Redacción Canal Abierto | Una patota de efectivos provinciales junto a custodios de la estancia del magnate Luciano Benetton arremetieron a los tiros contra el puesto de guardia de la Pu Lof en Resistencia de Cuashamen, en la que Santiago Maldonado había dejado su mochila antes de ser perseguido por los gendarmes hasta el Río Chubut, el 1 de agosto del año pasado.
Al regresar, los comuneros encontraron la casilla incendiada. El juez Gustavo Lleral, quien parece estar buscando un lugar en la historia similar al que ya tiene Guido Otranto, todavía tenía (tiene) pendiente la reconstrucción de los hechos en ese lugar. Pero la caseta ya no existe. Si bien el magistrado no requería esa medida de prueba para hacer avanzar la causa, porque ni siquiera dispuso la custodia judicial del sitio, lo cierto es que la investigación tampoco avanza en otras direcciones.
Pero el hecho vandálico -que no trascendió en medios nacionales cercanos al oficialismo- no sólo afecta a la causa por la “desaparición forzada seguida de muerte”, sino a otra vinculada directamente con el reclamo por los territorios ancestrales mapuches.
“Esto no sólo atenta contra la causa de Santiago Maldonado, sino también contra el caso donde la comunidad es querellante, porque el viernes 4 se iba a realizar una planimetría para demostrar cómo la policía de Chubut había ingresado y tirado a matar el 11 de enero de 2017. La comunidad acusa, entre otros, al imputado jefe de la brigada de investigaciones de la policía de la provincia de Chubut, el oficial Julio Solorza, por los sucesos de enero. Mañana había que hacer esa prueba tan importante, a las 10, con peritos de parte y de la policía, defendidos por Federico Massoni. Y el lunes 7 es la audiencia preliminar en el caso de Benetton contra la comunidad por usurpación”, le dijo a Página/12 la abogada Sonia Ivanoff.
El grupo de tareas ya había intentado ingresar el martes pasado al predio por la parte norte, pero fueron repelidos por la resistencia mapuche con piedras y hondas.
La vocera de la comunidad, Soraya Maicoño, expresó en una entrevista al sitio La Retaguardia: “Justamente nos estábamos preparando para hacer la convocatoria para que nos apoyen en este juicio. Llevamos fotos y planos que muestran que esa parte no estaba alambrada y el que la usurpó es Benetton porque pertenece a la Colonia Pastoril Cushamen, pero pasa esto. Es tan impune que entra con su propia policía a disparar otra vez a mujeres y niños, otra vez incendiar, meterse en nuestro territorio. Nuestra gente reconoce que junto a la policía vino gente de la estancia porque se conocen, son de la zona y los pueden identificar lo más bien”.
En la audiencia en la cual Benetton es querellante por usurpación, la comunidad confía en demostrar con planos y testimonios de antiguos pobladores que el lugar que se recuperó el 13 de marzo de 2015 fue tierra entregada a la Colonia Aborigen Pastoril Cushamen por el Estado argentino, al lonko Ñancuche Nahuelquir. Esa audiencia estaba prevista para abril, y entre los imputados está el lonko Facundo Jones Huala, a quien no dejarán participar porque está detenido en Esquel, a la espera de que la Corte Suprema defina su extradición a Chile.
No hay orden judicial que haya requerido barrer con la vivienda precaria ni amedrentar a balazos a las personas que estaban adentro. No hubo amenaza ni conflicto reciente que pueda servir como excusa.
