Redacción Canal Abierto | Mientras el jefe de Gabinete Marcos Peña defendía en la Cámara baja una gestión que le cuesta cada día menos adhesión popular, afuera, en la Plaza Congreso, tenía lugar el tercer día del acampe convocado por la CTA Autónoma contra el Presupuesto.

En esta jornada, dos cuestiones claves se robaron el temario: las implicancias para las provincias y para la Seguridad Social de aprobarse el Presupuesto 2019 que propone el proyecto oficial.

“Del ajuste que plantea este Presupuesto casi el 20% lo van a tener que hacer las provincias, a través de la quita de transferencias, haciéndose cargo de los subsidios al transporte y a la energía. Eso va a implicar o más ajuste para otras áreas o el traspaso de ese costo a todas nosotras y nosotros –explicó la secretaria de Acción Política de provincia de Buenos Aires, Griselda Cavalliere, secretaria de Acción Política de ATE provincia de Buenos Aires-. El Estado nacional firmó con el FMI la garantía de que, de acá a 2021, el consolidado de todas las provincias va tener un superávit del 0,25% del PBI. Es decir que las provincias tienen el ajuste que va por el Presupuesto 2019, y el ajuste que van a tener que hacer por sí mismas para cumplir con esa compromiso”.

Con Hugo Godoy, secretario adjunto de la Central y titular de ATE Nacional, como anfitrión, la carpa convocó a legisladores provinciales y nacionales y a dirigentes sindicales que dieron cuenta de la situación en sus distritos.

Guillermo Kane, diputado bonaerense (FIT), fue contundente: “Los 7000 millones de pesos que Vidal acordó ajustar en la mesa de los gobernadores equivale a todo el presupuesto de salud de la provincia. Hasta hablando con los diputados oficialistas, no saben de dónde lo van a sacar. Esos números no cierran, es inviable el ajuste que han acordado así como es inviable una reducción del Presupuesto nacional del 1,36%. ¿De dónde va a salir ese dinero?”.

La descripción de la situación en la provincia más grande del país es desoladora. Hasta la fecha, María Eugenia Vidal no ha publicado los datos de ejecución presupuestaria desde el último trimestre de 2017, sino que la relación entre la deuda y el PBI provinciales ya está en un 80%. “En esta casi certeza de que esta nueva bicicleta financiera que se ha largado con tasas cada día más altas tenga un éxito pasajero, vamos a estar asistiendo es a una nueva disparada del dólar de acá a un tiempo y probablemente esta relación llegue al 100%”, advirtió Kane.

En la misma línea se expresó su par Patricia Cubría (Movimiento Evita): “Este Presupuesto significa exponer miles de millones de dólares cotidianamente para esa bicicleta financiera que el Gobierno creó. Incluso los laburantes bajo convenio se están empobreciendo todos los días yendo a trabajar.

La situación no sólo limita a las provincias en lo presupuestario, sino en su capacidad de decisión sobre impuestos tan sensibles como Ganancias. “El artículo 82 de este Presupuesto elimina cualquier potestad que hasta ahora venían ejerciendo provincias y municipios para que este injusto tributo al salario de los trabajadores tuviera un impacto pleno. En Río Negro, el decreto 681 declaraba a las horas extras y a las guardias en los hospitales públicos como de dedicación exclusiva y no eran alcanzadas por el Impuesto a las Ganancias, ahora sí van a serlo”, analizó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Río Negro.

 

El capítulo de la Seguridad Social

Desde la resistida reforma previsional de diciembre pasado, la puerta al ajuste de la Seguridad Social –disfrazado de «Reparación Histórica»- se abrió para dejar entrar el fantasma del vaciamiento y la privatización del sistema, a la usanza noventista.

“La Comisión que deberá decidir la viabilidad del sistema previsional el año que viene tiene que dar un dictamen que va a decir obviamente que no es viable, es la profecía autocumplida”, explicó Graciela Iturraspe, ex diputada nacional por Unidad Popular y trabajadora de la Anses.

Iturraspe dio cuenta de la “letra chiquita” de la Asignación Universal a la Vejez “que dice que está atada a que haya recursos presupuestarios, es decir que si no hay recursos, no se cobra ni siquiera eso”. Y agregó: “Estamos en una situación de riesgo, nos tenemos que despabilar. Porque es ahora, mañana va a ser tarde”.

Por su parte, Luciano González, abogado previsional de ATE, sostuvo: “Lo que se propone este Gobierno en materia de seguridad social es lo que le dice el FMI hace dos años, que para poder entrar en la línea de crédito tiene que subir la edad de las jubilaciones, los años de servicios para jubilarse, modificar la Ley de movilidad, bajar la tasa de sustitución. Y a meses del comunicado del FMI, dictan la Ley de Reparación Histórica, una línea directa para desarmar, desfinanciar, y terminar vendiéndonos que la Anses no es sustentable para después querer volver a los sistemas privados”.

También dieron testimonio Mariano Robles, trabajador del PAMI San Martín, Diego Ramírez, delegado en Anses, y Carla Paiz, de la Agencia Nacional de Discapacidad, quienes narraron la situación preocupante que se vive en esos organismos y el abismo que se avecina de aprobarse este proyecto. A fin de octubre, de hecho, se espera la caída de miles de pensiones por discapacidad que en este momento están siendo revisadas.

 

Soberanía
Por la tarde, también tuvo su espacio la exposición de los trabajadores del Astillero Río Santiago, Fabricaciones Militares, Inti, Vías Navegables, y los talleres civiles y de Fuerzas Armadas que se vieron afectados por el ajuste con vaciamiento y cientos de despidos y ven peligrar las fuentes de trabajo y los organismos que sustentan parte de la soberanía de prosperar este proyecto.

 

Fotos: Prensa CTA Autónoma, ATE Nacional, ATE Provincia de Buenos Aires

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