Por Alicia Rivas | Son seis las trabajadoras que decidieron encadenarse en la sede el Ministerio de Desarrollo Social en Posadas el pasado 17 de octubre. Son cuidadoras maternales de las guarderías y promotoras de derechos de los hogares convivenciales que dependen del organismo. Llevan en promedio diez años cumpliendo tareas de cuidado en condiciones de precarización laboral extrema. Bajo la figura de becas que son renovadas año a año, se encubre una de las tantas formas de fraude laboral que se viene denunciando desde la ATE y la CTA Autónoma.

“Nuestro objetivo es el pase a planta permanente, estamos cansadas, no aguantamos más que nos discriminen, que nos ignoren como trabajadoras”, explica Silvia Cabrera, encadenada en el acceso al Ministerio. Y, desde allí, le pide a Lisandro Benmaor, ministro del área, “que se haga cargo del personal en negro que tiene». «Queremos que nos reconozcan como trabajadoras con muchos años de antigüedad”, agrega.

En la ciudad de Posadas funcionan ocho guarderías y varios hogares convivenciales y de contención para niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal. Allí trabajan con diversas modalidades de contratación, todos precarios, más de cien ciudadoras maternales y promotores de derechos. En su gran mayoría mujeres que, además, son sostén de hogar por lo que la falta de estabilidad laboral, los bajísimos sueldos y la demora en los pagos las afecta de manera dramática.

“Ésta es una lucha larga y constante que se da en este Ministerio, no sólo en esta gestión. Los trabajadores somos considerados como mano de obra esclava”, sostiene David Lombardi trabajador de ese organismo e integrante de la comisión directiva de la CTA-A Misiones.

Por su parte, Mirian López, secretaria adjunta de ATE Misiones y trabajadora también de ese Ministerio, remarcó que el gobierno provincial viene precarizando áreas del Estado fundamentales para garantizar derechos, sobre todo a los sectores más vulnerables. Valoró la decisión de estas trabajadoras que a pesar de las múltiples presiones y los hostigamientos decidieron organizarse. Están afiliadas a ATE desde 2016 y desde allí comenzaron a reclamar por incrementos salariales y pase a planta permanente.

«La precarización laboral es estar en negro, es no tener obra social, no saber si a fin de mes te van a pagar, es que te digan que no tenés voz, es que te maltraten, que te tengan tapando agujeros, que pases varios meses sin cobrar o sin saber cuánto te van a pagar -agrega Claudia Benítez, también encadenada-. Acá nos vamos a quedar hasta que nos reconozcan el derecho a la planta permanente, nos reconozcan nuestros derechos como trabajadoras”.

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