Por Carlos Saglul | Donde los mezquinos subsidios no llegan, la pobreza se arregla a tiros o metiéndola tras las rejas de las nuevas cárceles cuya construcción se anunció en estos días. Ismael Jalil, abogado de derechos humanos y referente de la Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial), lo sintetiza recordando que “la Justicia es una serpiente, que sólo persigue a los que andan descalzos».
-Gobierno a gobierno la policía es siempre la misma, pero en el último tiempo la represión parece desbocada en algunas zonas. ¿A qué lo atribuyen?
-Hay una evidente intensificación de la respuesta represiva del Estado, fundada sin lugar en las políticas de ajuste que están llevando a cabo. Pero la cuestión es también estructural, en cuanto refiere a la progresividad de esa avanzada que tiene ya varios años. Atrás quedaron los tiempos en que desde Correpi marcábamos que en manos del Estado se contabilizaba un muerto cada 30 horas. O más. Y el promedio posterior, de un muerto cada 28 horas, que desplegó el anterior gobierno en toda su gestión. Hoy se verifica un muerto cada 25 horas, según demostramos con la última actualización del archivo de casos y de víctimas del Estado que, presentamos en diciembre último.
El pueblo argentino es conflictivo, porque somos -entre otras cosas- un pueblo resistente. No es fácil descargar esta gigantesca transferencia de recursos, que va de los más sectores más pobres a los más ricos, sin costo político. Organizados o no, con mayor o menor grado de conciencia, la respuesta popular no demora en llegar. Es emblemático el contundente paro con movilización del 6 de abril. Cualquier camino represivo le es útil al gobierno de los ricos, por eso profundizó el despliegue de sus fuerzas de “seguridad” frente a los reclamos de sectores organizados. Ha incrementado la militarización del paisaje urbano y la creciente policialización de la cotidianeidad. No existe ninguna posibilidad de concebir la gestión de Macri sin ese despliegue
-La policía entra en las escuelas. También en universidades…
-En ese contexto, no sólo las escuelas y hasta las universidades empiezan a «familiarizarse» con la presencia más que intimidatoria y amenazante de los uniformados. Lo ocurrido en Banfield , como pocos días atrás sucedió en Lanús, en el comedor Los Cartoneritos; seguido por lo que pasó en el Mariano Acosta y la Universidad de Jujuy, muestran cuál es el ADN de la gestión Cambiemos. Diferentes situaciones, diferentes administraciones, diferentes estructuras, pero similares respuestas: la creciente militarización del paisaje urbano alcanza a lugares que no se tocaban desde la dictadura.
Y esto tiene una fuerte connotación e impacto en la subjetividad de las comunidades sometidas a estos procedimientos. En esa línea de intensificación represiva lo que hay es un sin límite que incluso va más allá de la mera cuestión autoritaria con el que algunos discursos progresistas encaran la cuestión. Lo totalitario, lo autoritario, implicó siempre un límite, sea territorial o normativo.
Violar la escuela, el ámbito universitario y hasta los comedores, tiene un doble carácter simbólico: por un lado está dirigido a los más jóvenes, inclusive niños que en su gran mayoría son de las barriadas populares y en el mismo sentido opera la represión de control social cuyo emblema principal es el gatillo fácil. Por otro lado, avasalla el lugar en dónde los docentes asumen una combatividad que además de justa y necesaria, pone en evidencia la intención aviesa de los gobiernos de diferir sus reclamos y debilitar la lucha.
Amenazan a maestros, les pegan, les piden listas de huelguistas, les detienen a sus alumnos en sus narices. Esto es mucho más grave. Es un claro mensaje que muestra las verdaderas intenciones: el sin límites es hacer cualquier cosa en cualquier parte y de cualquier modo
-¿Son efectivos los cambios en la dirección de la policía que se llevan adelante?
-No veo cambios. Es siempre más de lo mismo. Designan en la Policía de la Ciudad a un comisario de la Federal que ahora, a poco de haber asumido, está preso, imputado de participar del entramado corrupto, coimero y extorsivo que históricamente sostuvo a la institución, como Pedro Potocar. Antes el propio Macri había designado al Fino Palacios que transita los mismos pasillos. En la Provincia de Buenos Aires, con una historia similar, se corrió a Pablo Bresci, como en su momento pasó con otros jefes, y por las mismas sospechas de corrupción y delincuencia uniformada.
En todos, absolutamente en todos los casos, las fuerzas y los tiempos, se diseñaron respuestas tendientes a «cambiar» a las policías, y el resultado es el mismo. Ni la enseñanza de derechos humanos, ni las purgas, ni la democratización de la fuerza, ni los cambios estructurales, han servido.
La policía es una institución que depende del manejo funcional y político de los gobiernos de turno. No es verdad que haya incapacidad o impotencia para resolver los problemas que apareja su funcionamiento.
Para cumplir el rol que tienen asignado se necesitan, permiten y hasta legitiman estas conductas corruptas que no son individuales sino sistemáticas. Desde la recaudación ilegal que nunca se agota en el comisario, y suele muchas veces formar parte de cajas «misteriosas» para campañas electorales, hasta la impunidad que brindan a los autores del gatillo fácil. Lo que hay no es ni autonomía, ni manzana podrida, ni loco suelto. Lo que hay es un modo de cumplir el rol inherente al sistema en el que vivimos.
Para que unos pocos tengan tanto se impone que los muchos no tengan nada. En esa lógica el conflicto está latente, y su control requiere de una mano uniformada a la que todo le está permitido mientras aquella lógica no se desmadre
-¿Qué pueden hacer los sectores más afectados por la represión a manera de autodefensa?
-Hay mucho por hacer cuando se trata de transformar la realidad. Es indispensable desde todo punto de vista: organizarse, pero juntos y de a muchos. Toda respuesta que se dé en soledad está destinada al fracaso.
Lo colectivo es esencial. Es un modo de comprender cuál es la razón de lo que nos pasa.
Cuando nos matan un pibe viene la desazón, la bronca, la indignación, la tristeza. Todo eso es legítimo y necesario. Pero si nos quedamos en el dolor no avanzamos. Y avanzar es desnaturalizar esas muertes, es hacerlas visibles, es despertar y multiplicar esas sensaciones para después convertirlas en conciencia.
Se necesita cambiar esa bronca por conciencia, saber no sólo cómo y quién lo mató, sino entender por qué lo hizo. Y eso es un proceso que se hace entre varios, en el codo a codo, en el día a día.
Lo vemos en Correpi: nosotros no queremos quedarnos en el concepto desmovilizador y resignado de la simple «víctima». Nosotros necesitamos a los y las que luchan; a los y las que se paran de manos, porque cuando les matan al pibe no acepten la «pérdida». No se perdieron los pibes, se los robaron. Y se los robaron a toda la clase trabajadora, que es desde dónde en su gran mayoría provenían.
En Correpi sostenemos una consigna que a esta altura es una declaración de principios: contra la represión, organización y lucha.
El intercambio entre los compañeros y compañeras familiares, la producción de actividades en las barriadas populares, las charlas en escuelas y centros culturales, las discusiones formativas e informativas, la elaboración y discusión de materiales; el papel protagónico en las marchas por violaciones a los derechos humanos de ayer y de hoy, la participación e impulso de las causas y los juicios; la interpelación continua a los responsables políticos de los crímenes, la movilización y la presencia activa en las calles, entre otras, son las maneras de enfrentar la represión.
La desnaturalización y la visibilización de estos casos en sí mismo es un avance importante. En lo que respecta a la actitud, si se quiere preventiva, frente a la actuación policial, nosotros editamos el Manual del Pequeño Detenido, que contiene recomendaciones prácticas, así como instrucciones para actuar ante cualquier hecho de estas características. Recomiendo su consulta en www.correpi.org
-El sistema controla la creciente pobreza a través de la denominada ayuda social y el sistema penal. El gobierno bonaerense se apresta a construir nuevas cárceles. ¿Este dique puede agrietarse?
-Creo que la ayuda social en sí misma no representa una fase del control social, sino una respuesta de emergencia para contener, antes que para disciplinar. Su degeneración en clientelismo es su costado más delicado. Y en eso entran los macristas, como antes los autodenominados progresistas.
No tengo dudas en cambio sobre la función disciplinadora del sistema penal. Su selectividad en cuanto a la criminalización de la pobreza y de la protesta es un sello de marca general. De los casi 80 mil presos que hay en las 250 cárceles del país, la mayoría están detenidos por delitos contra la propiedad. Los intentos por bajar la imputabilidad de los menores como las reformas introducidas a la ley de ejecución penal completan la orientación represora de la administración Macri. Son reveladoras de las mentiras que han naturalizado: la aparente igualdad ante la ley es la principal
-¿Es factible la igualdad ante la ley cuando existen desigualdades históricas en la realidad? ¿Quién determina lo que es delito en una sociedad dividida en clases? Un contrabandista puede aspirar a presidente, es una línea histórica que nos sigue desde la colonia, pero eso sí, “la inseguridad” es un pibe en actitud sospechosa…
-La otra mentira histórica es que el encierro en cárceles sirve para resocializar y reinsertar: la reforma que inspiró al diputado Luis Petri, mendocino, radical de Cambiemos es demostrativa que lo que se persigue es el castigo dentro del castigo: dejar sin efecto los derechos de los detenidos, anulando la progresividad de la ejecución de la pena. La quita de libertad transitoria, asistida o condicional que se propone es demostrativo de que lo que importa es la sanción; la resocialización es un valor agregado pero de ninguna manera un fin.
Antes que cárceles deberían construirse viviendas, escuelas, hospitales, pero eso no es prioritario para el gobierno. Ayudado por los medios hegemónicos en la necesaria construcción de consenso, dan respuestas punitivas cada vez más duras, potenciando aún más el nivel de agresión social que proponen.
Están gobernando con el Código penal en la mano, y eso es todo un símbolo.
-¿Hay un mapa sobre las regiones más afectadas?
-En Correpi año tras año evaluamos lo represivo colectando y desagregando los hechos represivos, y sobremanera los muertos por gatillo fácil o tortura seguida de muerte en lugares de detención.
De esta forma es más fácil comprender por qué decimos que se trata de una política de Estado: provincias de diferentes signos políticos ostentan los ya más de 5000 casos desde que iniciamos el recuento allá en los albores del menemismo.
La provincia de Santa Fe tiene los mayores valores en proporción a la cantidad de habitantes, Mendoza es tercera en el orden nacional. La provincia de Buenos Aires, por una razón de concentración poblacional, es la que más casos contabiliza.
La situación más crítica se da en el conurbano bonaerense con dos expresiones muy significativas y emblemáticas. Una es la zona sur, otrora industrial, fabril y con un grado de ocupación calificada. Otra, el oeste con el partido de Moreno que ha recibido gran parte del proceso de migración interna en línea con el abrumador crecimiento de la desocupación y la instalación de barriadas muy golpeadas por la ausencia de Estado en materia de servicios esenciales y, al mismo tiempo, por la desmesurada presencia de estado uniformado, armado y entrenado para matar a los pobres
-¿Vos crees que en la Argentina el delito está estatizado? ¿Cómo se conecta el tema del delito y la corrupción con el poder político y judicial?
-En una sociedad dividida en clases, y la Argentina vaya si lo es, el Estado suele administrar los intereses de las clases dominantes. La premisa entonces es que la clase que ocupa los resortes del poder se termina juzgando a sí misma y por eso casi siempre resulta absuelta.
La otra gran mentira institucional es la que sostiene lo de la presunta división de poderes. No tengo dudas sobre la correspondencia que existe entre los delitos del poder y la impunidad. Normalmente se evita hablar de los principales responsables, un manto de conveniente impunidad los cubre. Hablo de los empresarios a gran escala que hoy tienen a muchos de sus ceos en el poder.
La lógica empresarial se impuso junto a la disputa entre ceos de empresas altamente vinculadas a negociados espéreos. Juan José Aranguren de la Shell contrata a su empresa y, en perjuicio de nuestro pueblo, desde el propio ministerio Energía. Marcos Peña, un familiar directo del dueño de La Anónima, firma responsable de la fijación de precios inflacionarios, es el jefe de gabinete del gobierno que multiplicó la inflación. Un procesado por el manejo fraudulento de los fondos nacionales y facilitador de la crisis del 2001, como Federico Sturzeneguer, es el presidente del Banco Central, hoy con un cuasi superávit que se mide en falta de recursos para cuestiones elementales de subsistencia de los más pobres. El propio presidente de la Nación intentó quebrar los intereses del país concediendo una bochornosa quita a la deuda de una de las empresas de su padre. Cito sólo algunos ejemplos que van de la mano con los cometidos por la administración anterior y que muestran el actual estado de cosas: una conjunción de intereses privados detentando la administración del estado para realizar negocios en los que siempre el que pierde es el mismo, el pueblo. El lavado de activos, el narco, la trata, el tráfico de armas, son todos negocios sucios de la burguesía, la clase dominante, hoy inmejorablemente representada por Cambiemos.
Y aquí aparece la ficción mayor: la presunta neutralidad e imparcialidad de la Justicia. Sólo alguien muy ingenuo o malintencionado puede creerse eso.
La corrupción no es una excepción sino una condición del capital: la acumulación, la concentración de riqueza sólo es posible mediante estos mecanismos dolosos, frente a los cuales la justica se excusa porque «es una serpiente, que sólo persigue a los que andan descalzos».