Redacción Canal Abierto | La “Caravana por la Emergencia Social en la Ciudad” movilizó durante todo el día a distintas organizaciones sociales para reclamar que se declare la emergencia social en la Ciudad de Buenos Aires.
La jornada comenzó en la esquina de Callao y Corrientes, donde concentraron a las 7 de la mañana para dirigirse al Obelisco y luego marchar a la Legislatura. El alto en el emblema porteño fue para montar allí una feria de la economía popular. “Cada organización aportó grupos de compañeros y compañeras que llevaron sus trabajos para mostrar. Trabajos que hacen a pulmón, de manera solidaria, para rebuscarse el mango en el marco de una economía informal que crece con el modelo de país que viene configurando el gobierno de Cambiemos”, sostuvo Pablo Spataro, secretario adjunto de la CTA Capital Autónoma.
El reclamo que impulsó la CTA junto al Frente Popular Darío Santillán, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, la CTEP y Salvador Herrera bajo la consigna “El hambre no espera” tiene por objetivo que la Legislatura porteña, de la misma forma en que lo hizo el Congreso nacional, apruebe la emergencia social en una Ciudad que concentra más de 500 mil trabajadores y trabajadoras desempleados o con empleos en la economía informal.
“Según indican los estudios, por cada puesto de trabajo en el sector público o privado que desaparece, se pierden otros siete en el ámbito de la economía informal. Nosotros creemos que la salida de fondo es el trabajo, el trabajo genuino como el gran ordenador social, donde esta ley es solo un pasito para poder soñar un país diferente -agregó Spataro-. Toda la economía popular en algún punto es el fracaso por parte de quienes gobiernan, aunque por parte de quienes lo padecemos es un enorme orgullo, porque significa que mientras crecen los niveles de empleos y desocupación nuestros compañeros se organizan para intentar experiencias productivas que puedan generar un ingreso en las familias”.
Finalmente, la movilización llegó hasta la Legislatura donde el proyecto fue recibido por un grupo de diputados y por miembros de la Defensoría del Pueblo, aunque no recibieron ninguna confirmación sobre su tratamiento.
Foto: César Garzón