Redacción Canal Abierto | El Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma realizó un informe para dar cuenta de lo sucedido en el plano laboral durante 2017. Dentro de este análisis se destacan tres datos preocupantes: la precarización de la estructura ocupacional y caída del salario real, los cambios en la dinámica de la conflictividad e intensificación de la violencia estatal contra la protesta social, y el fuerte retroceso de la cantidad de acuerdos colectivos homologados.
Con respecto al primer punto, el informe refleja que la tasa de desempleo se ubicó a finales de 2017 en los niveles más bajos de los últimos dos años. Sin embargo, ello se dio a la par de un crecimiento persistente del trabajo no registrado y de un retroceso de la tasa de asalarización.
Los ocupados por cuenta propia crecieron un 5,6% anual y los asalariados en casas particulares, un 4,3%. Por su parte, los asalariados registrados del sector privado aumentaron un 1,3% y los del sector público un 1,3%, porcentajes que se encuentran más cercanos al crecimiento vegetativo de la población.
En diciembre de 2017 el salario real de los asalariados registrados del sector privado se ubicó un 1,6% por debajo de los niveles del mismo mes del año anterior, situación que replicó el comportamiento de 2016 cuando la caída salarial había sido del 4,3%. Por primera vez desde la crisis del 2001 se registraron dos años consecutivos de caída salarial en la comparación punta a punta.
En cuanto al segundo eje, el estudio sostiene que en el sector privado la cantidad de conflictos laborales se redujo un 12,9% en comparación con un año atrás, situación que se da allí donde el factor disciplinamiento se incrementa: el miedo a perder el puesto de trabajo disuade de iniciar cualquier reclamo. En 2017, tres de cada cuatro conflictos en este ámbito se originaron en un reclamo vinculado a despidos, suspensiones o deudas salariales.
En el sector público también se destaca el crecimiento de los conflictos vinculados a situaciones de crisis, que se encuentran en los mayores valores relativos desde que comenzamos a realizar este relevamiento en 2011.
La respuesta estatal a este cambio en la dinámica de la conflictividad (menos conflictos en los lugares de trabajo, mayor presencia de acciones masivas en la vía pública) incluyó una intensificación de la represión de la protesta social. En particular, durante 2017 se duplicaron las detenciones de manifestantes en el marco de protestas colectivas en comparación con el año anterior.
El cuestionamiento a las instancias colectivas de resistencia a las políticas gubernamentales incluyó también un incremento de las acciones destinadas a deslegitimar o dificultar la acción sindical. Entre ellas se encuentran la intervención de sindicatos, el desconocimiento de sus procesos electorales y la detención y persecución de dirigentes.
Finalmente, el análisis también da cuenta de una reducción del 42% de convenios y acuerdos colectivos homologados por el Ministerio de Trabajo de la Nación en comparación al año anterior.
Se trata de la menor cantidad de negociaciones colectivas desde el año 2007, principalmente por un desaliento por parte del Ministerio de Trabajo y de los empleadores, favoreciendo una mayor unilateralidad, una resistencia por parte de las organizaciones a negociar en condiciones de mayor debilidad estructural e institucional, y aspectos administrativos en los procesos de homologación. En cualquier caso, la magnitud de la caída da cuenta de transformaciones que, de sostenerse en el tiempo, pueden implicar cambios muy significativos en el sistema de relaciones laborales.
En términos generales los acuerdos salariales se ubicaron por debajo de la inflación anual de 2017, situación que podría repetirse en 2018, ya que las negociaciones vienen cerrando en un 15% pese a que las expectativas inflacionarias relevadas por el Banco Central no bajan del 20% anual.
«Cabe interrogarse acerca de las razones que explican este cambio en la dinámica de la conflictividad laboral sectorial ante un escenario que se presenta manifiestamente contrario a las expectativas de los trabajadores, no ya de recuperar el salario real luego de dos años consecutivos de caída, sino de al menos pactar incrementos nominales que no se ubiquen por debajo de la inflación prevista para el año en curso», sostiene el estudio.
Ilustración: Marcelo Spotti