Redacción Canal Abierto | Lo sucedido hoy con los trabajadores de la multinacional PepsiCo grafica, pocas veces mejor que esta vez, al polígono de poder que atenta contra el derecho de los trabajadores en la Argentina. Una empresa con rentas extraordinarias que busca maximizarlas recurre a la Justicia para avalar el despido de más de 600 personas. La Justicia legaliza la maniobra, desampara a los operarios y ordena su desalojo de la planta de Vicente López. La Gendarmería nacional y la Policía Bonaerense acatan y se despliegan con balas de goma. El grupo Clarín habla de agentes heridos con piedras. El Sindicato de la Alimentación matiza la decisión de la empresa y responsabiliza al cuerpo de delegados.
El martes 20 de junio, los trabajadores de PepsiCo se encontraron con un cartel en la planta de Vicente López. En pocas palabras la empresa comunicaba el cierre y el traslado de la producción a la filial de Mar del Plata. Los 691 operarios, en su mayoría mujeres, quedaron en la calle. Eventualmente, 155 serían relocalizados y el resto indemnizado (ver nota).
Para legalizar los despidos, PepsiCo había realizado una presentación preventiva de crisis en la Justicia, avalada por el ministerio de Trabajo. Varias son las evidencias que determinan que la situación crítica no es tal. La multinacional que domina casi el 80% del mercado facturó durante 2016, según la revista Mercado, 4800 millones de pesos extraordinarios. Incluso, los trabajadores salieron a desmentir la versión que aseguraba que la producción sería trasladada a la planta de Mar del Plata. Lo hicieron con la distribución de paquetes de papas Lay’s y Doritos, importados desde Chile.
En las más genuinas tradiciones de resistencia, los trabajadores ocupan las instalaciones fabriles en defensa de sus puestos. El caso más emblemático fue el frigorífico Lisando de la Torre en 1959. Más cercanos en el tiempo, la ceramista Zanon y el Hotel Bauen. ¿Qué resorte podría darles más seguridad que estar cerca de las máquinas donde a diario dejan la vida?
Desde el 20 de junio existe una guardia rotativa de operarios dispuestos a enfrentar un desalojo que se concretó hoy, solicitado por el fiscal Gastón Larramendi de Vicente López y dictado por la jueza de Garantías Nº3 de San Isidro, Andrea Rodríguez Entasty.
Desde las 3.30, el delegado Camilo Mones daba detalles del operativo mediante audios de Whatsapp. Él estaba allí, en la planta, junto a otros 20 trabajadores.
Cientos de gendarmes a las órdenes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se desplegaron por varias manzanas a la redonda, y fueron respondidos con piquetes organizados por otros trabajadores solidarios junto a algunas familias del barrio. “La policía rompió todo, le rompió la cabeza a varios compañeros. Nos tiraron gases. Estábamos negociando para bajar pacíficamente de la planta cuando infantería reprimió. Además rompieron un caño maestro de gas con los riesgos que eso implica”, detalló Mones.
A las 8, Gendarmería abrió pasó a la Bonaerense a las órdenes del ministro bonaerense Cristian Ritondo. Hubo balas de goma, gases y bastonazos resistidos hasta en los techos de la planta. El resultado: al menos cinco detenidos. “Recibieron a los efectivos de seguridad con agresiones, tiraron tachos de pintura de cinco litros. Ahí se ve de donde viene la violencia”, declaró cínicamente Ritondo.
El grupo TN, mientras tanto, reflejaba la noticia con zócalos que decían “manifestantes tiran piedras y gases”, “hay policías heridos”.
De acuerdo a una investigación de la Izquierda Diario, Marcelo Bombau, presidente de PepsiCo Argentina, es asimismo CEO del grupo Clarín. ¿Será entonces independiente el tratamiento de la señal de cable? ¿O estará sujeto a matizar el accionar de las administraciones nacional y bonaerense? Bombau, hay que decirlo, está denunciado en los Panamá Papers con 16 sociedades offshore. Esta relación con el macrismo, quizás, también sea fortuita.
Cuando la operaria Cintia Arévalos fue entrevistada en Canal Abierto, rogó al secretario general del Sindicato de la Alimentación y exsecretario general de la CGT en época de Carlos Menem, que no los abandonase. Pero Daer los abandonó. En declaraciones a Radio 10, justificó hoy que «el cierre de PepsiCo es por la baja del consumo», negó que la empresa esté importando productos de Chile, se exculpó afirmando “que no es con un paro como se le pondrá freno a la crisis, sino en las elecciones de octubre” y se animó a responsabilizar de la situación a la comisión interna por “su sectarismo”.
Pero también hay otro sindicalismo: Camioneros, por ejemplo, bloqueó las plantas distribuidoras de la empresa, los bancarios donaron 50 mil pesos al fondo de huelga, ATE realizó un corte en Constituyentes y General Paz y otro en Diagonal Norte al 700, ferroviarios cortaron las vías del Sarmiento, la CTA Autónoma bonaerense se movilizó en La Plata y hubo protestas al menos en Mar del Plata, Neuquén-Cipoletti y Jujuy.
Este cronista, por su parte, adherirá al boicot de no comprar Lay’s, Quaker, Twistos, Doritos, 3D, Pep, Pehuamar, Cheetos, Pop Korn, Toddy, Pepsi, Mirinda, 7Up, Paso de los Toros, H2O, Tropicana y Gatorade.