Redacción Canal Abierto | “En 2018 tuvimos 18 casos ‘Lucía’ y pudimos resolver todos los temas. El problema es cuando se mediatiza. Porque cuando se hace muy público algo, es muy difícil intervenir”. Los dichos de Rossana Chahla, ministra de Salud de la provincia norteña, fueron sal en la herida de la sociedad tucumana.

Lucía es el nombre “mediático” que con el que se conoció el caso de la niña de 11 años que quedó embarazada como consecuencia de haber sido violada por la pareja de su abuela. Su historia no tomó estado público por la excepcionalidad de su tragedia: en la Argentina, cerca de 100.000 adolescentes y entre 2.500 y 3.000 niñas menores 15 años dan a luz cada año. En el caso de las niñas, el 80% de los embarazos son producto de violencia sexual y la mayoría de ellos ocurren en el ámbito intrafamiliar o en círculos cercanos a las víctimas. Estas tasas son mucho más elevadas en las provincias del norte.

Su historia se hizo famosa porque el Sistema Provincial de Salud (SiProSa) la obligó a parir un bebé que falleció a los pocos días. Lo hizo contra la voluntad de la niña, de su familia, y del Código Penal promulgado en 1921, que permite a casos como el de Lucía una Interrupción Legal del Embarazo (ILE). La violación de sus derechos se hizo de forma sutil: se postergó la decisión hasta que ya no fue posible realizarle un aborto. Los médicos que, finalmente, le practicaron una cesárea, fueron denunciados ante la Justicia.

El caso de Lucía sirvió como ejemplo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de cómo el Estado argentino incumple con lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo FAL en relación del aborto no punible, y con los derechos de las mujeres y niñas que encuadran en las generales de una ley de casi cien años. El 27 de septiembre pasado, el Estado reconoció, en una audiencia ante este organismo internacional, que los derechos de Lucía fueron vulnerados.

Ante los dichos de Chahla, Abogados y abogadas del Noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales (Andhes) y el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Argentina (Cladem Argentina) -organizaciones que acompañan y acompañaron a Lucía y su familia-, emitieron un comunicado, “con más preguntas que afirmaciones”. “¿A qué se refiere la ministra cuando habla de 18 niñas como Lucía? ¿18 niñas fueron impedidas de acceder a sus derechos? ¿18 niñas fueron torturadas y obligadas a seguir con un embarazo? ¿Cuántas niñas menores de 14 años, en este último año, parieron en Tucumán?”, indaga.

 

Por suerte

Ambas organizaciones denuncian, además, que no es posible saber cuántas niñas pudieron acceder a la Interrupción Legal del Embarazo ni cuántas fueron obligadas a parir porque el Ministerio de Salud no responde los pedidos de información “que debería ser pública pero que se la oculta”.

Y continúan: “La ministra dice que el Caso Lucía se mediatizó. Por suerte sí. Porque a partir de su visibilización y las presiones nacionales e internacionales, el Estado debió acceder a practicar la ILE que había solicitado. ¿Y todos los otros casos no salieron a la luz?”.

En la entrevista televisiva con La Gaceta Central, la funcionaria aseguró también que esta historia, y no las otras, se hizo pública “por los diferentes grupos que estuvieron en ese momento”, que “desde el punto de vista médico, estuvieron todos los tiempos perfectos”, y que desde el SiProSa hicieron “lo que ella quería, su voluntad, cuando ella y su mamá quisieron”.

“¿Sabía la ministra que la familia de Lucía acudió a las organizaciones desesperadas porque no lograban que le garanticen la interrupción del embarazo a la niña? ¿Sabía que Lucía pidió que ‘llamen a las del pañuelo verde’ porque quienes deben actuar conforme a la ley actúan según sus creencias religiosas personales? –le respondieron desde las organizaciones-. ¿Sabía que su ahora ex secretario ejecutivo, Gustavo Vigliocco, le dijo a la mamá de Lucía que la niña se moriría si le practicaban una ILE? ¿Sabía que Vigliocco le regaló una tablet a la nena para convencerla de que continúe con su embarazo y que le preguntó más de una vez ‘estás segura que querés matar a tu bebé?’ mientras le tocaba la panza?”.

Y finaliza: “Le pedimos respuestas claras, que no se excuse de sus obligaciones y tire la responsabilidad de garantizar derechos a las organizaciones. No queremos que haya más niñas obligadas a maternar en Tucumán. ¿Compartimos ese anhelo?”.

Más información: “Lo que buscan es amedrentar a todos los médicos que se atrevan a realizar una ILE”

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