Redacción Canal Abierto| La Cámara de Casación Penal revocó los sobreseimientos de tres de los cuatro periodistas detenidos durante la marcha al cumplirse un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, el 1º de septiembre de 2017. Se trata de Juan Pablo Mourenza, Ezequiel Medone, y Paola Barriga Montero. En el mismo fallo confirmaron el de Carlos Ardilla Guerra.
Estas detenciones fueron parte de las 31 que se produjeron en el marco de la represión desatada al finalizar la movilización, que además de trabajadores de prensa, incluyó manifestantes y personas que ni siquiera habían participado de la movilización.
Tras un fin de semana detenidos, todos fueron liberados. Sin embargo el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó a casi todas los detenidos bajo los cargos de intimidación pública y atentado y resistencia a la autoridad.Ante la apelación de las defensas, el 6 de diciembre de 2017 la Cámara Federal lo revocó con duros términos, a partir del análisis de las fotos y videos que demuestran que no se cometieron tales delitos. En esa resolución, la Cámara dispuso la falta de mérito para procesar a la mayoría decretó el sobreseimiento de los periodistas.
Esta medida fue apelada por el fiscal Germán Moldes ante la Cámara de Casación, que decidió hoy revocar el sobreseimiento, argumentando que estaban mal fundados.
«No tenemos posibilidad de apelación de esto. Tenemos que esperar a ver que hace la cámara y que decide Di Giorgi. Eso se podrá apelar o no en base a lo que decida con respecto a nosotros y al resto de los que habíamos sido detenidos» afirmó en diálogo con Canal Abierto Ezequiel Medone, uno de los periodistas afectados por la decisión de la Cámara de Casación.»Es un retroceso, porque estábamos sobreseídos, ya no estábamos procesados y nuestra situación era la mejor. Y ahora estamos de vuelta en vísperas de un proceso judicial en contra nuestra, que no sabemos bien con qué cargo si es sólo resistencia a la autoridad que es de los más bajos o que se base»
Y agregó: «lo preocupante de todo esto es que los argumentos de Casación son los mismo que Di Giorgi usó en su decisión primera que fue procesarnos por intimidación pública».
Consultado por qué lectura política se hacía de esta decisión, Medone sostuvo que: «estamos en una situación de crisis del país y no quieren dejar ningún margen de error en su plan de reprimir a toda persona que salga a expresar su descontento con la actual política del gobierno y a quienes intentamos mostrar como esas represiones se dan y también generamos pruebas en contra de la policía y de este accionar.»