo la cobertura en medicamentos que la obra social le da a sus afiliados, para acceder al beneficio no basta con jubilarse. Si bien trascendió que los que ya no obtendrían remedios gratuitos serían los jubilados propietarios de bienes de lujo como aeronaves o embarcaciones, el grueso de los que se quedaron afuera son aquellos que ganan más de un haber previsional mínimo y medio: 8.500 pesos.
Pero la disposición agrega una salvedad. “Siendo el costo en bolsillo de los medicamentos indicados para su tratamiento igual o mayor al 5% de sus ingresos podrá solicitar la cobertura al 100% en medicamentos por razones sociales a través de un mecanismo de vía de excepción en el que se requerirá y evaluará: informe social y la escala de vulnerabilidad socio-sanitaria, revalidación médica”, reza el documento. Mientras el expediente se resuelve, el informe social llega y la vulnerabilidad es demostrada, el jubilado o pensionado sólo recibirá una bonificación de la mitad del precio de su medicación.
Según los últimos datos de la Junta Interna de ATE INDEC, la canasta básica para no ser pobre es de $21.208. Un jubilado que gana 8.500 está muy por debajo de eso. Si, además, con ese ingreso debe pagar su medicación, la situación se vuelve dramática.
“El artículo 14 bis de la Constitución Nacional habla de las garantías para una vida digna, entre ellas la salud en todas las etapas de su vida, hasta tener un entierro en un lugar digno de acuerdo a la cultura. Dejar a alguien sin posibilidades de pagar por su medicación es un abandono virtual de persona, y es por lo tanto, inconstitucional”, sostiene Olivia Ruiz, secretaria de Previsión de la CTA bonaerense.
La acumulación de expedientes con reclamos en sedes de PAMI crece desde el 1 de febrero, fecha en que entró en vigencia la resolución. Eugenio Semino, ombudsman de la Tercera Edad, explicó a Canal Abierto que desde que se eliminó la necesidad del informe socioeconómico para acceder a los medicamentos, en 2012, “PAMI disminuyó su planta de trabajadores sociales”. En estas condiciones, volver a exigir a ese requisito sin personal retrasa un informe que es exigido como indispensable para restituir el beneficio. Además, a poco de conocerse la resolución, Semino había calificado como “poco serias” algunas de las nuevas pautas para decidir si alguien debía o no recibir la medicación gratuita.
Todo esto se da en el marco de la denuncia de faltantes en remedios oncológicos, de reiteradas amenazas de las farmacias en dejar de proveer a los afiliados a PAMI por falta de pago, y de una discusión abierta que apenas tira de la punta del anudado ovillo de la obra social más grande de Latinoamérica.