Redacción Canal Abierto | El vicepresidente de la cooperativa BAUEN, Federico Tonarelli, confirmó a Canal Abierto la orden de desalojo dictada por la Justicia, prevista para el 14 de abril.
La decisión de Paula Hualde, a cargo del Juzgado Nacional Comercial Nº 9 Secretaría 18, fue adoptada ayer tras el veto que el presidente Mauricio Macri hiciera sobre la ley de expropiación aprobada por el Congreso a fin de año pasado.
“Ayer, con la presencia de nuestros abogados, corroboramos el estado del expediente por Internet como hacemos cada dos o tres días, y nos enteramos de esta resolución dictada horas antes”, explicó Tonarelli.
A diferencia de los pedidos de desalojo resueltos por la Justicia desde 2007, no existe en este caso instancia judicial superior a la que apelar. La sentencia está firme, luego de que la Corte Suprema devolviera el caso en 2011 al juzgado en primera instancia.
“Esperábamos el inicio de las sesiones ordinarias para recomenzar el tratamiento del proyecto de ley en el Congreso. Ahora nos apura la fecha dispuesta por la jueza, pero vamos a ponernos a trabajar”, anticipó Tonarelli.
El proyecto de utilidad pública y sujeta a expropiación de las instalaciones del BAUEN mantiene aún estado parlamentario. Si hubiera dictamen en comisiones, los trabajadores necesitarían los 2/3 de ambas cámaras para convertirlo en ley y el presidente no podría vetarla.
Según Tonarelli, los cooperativistas tienen el respaldo político para que esto suceda. En noviembre del año pasado, Senadores votó la expropiación con 39 votos a favor y 17 en contra, mayormente del oficialismo. La duda recae sobre cómo votarían los diputados, ya que su actual composición es distinta a la que aprobó la media sanción en noviembre de 2016.
Tonarelli, «Hay que conjuntar los votos»
http://canalabierto.com.ar/2017/03/02/hotel-bauen-la-s…cion-es-politica/
La cooperativa informará los pasos a seguir durante las próximas horas, luego de la asamblea que hoy a la mañana debatió el tema.
Alrededor de 130 puestos de trabajo penden del juego de ajedrez que busca jaquear definitivamente al capital y la representación política que, desde 2003, impide la autogestión de los trabajadores sobre una empresa vaciada.
