Redacción Canal Abierto | En tres meses de lucha exigiendo su derecho a la participación en las negociaciones paritarias, los Metrodelegados sufrieron amenazas y represión por parte del Ministerio de Trabajo.
Este miércoles la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro presentó una denuncia ante la Justicia Penal Nacional, donde el secretario general del gremio, Roberto Pianelli, detalló punto por punto el conjunto de acciones ilegales desplegadas por Lucas Fernández Aparicio y Adolfo Saglio Zamudio.
Se los acusa por afectar la libertad de asociación, amenazas e incumplimiento de los deberes de funcionario públicos.
Durante estos tres meses, los Metrodelegados sufrieron la amenaza a sus dirigentes, inspecciones sorpresivas en el sindicato, sanciones a afiliados y activistas de AGTSyP, juicios en el fuero laboral para la exclusión de la tutela, la calificación de “sindicato ilegal” en los medios de comunicación, represión y detención de los delegados.
En un comunicado, los Metrodelegados plantearon que “el conjunto de acciones desplegadas por los funcionarios nacionales se encuadran en los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público por emitir con dolo resoluciones ilegales, persiguiendo el objetivo de afectar al sindicato, y el delito contra la libertad de trabajo y asociación que tipifica el artículo 158 del código penal. Asimismo, denunciamos haber recibido amenazas directas respecto de las intenciones gubernamentales de destruir al sindicato”.
Teniendo en cuenta que las acciones desplegadas por estos funcionarios violentan el derecho de asociación, garantizado en la Constitución Nacional, la AGTSyP también recurrió a las Organización Internacional del Trabajo y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Allí explicaron que las situaciones vividas no sólo implican responsabilidad penal para los funcionarios antes nombrados, sino que lleva al Estado Argentino al incumplimiento de obligaciones ante los sistemas internacionales de Derechos Humanos.