Redacción Canal Abierto |  Ana María Acevedo tenía 20 años. Comenzó con un dolor de muelas y luego se le detectó que tenía cáncer. Cuando estaba por comenzar el tratamiento no se lo permitieron porque llevaba un embarazo de menos de un mes. Sus padres pidieron que se le practicara un aborto, tal como está previsto en el Código Penal pero en el Hospital Iturraspe de Santa Fe, no se lo quisieron realizar. Indujeron el parto pero el bebé murió. Ana María, también.

El próximo 8 de agosto, de aprobarse la Ley por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito muchas jóvenes al igual que Ana Maria, podrían salvarse.

“Recién a partir de la muerte de mi hija comencé a tener información sobre el aborto. No quiero que les pase a otras chicas lo que le pasó a mi hija. No quiero que haya tantas muertes. Si lo aprueban me va a aliviar y voy a dejar de sufrir”, explica en diálogo con Canal Abierto, Norma Cuevas mamá de Ana María.

Luego del fallecimiento de su hija, Norma se hizo cargo de sus nietos que hoy tienen 12, 15 y 16 y emprendió una inalcanzable lucha para que a otras mujeres no les ocurra.

“Ellos me apoyan en todo momento aunque no pueden viajar porque no tenemos dinero. Me ayudan a hacer carteles y me acompañan en la medida que pueden. Aunque soy su abuela, me dicen ‘má’ ”, relata Cuevas.

La lucha para que se haga justicia la llevó a la mamá de Ana María a visitar diferentes provincias del país, realizar pañuelazos y hasta bicicleteadas en toda la provincia a favor del aborto, exponiendo su dolor, acompañada de cientas de mujeres y contando lo que aún en el pueblo donde vive muchas mujeres no se animan a visibilizar.

“Hablo por todas las mujeres que no se animan a hablar, sobre todo en Vera (provincia de Santa Fe).  Hicimos un pañuelazo el martes pasado frente al hospital. Éramos diez chicas y nos mandaron tres camionetas de la policía delante de la marcha. El jueves, me revisaron mi casa, rompieron el candado de la entrada, me rompieron una puerta y entraron a una habitación, donde tenía tres mil pesos para hacer remeras para llevar el 8 de agosto y la policía me la robó”, cuenta la mamá de Ana María.

Respecto de los grupos autodenominados «pro vida» Cuevas hace énfasis en que aparecieron luego de que se visibilizara la Campaña. «Yo digo por qué no salieron antes cuando yo pedía ayuda. Cuando Ana estaba internada había un cura que iba todos los días, hasta que una de mis abogadas le dijo que se fuera. Yo no sabía nada y lo recibía pero después me enteré que estaba en contra mío».

Paralelamente a lo que ocurre con el Hospital Iturraspe tildado como la «meca de los antiabortistas», el Laboratorio Industrial Farmacéutico de la provincia de Santa Fe avanza en la producción de misoprostol, la droga que se utiliza para inducir el aborto. De hecho, ya produjo una cantidad importante de comprimidos pero que aún no pueden ser distribuidos.

Santa Fe brinda el medicamento desde 2012 de forma gratuita para la práctica de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en sus centros de salud públicos de acuerdo a la ley argentina, pero debe adquirirla, hasta ahora, a un laboratorio privado.

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