Por Marina Caivano | A semanas de que el femicidio de Micaela García estremeciera a la sociedad argentina, ayer se votaron proyectos legislativos orientados a sancionar la violencia contra las mujeres. Sin embargo, persiste una mirada reduccionista que ofrece el punitivismo como la única solución a una problemática compleja. Se continúa considerando los casos como aislados y sin percibir la profunda estructura de desigualdad que los origina.
Uno de los proyectos aprobado con media sanción en la Cámara de Diputados es casi una “deuda” del sistema constitucional. Se trata de la Reforma del Código Civil y Comercial que establece la privación de la responsabilidad parental a los femicidas. Con el nuevo marco legal, alcanzará con una sentencia o procesamiento judicial al autor de femicidio u otros delitos aberrantes, para que automáticamente quede privado de la patria potestad sobre sus hijos. El proyecto, ahora, deberá ser tratado en Senadores.
El otro, que había sido aprobado en Diputados en noviembre del año pasado impulsado por el titular de la Comisión de Seguridad Interior Luis Petri, y con un fuerte respaldo de la ministra Patricia Bullrich, fue reflotado ahora. Se trata de la Reforma a la Ley de Ejecución Privativa de la libertad N° 24.660. Esta iniciativa que se aprobó ayer en el Senado con modificaciones -por lo que deberá volver a ser tratado en Diputados-, consiste principalmente en restringir el acceso a institutos jurídicos como son las salidas transitorias y la libertad condicional, a los condenados por delitos graves como homicidios simples y agravados, violaciones, secuestros y trata de personas.
Esta segunda Reforma ha desencadenado diversas resistencias que se han expresado en motines en varias cárceles bajo el lema «No todos los presos somos femicidas», y protestas por parte de familiares de detenidos y personas comprometidas con la problemática. La principal objeción de la “solución carcelaria”, es que no garantiza en absoluto que el cumplimiento efectivo de la totalidad de la pena privativa de libertad genere sujetos “aptos para la vida en sociedad”.
La violencia machista como problema de la sociedad
El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) puso en duda la efectividad de iniciativas centradas en el castigo:
“Si bien el Derecho Penal es una herramienta que debe utilizarse para sancionar la violencia contra las mujeres, colocar la expectativa para la erradicación de la violencia exclusivamente en esa instancia sólo nos llevará a decepciones”, afirman.
Y es que cuando suceden femicidios como el de Micaela, que responden al estereotipo generalizado de un agresor reincidente que ataca a sus víctimas de noche, resurgen con fuerza las voces que piden por endurecimiento de las penas, pero cuando los ataques sexuales se producen entre personas conocidas, en lo que se considera “la esfera privada” de las parejas, en citas y fiestas entre jóvenes universitarios, no se escuchan las mismas voces con los mismos reclamos punitivos.
“Un sistema de justicia que piensa que la cárcel es la solución del problema de la violencia, es absurdo, porque jamás se comprobó que fuera así, y no es así”, explicó al periodista Reynaldo Sietecase la investigadora Rita Segato, quien se especializó en el estudio de violadores en cárceles de Brasilia.
La antropóloga argentina expresa de manera muy didáctica la necesidad de formación con perspectiva de género en el Poder Judicial, cuando dice:
“El crimen sexual no es del mismo tipo que los otros crímenes. Es un crimen de poder. Y eso en la cabeza de una persona formateada por el derecho no entra. Una mujer no es un ciudadano igual que el hombre. Tiene que haber una adaptación de la ley a un campo que es el campo del poder”.
El abordaje de la violencia de géneros debería partir de la comprensión de que vivimos en una sociedad enmarcada en relaciones desiguales de poder, por lo que una genuina voluntad de transformación implica un plan coordinado de construcción de relaciones de género equitativas y justas. Dicho plan debería llevarse a cabo inmediatamente pero en forma integral y coordinando con los distintos poderes estatales, actores de la sociedad, y entre las políticas públicas que se implementen.