Por Pablo Bassi | El juez Pablo Ormaechea que lleva la causa por el incendio en Iron Mountain en febrero de 2014 -donde fallecieron ocho bomberos y dos agentes de Defensa Civil- procesó a siete personas que cumplían funciones en el Gobierno de la Ciudad por entonces, a cuatro inspectores, cinco directivos de la empresa de depósitos y al sereno a cargo del galpón aquella temprana mañana.
Todos ellos habían prestado declaración testimonial durante el año pasado, a pedido de la fiscal Romina Monteleone.
Entre los funcionarios dependientes de Juan Gómez Centurión en la Agencia Gubernamental de Control durante la segunda gestión de Mauricio Macri al frente de la Ciudad fueron procesados Rafael Roldan, Gastón Laugle, Esther Moroni y Luis Cogo. También Luis Chapar, quien reemplazó a Gómez Centurión al frente de la Aduana cuando fue apartado por el presidente Macri acusado de corrupción en 2016, y Vanesa Berkowski, que debió renunciar tras pedir coimas a locales nocturnos.
La lista de Ormaechea sigue con los inspectores Félix Raimundo Lugo, Jorge Néstor Papanicolau, Ricardo Edmundo Grunfeld y Alberto Daniel Graciani. El magistrado procesó además a Oscar Godoy, el sereno empleado de la empresa Segurplus, sobre quien recae la sospecha de omitir las alarmas de incendio.
Asimismo fueron procesados los directivos de la filial argentina de Iron Mountain, que lleva incendiados en el mundo siete depósitos, dos de los cuales, al menos, fueron intencionales según la Justicia. Ellos son Guillermo Lockhart, gerente general y cara pública de la empresa de trato directo con el Gobierno, Eduardo Sueyras Parra, Héctor García y Christian Castiñeiras.
Ninguno fue detenido pero a todos se les aplicó embargos que van de los siete a los 17 millones de pesos.
«Existían irregularidades que resultaban notorias y no fueron consignadas en el acta de comprobación de referencia, tales como: excesiva carga de fuego, falta de recubrimiento término en cabriadas, sobrecarga de las estanterías y falta de espacio transversal y longitudinal entre los estantes», indicó el juez Ormaechea en su resolución, en relación con la última inspección realizada en el galpón de Barracas, en marzo de 2010.