Redacción Canal Abierto | El flamante acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) cosechó más críticas y cuestionamientos que adhesiones. En casi todos los casos, el argumento central giró en torno a que el endeudamiento externo termina repercutiendo en un ancla para el desarrollo productivo y una pérdida de soberanía.
De todos modos, en tiempos pretéritos al acuerdo “stand by” con el organismo multilateral de crédito, el peso de la deuda externa representaba un yunque para las cuentas públicas. Muestra de ello es que el Presupuesto 2018 prevé una partida de 406.523 millones de pesos para lo que se conoce como servicios de la deuda (pagos por amortización de principal, intereses, comisiones y otros gastos por servicios de los préstamos). Para poner en contexto, la suma equivale a cerca de un 17% de los gastos previstos por la Administración Pública Nacional para este años, y el equivalente a la suma de las partidas de Educación (170 mil millones), Salud (38 mil millones), la Agencia Nacional de Discapacidad (95 mil millones), Conicet (13 mil millones), Dirección Nacional de Vialidad (40 mil millones) y el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (52 mil millones).
Otro dato que da cuenta del ajuste en marcha es que, según la Asociación Argentina de Presupuesto, en los primeros cinco meses del año la ejecución presupuestaria fue del 57,4% para el pago de intereses de la deuda, y tan sólo del 44% en Educación y 39,2% en Salud.
Según proyecciones de especialistas, se trata de una tendencia que no pareciera modificarse sino que incluso iría en alza, algo que se desprende de la comparación con años previos. Sólo de intereses de deuda, el incremento de un periodo a otro fue del orden del 70%. Es decir, que de los 137.101 millones de pesos asignados para la primera mitad de 2017, se pasó a 233.169 millones en los primeros seis meses de este año.
El presupuesto para este año también refleja un fuerte recorte en áreas que no son los tradicionales servicios públicos (Salud, Educación, Seguridad), pero que sin lugar a dudas afectan la marcha de la economía. Un ejemplo es el de la obra pública, la cual bajó de 98.892 millones de pesos en el primer semestre de 2017, a 83.483 millones en el mismo periodo de 2018 (una caída nominal del 15%).
El Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas que coordina el economista Claudio Lozano lanzó un informe donde analiza qué áreas del Estado podrían sufrir recortes con miras al cumplimiento de los requerimientos del FMI. En tal sentido el monto del ajuste comprendido entre el recalculo de las metas para el corriente año y lo acordado con el Fondo asciende a $ 514. 333 millones desde hoy al 2020 ($ 65.000 millones por nueva meta 2018; $ 219.038 millones en 2019, $ 229.834 millones en 2020). Se trata de un ajuste trianual equivalente al 17% del gasto total del 2018, idéntica suma a lo previsto por el presupuesto para este año en servicios de la deuda.