Por Leonardo Wexell Severo* | El 15 de junio de 2012, en Marina Kue (Curuguaty, Paraguay), 324 policías fuertemente armados con fusiles, caballos, escudos e incluso helicópteros, rodearon un asentamiento con menos de 60 campesinos, la mitad de ellos mujeres, niños y ancianos. La acción de francotiradores del Grupo Especial de Operaciones (GEO) -entrenado por militares estadounidenses y técnicos de la CIA- causó la muerte de seis policías y once trabajadores rurales. El río de sangre derramada, debidamente canalizado por los medios, llevó al derrocamiento del presidente Fernando Lugo una semana después.

La reciente decisión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) de Paraguay de procesar a los jueces Emiliano Rolón y Arnaldo Martínez Prieto por revocar la sentencia de los once campesinos condenados por la que pasó a la historia como “la masacre de Curuguaty” vuelve a movilizar al país vecino contra la vergonzosa manipulación del Poder Judicial por los grandes terratenientes.

La denuncia contra los dos magistrados fue formulada por la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, quien alegó «mal desempeño en sus funciones». Una vez anunciada la absolución de los campesinos -presos políticos de Curuguaty-, la procuradora amenazó a los jueces con que serían activados «todos los mecanismos legales» para que su comportamiento no quedara impune.

También perdió la compostura el fiscal Jalil Rachid (hijo de Blader Rachid, ex presidente del Partido Colorado del dictador Alfredo Stroessner), quien calificó la liberación de los campesinos de «canallada jurídica». Una buena parte de la acusación había sido orquestada por su batuta criminal: fue él quien convocó a 240 testigos, la gran mayoría agentes del Estado y dependientes del Ministerio del Interior y del Vice Ministerio de Seguridad Interna, que a partir de 2016 pasó a ser dirigido por Jalil. Después de omitir informaciones, fabricado declaraciones y hecho desaparecer pruebas, fue debidamente premiado.

Sin ninguna prueba, los campesinos habían sido condenados a hasta 35 años de prisión por «homicidio doloso, asociación criminal e invasión de inmueble ajeno». Conforme a la pericia, los 17 muertos fueron baleados con armas de grueso calibre, jamás encontradas entre los campesinos. La única asociación existente fue estimulada y legalizada por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) para reivindicar la propiedad pública de dos mil hectáreas en Campos Morumbí, finca donde ocurrió la masacre, que la familia del latifundista Blas Riquelme hasta entonces insistía en decir que era suya.

 

Respuesta

La reacción contra la farsa montada por la Procuraduría General del Estado, y acatada por el JEM, fue inmediata. Como miembro de la Tercera Sala de Apelación en lo Civil y Comercial e integrante de la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en la causa, Arnaldo Prieto decidió procesar a Quiñónez y proponer su inhabilitación por estar violando la Constitución «al atentar contra la independencia del Poder Judicial, en lugar de velar por el respeto de los derechos y garantías establecidos en ella».

En ese mismo sentido, el juez Rolón respondió a la agresión de Quiñónez, dueña de una tenebrosa historia de persecución y criminalización a movimientos que luchan por la tierra. «Como miembros del Tribunal Supremo de Justicia hemos sido procesados por el JEM. Eso es inédito. Asumimos nuestra responsabilidad y, como Tribunal, tomamos la decisión de acuerdo con la ley y ahora deciden procesarnos. Es una contradicción y afrenta a la República», condenó.

Para José Gil Ojeda, veterano dirigente de las Ligas Agrarias Cristianas de Paraguay, preso y exiliado por la dictadura de Stroessner, «así como en el caso del castigo a los campesinos de Curuguaty lo principal fue disuadir la lucha por la reforma agraria e infundir miedo, no se necesita ser un profesional del derecho para ver que quieren transformar a esos dos jueces en chivos expiatorios».

«Tengo la convicción de que desde que Sandra Quiñónez fue nombrada existe este plan. Fue designada procuradora general por quien elaboró el plan de procesar y condenar a los jueces, pues querían una revancha contra el triunfo que obtuvimos con la nulidad del juicio. Ante eso, sabemos perfectamente que no ahorrarán argumentos falsos, que buscarán validar con su influencia jurídica «, destacó. De la misma forma, explicó: «Jalil Rachid fue elegido a dedo y definido de antemano para encubrir a los verdaderos culpables y sus crímenes».

Por su parte, el Frente Guasú denunció a Quiñonez por «no sólo estar gestando un proceso manipulado y viciado que llevó a campesinos inocentes injustamente a la prisión, dejando al mismo tiempo de investigar los hechos que condujeron a la muerte de compatriotas, sino también por estar siendo cómplice de la actuación delincuente de Jalil Rachid, quien sostuvo este aberrante proceso judicial».

El coqueteo cariñoso de Rachid con la familia Riquelme y el odio desmedido a quien pone en jaque sus intereses son dos lados de una misma moneda. Según denunció hace dos años el abogado Darío Aguayo, «el latifundio de los Riquelme es un búnker de la actividad delictiva. Pretendían anexar Marina Kue para ampliar su mar de marihuana y soja transgénica». Simplemente así.

En Paraguay, el 2,5% de los propietarios, dueños del 85% de las tierras cultivables -el 94% de ellas destinadas a la exportación-, siguen mandando y desmandando en el país que alimenta a 60 millones de personas en el planeta, mientras oficialmente casi un tercio de su población de 6,7 millones pasa hambre.

 

*Periodista de Hora do Povo (Brasil)

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