Redacción Canal Abierto | A 10 años del desplazamiento de Cynthia Pok del organismo, la Cámara Nacional de Apelaciones falló a favor de la encargada de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC), despedida por la intervención que encabezaba Guillermo Moreno.
Pok había sido removida en medio de un conflicto con el equipo del ex Secretario de Comercio por las mediciones de pobreza, en el marco de las sonadas denuncias por manipulación del índice de precios al consumidor (IPC). Con el cambio de gobierno fue reincorporada a INDEC a principio de 2016.
A partir de entonces se inició una causa que finalizó recientemente con una sentencia que obliga al organismo a indemnizarla con $150 mil, y a publicar durante 180 días la parte sustancial del propio fallo judicial en la página web oficial y cartelera del demandado.
Además, la condena contra el organismo del Estado Nacional destaca que ha quedado debidamente evidenciado que la demandada fue víctima de una agravio moral, y se da por demostrada la existencia de un ambiente de trabajo hostil en el que Pok estuvo inmersa. Por ende, entiende el tribunal, la dignidad y honor de la trabajadora debe ser reparado y el empleador debe responder de conformidad con las obligaciones que la ley de contrato de trabajo pone a su cargo.
En un comunicado de la junta interna de ATE se destaca que el fallo demuestra “que en la lucha que llevamos adelante los trabajadores del INDEC, que enfrentamos la intervención de este instituto, teníamos razón. Por eso, todos y cada uno de los sumarios truchos abiertos por la Intervención saliente tienen que cerrarse y sacarse de los legajos de los trabajadores que fuimos perseguidos durante tantos años”.
Si bien el caso de Cynthia Pok cobró picos de notoriedad y visibilidad, no fue la única polémica en la que se vio envuelto el INDEC durante la gestión Moreno. En el periodo fueron registradas múltiples denuncias de irregularidades y falsificaciones de encuestas por parte de amplios sectores de la entonces oposición política y mediática, y también de los propios trabajadores del organismo.
En ese contexto, otros empleados estatales y dirigentes sindicales pasaron por situaciones similares: 17 coordinadores y jefes de departamento y técnicos principales suscribieron en ese momento un memo a la dirección, lo que les valió persecución laboral, administrativa y judicial, además de despidos.
Luego de la sentencia -entendida como reivindicación de su tarea y de la lucha de los trabajadores por la transparencia de las mediciones oficiales- la Secretaria de Formación de CTA Autónoma destaca que se ha recompuesto la credibilidad de los índices oficiales gracias a la lucha de los trabajadores: “Junto a mis compañeros y a través de nuestras organizaciones de autodefensa sindical, pudimos exponer a la sociedad la importancia de las estadísticas públicas. Son una herramienta de defensa de la sociedad y tienen importancia para las paritarias, además de ser central para las políticas públicas», concluyó.