Redacción Canal Abierto | No sólo oficiales de policía, con y sin uniforme, trabajaron ayer para romper la movilización al Congreso de los jubilados que contaría con el apoyo de los hinchas de distintos clubes de futbol argentinos.
Además de la fuerza represiva que se vio en las calles del microcentro porteño, el Gobierno desplegó una serie de operaciones tendientes a ensuciar la convocatoria y justificar la violencia institucional.
Desde la previa, el Gobierno buscó instalar que era una marcha de barras bravas en articulación con el kirchnerismo y la izquierda. Así lo fue indicando en amables entrevistas televisivas que brindó en la víspera.
Esa línea discursiva persiste hasta hoy. No importa que todos los canales hayan mostrado que el despliegue represivo ocurrió antes que ningún incidente, cuando la convocatoria no había terminado de consumarse en Plaza Congreso.
Por la pantalla de C5N pudo verse, en vivo y en directo, cómo un policía pateaba una pistola que quedaba en el césped de la plaza. En el orificio por el que sale la bala podía verse la punta naranja. Esto indica que se trata de una réplica. Dado que la situación fue registrada in fraganti, queda para la imaginación incluir qué buscaba hacer las fuerzas de seguridad al plantar esa arma.
Otro de los puntos con los que la prensa oficialista machaca es la quema de un patrullero de la Policía de la Ciudad. Lo que nunca se plantea es por qué ese móvil quedó estacionado sin nadie adentro ni por qué, luego de jactarse de los sistemas de vigilancia con que se cuentan, no pudieron detener ni identificar a los responsables de su vandalización.
Ya habían pasado unas cuantas horas de represión ininterrumpida cuando el vocero presidencial, Manuel Adorni, publico una suerte de instructivo para realizar desmanes. El método consistía en llevar camiseta de fútbol, ir ocupando la calle de a poco, provocar a los policías y, cuando estos reprimieran, filmar y difundir por redes. Lo llamativo es que el papel estaba firmado por el Frente de Izquierda y Trabajadores.
También el director Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad Fernando Soto se sumó a la onda de tuitear sin chequear. En su cuenta de X compartió un video de una caravana de colectivos alquilados repletos de hinchas cantando y sostuvo: «Esto no fue una “protesta social”, fue un desembarco de violentos organizados por mafiosos que defienden sus negocios. Las “barras bravas” son asociaciones ilícitas». A pesar de que muchos usuarios le respondieron que el video no se correspondía con el día de ayer sino que era del 2 de noviembre de 2022, cuando la hinchada de Racing se dirigía a Huracán para el partido que el club de sus amores disputaba con Tigre, 10 horas después, el tweet seguía publicado.
Cuando la realidad de un fallo judicial se impuso sobre los titulares de los medios, la respuesta fue salir a matar a la mensajera. Desde que la jueza Karina Andrade liberó a todos los detenidos por indicación de la fiscalía que no encontró elementos que indicaran la participación en algún delito en una resolución con muchas críticas al operativo policial, el Gobierno y sus adláteres empezaron a darle con munición gruesa.
El ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona anunció que se le iniciará juicio político, al tiempo que Bullrich adelantó que “vamos a actuar contra la jueza”, en claro atentado a la división de poderes. En redes sociales, cuentas oficiosas del Gobierno difundían fotos de la magistrada.