Redacción Canal Abierto | El ministro de Finanzas Luis Caputo anunció en Twitter que colocará en los mercados internacionales un bono a 100 años de plazo, sin precisar el monto y la tasa de interés.
El posteo fue acompañado por la foto del funcionario y sus colaboradores, el secretario de Finanzas, Santiago Bausili, el jefe de Gabinete Pablo Quirno y el subsecretario de Finanzas, Patricio Merlani.
Según trascendió, el interés será del 8.25% anual y los encargados de colocar el título diseñado por Caputo son los bancos extranjeros Citigroup y HSBC como líderes de la operación, y Santander y Nomura como co-colocadores. Se trata del bono más largo de la historia de la Argentina.
El investigador de la deuda externa Alejandro Olmos Gaona, explicó a Canal Abierto que se trata de un acuerdo desfavorable para Argentina: “La tasa es disparatada, es imposible que un país normal coloque a esa tasa de interés a 100 años, es hipotecar a varias generaciones, y por otro lado, ¿cuál es la necesidad actual de colocar esa deuda?, simplemente la necesidad de continuar con la fuga de capitales y con el pago de gasto corriente a través de la deuda”.
Además, el reconocido historiador criticó el rumbo desarrollado por el equipo de Mauricio Macri desde su llegada a la Casa Rosada: “No hay una política económica sustentable, pero sí una de endeudamiento exponencial y por supuesto este endeudamiento tiene consecuencias que históricamente ya conocemos, sabemos lo que ha sido la crisis de 2001”.
Existen antecedentes recientes de países que han tomado compromisos a largo plazo pero con tasas significativamente más bajas que las que implicaría la decisión de Caputo para la Argentina. México e Irlanda ya lanzaron bonos a 100 años con tasas de 5,25% y 2,35% anual, respectivamente. Medidas similares tomaron o se están analizando en España, Bélgica, Estados Unidos y Canadá. Entre las empresas, el bono a 100 años más reciente es el que colocó en 2015 la brasileña Petrobras que obtuvo 2.500 millones de dólares a una tasa del 8,45%.
Olmos resalta la diferencia en esos ejemplos con el interés que afrontará Argentina en este caso:
“La Argentina coloca a 8,25% cuando hay otros países como Bolivia y Uruguay que colocan a menos de la mitad, y por otro lado, más allá de que la deuda ha sido autorizada en la Ley de Presupuesto, que habilita una emisión de deuda pública de 96 mil millones de dólares, una cosa es autorizar la emisión y otra son las condiciones de la emisión. El Congreso no ha autorizado esas condiciones. Además habría que ver cuáles van a ser las clausulas que pondrán en los anexos, que seguramente incluirán someterse a los tribunales de Londres y Nueva York, y renunciar a la inmunidad soberana”.
Por la mañana, los ministros Caputo (ex gerente de Deutsche Bank y JP Morgan) y su par de Hacienda, Nicolás Dujovne, realizaron una conferencia telefónica con inversores internacionales para terminar de «vender» el bono. Al mediodía ya se habían colocado 9000 millones de dólares. Los funcionarios negocian con los ejecutivos de las filiales de Nueva York de las entidades involucradas.
Olmos Gaona insiste en que nuestro país no está capacitado para afrontar intereses de esa dimensión y cuestiona que
“la Argentina esté pagando lo que está pagando en este momento en concepto de intereses de la deuda y lo que va a tener que pagar sin capacidad de hacerlo, porque Argentina en este momento no tiene capacidad de repago de la deuda, ni de la deuda que heredó del kirchnerismo ni de la que en este momento ha contraído. Tengamos en cuenta que Cristina dejo una deuda pública de 240 mil millones y de acuerdo a la última información del 31 de diciembre brindada por el ministerio, la deuda creció a 288 mil millones, así que según números oficiales el gobierno actual ha emitido en un año y 5 meses 96 mil millones de dólares de deuda, y ha pagado deuda por 70 mil, o sea que hay un endeudamiento neto de más de 26 mil millones, que no se ha utilizado para inversión genuina”.
En la actualidad la deuda más larga que tiene el Gobierno en el mercado vence en 2046 e implica el pago de una tasa cercana al 7%. Medios cercanos el gobierno informaron ni bien conocida la medida que en Wall Street aparecieron expertos que recomiendan comprar el bono si el cupón y la tasa de corte se acercan al 8% anual, ya que en los países desarrollados estos papeles no pagan más de 2 o 3% anual.
Para finalizar, el especialista definió al gobierno nacional y sus políticas económicas y sociales: “Sorprende la desmesura, pero no la decisión, porque se trata de un gobierno integrado por ex representantes de empresas, que habría que ver sino siguen siendo accionistas en algunos casos, gente que siempre ha gerenciado el interés privado, que nunca ha tenido intervención en defensa del interés público. Es muy difícil pensar que iban a implementar otro tipo de políticas. Implementan una política para tratar de privatizar el Estado de todas las maneras posibles, recortando todo tipo de planes sociales, subsidios y todo lo que vemos a diario, encubierto con un discurso mentiroso de la modernidad, pero la realidad objetiva que surge de las cuentas públicas es que en este momento la única política económica que tiene este gobierno es de endeudarnos”.
Distintos especialistas se apuraron a criticar la medida oficial señalando que no fue puesta a consideración del Congreso, como marca la Constitución, ya que las tasas de interés onerosas limitarán la soberanía y condicionarán la autonomía de la política económica.
“Este tipo de criterios anticipan que vamos a una crisis de la deuda a muy corto plazo y no sé cómo se van a disfrazar para justificar ese endeudamiento”, aseguró Olmos Gaona.
*Alejandro Olmos Gaona es historiador e investigador. Estudió en profundidad el endeudamiento de la Argentina desde 1976. Su padre, Alejandro Olmos, fue querellante en 1982 contra el cerebro económico de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz. En el año 2000 el juez Jorge Ballestero declaró esa deuda como “ilegal, inmoral, ilegítima y fraudulenta”. Olmos Gaona continuó su trabajo y en el 2006 impulsó una nueva denuncia para ampliar la investigación hasta el canje de Néstor Kirchner del 2005. En el 2008 se convirtió en el principal asesor del gobierno de Ecuador en la auditoría que mandó a hacer el presidente Rafael Correa sobre la deuda externa de ese país para determinar si correspondía o no pagarla.