Redacción Canal Abierto | Los ejemplos de Juan José Aranguren en Shell, de Mario Quintana en Farmacity, Marcos Peña y Miguel Braun en La Anónima, y el propio presidente en Panamá Papers, Correo Argentino y otras tantas empresas, entre otros casos, hacen que el dato de que el Director Ejecutivo de PAMI, Sergio Cassinotti, haya dirigido una compañía de medicina prepaga y una cámara de droguerías y distribuidoras de medicamentos, no sea algo novedoso ni llamativo.
Tampoco es negativo por defecto que un empresario o gerente del sector privado cruce el otro lado del mostrador para asumir funciones en la administración pública. Sin embargo, en el caso de la obra social de los jubilados, la llegada de Cassinotti, que asumió en marzo, sirvió como garantía de continuidad de los fabulosos negocios que el Estado le facilita a la industria de medicamentos, en sus instancias de producción, comercialización y distribución.
Sergio Cassinotti cuenta con un frondoso CV, mayoritariamente en el sector privado de la salud, en el que se destaca su experiencia como director de la empresa de medicina prepaga ACCORD durante 11 años, entre 2002-2013, y su paso como director ejecutivo de la Cámara de Droguerías y Distribuidoras Especializadas (CADDE), desde su creación hasta noviembre de 2015.
Es cierto que también trabajó como titular de la obra social de los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Daniel Scioli, gestión por la que se abrió una causa en la que se investiga el vaciamiento de la caja de IOMA y de la Lotería provincial, entre otras.
La Asociación de Profesionales del IOMA (APIOMA) advirtió en un comunicado que Cassinotti no investigó la corrupción, y amparó los manejos discrecionales de esa obra social bonaerense, dando “continuidad a contratos millonarios con la industria farmacéutica”. Se trata del mismo problema que ahora tendría que solucionar en PAMI.
Más allá de su perfil de linkedin, se trata del funcionario que anunció, en cuanto se sentó en el sillón que dejaba Carlos Regazzoni, «no vengo a recortar beneficios para el afiliado al PAMI».
Por otra parte, su administración dio pasos firmes en la consolidación de la relación promiscua entre el Estado y las empresas del sector, ya que rescindió el convenio que había sido renovado en febrero de 2017 por la gestión anterior, explicando que “durante 10 años se montó una estructura de robo sistemático al PAMI, que no fue una isla durante la Argentina de Lázaro Báez”, acusando así a Graciela Ocaña y Luciano Di Césare (dirigentes hoy de Cambiemos) de quitarles los remedios a los jubilados.
Además, Cassinotti firmó el pasado 28 de junio un “puente financiero” con las cámaras, prorrogando el convenio por tres meses con un ahorro potencial de $300 millones mensuales, pero garantizando que pagará a la industria la diferencia que exista en el consumo. El problema, ahora, es que es la propia industria es la encargada de informar ese dato, sin posibilidad de de control por parte de PAMI.
Entre las irregularidades de contratación luce la de provisión de medicamentos, en que sigue vigente el convenio firmado en 1997 con la industria farmacéutica por el luego procesado y condenado Víctor Alderete.
En este informe de Mario Borini, ex titular de Auditoría de PAMI, se detallan esas anomalías que, como siempre, favorecen a los favorecidos de siempre.
- La contraparte del Instituto es el grupo conformado por las Cámaras de Medicamentos, CAEME, CILFA y COOPERALA, en vez de los laboratorios, droguerías, distribuidoras y farmacias, de manera que PAMI, el mayor comprador de medicamentos en Argentina, genera el oligo-monopolio que le vende el insumo más caro. Un contrasentido desde el vamos
- La Industria farmacéutica es oligo-monopólica en Argentina, algo contrario al declarado libre mercado: 20 entre 300 laboratorios facturan el 80% del gasto en medicamentos, 4 entre 450 droguerías concentran el 70% del mercado y 4 distribuidoras realizan el 99% de las ventas. Algo que explica fácilmente por qué aumenta el precio de los medicamentos por encima de la inflación general
- Esas Cámaras nuclean y eligen a los Laboratorios más afines (que no quiere decir los mejores) para proveer medicamentos a los Jubilados y Pensionados
- Las Cámaras conforman el Vademécum de PAMI en base a específicos por su nombre de fantasía, en vez de medicamentos genéricos como obliga la Ley Nacional 25649 desde 2002. Hay aquí un incumplimiento de funcionario público desde esa fecha por parte de las máximas autoridades del PAMI hasta ahora, que involucra a sus respectivos Ministros de Salud de la Nación, un asunto digno de ser investigado por una Fiscalía
- Se otorgan descuentos del 50-80 y 100% a los afiliados, sin racionalidad científica que justifique estas diferencias, dado que si son necesarios hay que cubrirlos al 100%, sobre todo en consideración al todavía penoso haber mínimo jubilatorio. Por otra parte, desde la misma industria reconocen que el pago del 50% por parte de PAMI en la franja de descuento donde el afiliado aporta otro tanto, es de suficiente utilidad para los laboratorios comerciales, razón de más para liberar del pago a los afiliados
- PAMI desmanteló sus áreas de control de medicamentos, de manera que no tiene estadísticas propias del consumo real del producto que es su gasto más alto
- El precio del convenio es político, o sea, sin un cálculo técnico válido que lo avale
- La base del cálculo es el consumo histórico, cuando debiera ser la necesidad de los afiliados en función de su situación de salud
- El gasto en medicamentos por parte de Argentina es de un 30% en relación al gasto total en salud, o sea, una vez y media más que esa proporción en países de la Región y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que incluye a Chile y México en un conjunto de 35 países mayormente europeos
- Pese a que el país tiene 39 Laboratorios Públicos distribuidos en 17 Provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, PAMI no los contrata, de manera que renuncia a precios mucho más bajos. La única excepción es la del Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba.
- Dada la incapacidad de control de PAMI, el convenio descansa en que la Industria sea la que “controle procesos tendientes a contraer gastos que se salen de madre”, tal como reza el último acuerdo, de manera que la Comisión de Seguimiento del convenio está subordinada a datos de consumo que le provee su contraparte, la Industria
- Si se suman los medicamentos por excepción que se autorizan por fuera del convenio, el gasto total del rubro llega a un tercio del gasto total de PAMI que para 2017 está presupuestado en $120 mil millones
- Está claro que las condiciones estructurales del convenio permanecen en pie. Y pese al sobreprecio histórico del convenio, PAMI acumula una deuda de $4.500 millones por año con la Industria, dato que ésta usó para forzar la prórroga
- Con la Ley de Genéricos, la Industria es la que obtiene un importante ahorro, ya que los afiliados eligen desembolsar menos dinero con los genéricos que les ofrece el farmacéutico en vez de utilizar la receta con descuento del Vademécum PAMI, o comprar genéricos en kioscos que hoy expenden sin receta el 13% de medicamentos que se consumen en Argentina, ahorros que se suman a los medicamentos prescriptos que los afiliados no retiran
- El convenio no es administrado por PAMI, sino por la ACE-PAMI, una Agrupación con sede en Buenos Aires para la Administración del Sistema de Provisión y Dispensa de Medicamentos a afiliados del PAMI. El problema es que la ACE es compartida por PAMI con la Industria a la que debiera controlar