Redacción Canal Abierto | En otro capítulo de los recortes que se vienen en el Presupuesto 2019, la comunidad teatral denunció un feroz ajuste que, además, se aprobó sin pasar por el Consejo de Dirección del Instituto Nacional del Teatro.
La creación del instituto a partir de la sanción de la Ley 24.800, estableció un presupuesto autárquico, proveniente de un porcentaje de la recaudación de impuestos publicitarios, en ese entonces recaudados por el COMFER.
El director ejecutivo de la entidad, Marcelo Allasino -designado por Mauricio Macri- elevó un anteproyecto presupuestario 2019 al Ministerio de Hacienda, donde propuso un importante recorte.
A pesar de que la ley es clara y establece la obligación de aprobar y proponer un presupuesto anual en el Consejo de Dirección, Allasino decidió presentarlo por su cuenta, omitiendo al consejo.
“Estamos muy preocupados porque en el interior se ha visto el cierre de salas emblemáticas, y hay otras que están mechando, por la reducción de los subsidios y el atraso en los pagos. Además, este año ya fue muy impactante en lo referido a lo tarifario para las salas de teatro independiente, que se han visto desbordadas por las boletas de luz, de gas, no se han podido sostener”, explicó Mariela Domínguez, miembro de la compañía teatral La tía Tota, de San Luis.
Actualmente, los apoyos resultan insuficientes para sostener una sala, realizar un festival, capacitaciones, publicaciones o giras. En lo que va del año, el transporte fue uno de los rubros que más se encareció (las naftas aumentaron un 50% en estos 9 meses) y las imprentas subieron cerca del 60%.
En otro punto de conflicto –y en la búsqueda de anular a la gestión colectiva del Consejo de Dirección- Allasino intentó desplazar a los consejeros con argumentos e interpretaciones reglamentarias y legales, cuestionables desde el sentido común y desde lo administrativo.
“Gabriel Arias, nuestro representante de funciones, fue cesado por cinco días, acusado de no ser compatible para los cargos y la ley ampara lo contrario. Lo que creemos es que es parte de querer garantizar la decisión colegiada, para poder arbitrariamente tomar estas decisiones como las del recorte”, manifestó Domínguez.
Otra falencia en la eficiencia y comunicación de Allasino fue la entrega del Archivo INT Data, que reunía miles de archivos en imágenes, películas y videos a la Biblioteca Nacional, sin consulta ni aprobación del Consejo de Dirección, afectando el patrimonio económico y simbólico institucional.
Ante todo este panorama, los y las teatristas autoconvocados se declararon en estado de asamblea permanente para construir y consensuar estrategias de lucha, y expectantes a lo que resulte de las sesiones del Consejo de Dirección.
“El recorte presupuestario pone en riesgo el quehacer teatral y vulnera el derecho de acceso a la cultura y es una medida funcional a las políticas neoliberales de vaciamiento del Estado”, advirtieron los teatristas.
Por su parte, la Sociedad General de Autores de la Argentina, también se manifestaron contra el ajuste. “Atentan contra los derechos adquiridos de quienes trabajan en la Cultura, en general, y en el teatro, en particular. Son logros fundamentales los que hoy se ven amenazados y con altas probabilidades de perderse. Las autoridades que integran los órganos de conducción de las instituciones que sufren las actuales políticas son las que deben responder y ofrecer alternativas de sostenimiento y crecimiento a una actividad de fundamental importancia en el tejido social, como es el teatro”.