Redacción Canal Abierto | La jueza federal de Curitiba, Carolina Moure Lebbos, determinó que el dos veces presidente permanezca en silencio, sin la posibilidad de exponer ante la opinión pública sobre su situación judicial, ni mucho menos respecto de su proyecto político de cara a las elecciones presidenciales de este año.
Más allá de la situación excepcional que atraviesa el dirigente del PT y la democracia brasilera, resulta más que razonable el interés de los medios de prensa. El dos veces Jefe de Estado, líder y fundador del Partido de los Trabajadores (PT), hoy encabeza todas las encuestas de cara a las elecciones del 7 de octubre próximo.
“Ellos no sólo quieren mantenerme preso, ellos me quieren callar”, afirmó Lula luego de que se conociese la medida.
Le resolución ocurre luego de las idas y vueltas judiciales del domingo pasado, cuando en una primera instancia la justicia había otorgado el beneficio de la libertad a raiz de un habeas corpus. Sin embargo, a las pocas horas la decisión sufrió una marcha atrás. En las siguientes horas, 143 ciudadanos de todo Brasil presentaron una avalancha de recursos a favor del ex presidente. Todos fueron rechazados.
Con pruebas nimias, Moro lo declaró culpable en julio de 2017 por corrupción pasiva y lavado de activos en el caso del tríplex de Guarujá (el caso sostiene que la constructora OAS le otorgó un departamento de lujo en el litoral paulista a cambio de salir favorecida en licitaciones con Petrobras) y lo condenó a nueve años y medio de cárcel en primera instancia. En enero de este año, un tribunal de segunda instancia de Porto Alegre confirmó el fallo y aumentó la sentencia a doce años. Lula apeló en libertad pero la reciente decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) autorizó la detención de Da Silva y rechazó el habeas corpus por seis votos contra cinco.