Redacción Canal Abierto | Las entidades observadas corresponden a cooperativas de trabajo constituidas bajo la Resolución 2038, Argentina Trabaja, Ellas Hacen y otros programas que no han podido cumplir con los requerimientos legales obligatorios que demanda el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). La mayoría nuclean a trabajadores y trabajadoras que eran desocupados y que comenzaron a percibir plan social con trabajo.
Uno de los mayores inconvenientes para estas entidades surgidas en los contextos más desfavorecidos ha sido siempre la presentación de balances y estados contables por la dificultad para costear los honorarios del contador interviniente. Se desconoce si estas cooperativas están funcionando realmente y qué oportunidades se les cierra al quitarles su matrícula.
¿Qué va a pasar con todos esos trabajadores? Según dichos vertidos por Matias Kelly en una reunión de funcionarios realizada en junio en el INAES y que fueron revelados en confidencia a Canal Abierto, continuarán siendo subsidiarios del plan por un año más mientras se los ubica mediante el Proyecto de Empalme como empleados de Wallmart y otras empresas.
En contraste con una primera etapa de gobierno, en la que se promulgó la regularización con operativos territoriales llevados a cabo durante 2016, ahora el rumbo es ortodoxo y se reduciría la ejecución de los operativos, porque según el secretario “no hay presupuesto para recorrer todas las entidades”.
Por el contrario, el plan hacia el Empalme consiste en intimar a las entidades en falta con un plazo perentorio, y luego proceder rápidamente con el proceso legal de suspensión y posterior quita de la matrícula. Otro ingrediente que se ha agregado es la llegada al territorio para inducir a los trabajadores a firmar renuncias a la condición de miembro de cooperativa.
Por su parte, desde las organizaciones sociales que nuclean a cooperativas de este tipo, como el Frente por Trabajo y Dignidad Milagro Sala, denunciaron que “primero se desmantelaron los planes de vivienda populares dejando sin obras a las cooperativas, para después avanzar en la descooperativización de las organizaciones”.
Las cooperativas de la construcción formadas por desocupados se crearon en 2003, dentro del Plan Federal de Obras Públicas del Ministerio de Planificación. Con la idea de que la construcción de viviendas diera trabajo a los sectores más afectados por la pobreza, se pidió a los beneficiarios que se organizaran cooperativamente. Pero el programa había nacido sin un presupuesto propio, lo que condicionó permanentemente su desarrollo. Luego, hubo años en los que el Estado invirtió en nuevas obras y agregó otros programas en la misma línea, dependientes del Ministerio de Desarrollo Social. Para 2006 se habían formado 2500 cooperativas.
Una de las mayores críticas de estos programas desde los conocedores del cooperativismo fue que una vez creadas, no se acompañaba ni capacitaba lo suficiente a las cooperativas nuevas para que pudieran desenvolverse de manera autónoma. Otras, fueron las limitaciones por falta de obras, subsidios y de apoyo de los municipios. Pese a todo persisten ejemplos esperanzadores de esta iniciativa, que en algunos casos constituyeron federaciones (ANTA, CNCT).
Según Edgardo Form, titular del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, “desde el Estado nacional hubo un corte, indudablemente destructivo para este tipo de entidades de la economía solidaria. Aquí vemos cuando el Estado cumple un rol pro-activo de contribución al desarrollo del sector, o por el contrario le pone trabas o directamente toma medidas que atentan contra la existencia misma de estas cooperativas”.
Sin embargo, ninguno de estos debates quitan el sueño del secretario de Economía Social, ocupado en “couching” corporativo y la organización de eventos “Sustainable Brands Global”, con empresas multinacionales bajo slogans al estilo “cómo construir una buena economía a partir de valores, ética, creatividad e innovación”. Kelly, proviene del tercer sector, más exactamente de las ONG Ashoka y Sistema B.
El Plan de Empalme, por su parte, continúa despertando suspicacias y desconfianzas en un amplio arco de políticos, organizaciones sociales y empresarios. Muy semejante al Plan de Inserción Laboral en Empresas creado en 2010 por Cristina Fernández, el plan de Empalme anunciado por Mauricio Macri el 2 de mayo pasado despierta escepticismos, ya que nadie cree que las empresas recurran a esta mano de obra sin un cambio en las políticas económicas que impulse el consumo retraído y fortalezca el mercado interno. Salvo que lo hagan para beneficiarse de los trabajadores subsidiados que le producirán menor costo laboral.