Redacción Canal Abierto | En la mañana de este 27 de noviembre murió otro joven víctima de la peor masacre de la historia en comisarías argentinas. Estaba detenido en la 3ra de Esteban Echeverría el pasado jueves 15 cuando se produjo el incendio. Otro sobreviviente continúa en estado crítico.

Carlos Ariel Corvera tenía 25 años y estaba detenido por intentar robar una cortadora de césped. Había ingresado en julio en otra comisaría y luego fue trasladado a la 3° de Esteban Echeverría. La noche del 15 de noviembre cuando se produjo el incendio hacía tres semanas que estaba alojado allí.

Informa la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) que luego de la masacre, Corvera fue trasladado al hospital de Ezeiza donde falleció esta mañana. La semana pasada, mientras permanecía internado en estado crítico, el TOC 10 de Lomas de Zamora le concedió la excarcelación.

“Una vez más el caso de Corvera confirma lo que desde la CPM venimos denunciando sistemáticamente: la política criminal que sólo promueve la persecución y el endurecimiento de penas constituye un fracaso que sólo conduce a generar más violencia y más vulneración de derechos”, señala un comunicado del organismo que preside el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

Los relatos coinciden en que la policía, primero, cortó la luz en los calabozos cuando un grupo de detenidos se negó a apagar la música. Esa decisión, sumada a las degradantes condiciones de alojamiento como la falta de colchones, derivó en una protesta con fuego por parte de los detenidos. Fue allí cuando los efectivos deliberadamente cerraron el suministro de agua a los calabozos que habría evitado las muertes.

Según testimonios de los sobrevivientes –había 27 detenidos en el destacamento, que tenía ordenada la clausura judicial para alojamiento y ni siquiera contaba con la cantidad de plazas ni colchones para la mitad de ese número– no se trató de un intento de fuga ni de un motín. “Ahora se van a quemar como las ratas que son”, escucharon de parte de los efectivos que asistían, impávidos, al horror y en medio de los pedidos desesperados de ayuda.

El gobierno provincial “tampoco tomó ninguna medida para apartar de sus funciones de manera preventiva a los agentes policiales que estaban a cargo de las víctimas. Además, siguen prestando servicio en la misma dependencia, incluyendo al comisario que llama por teléfono a los familiares citándolos a la comisaría en un claro gesto intimidatorio”, denunciaron desde la CPM.

Las víctimas fatales hasta el momento de este crimen estatal son: Juan Carlos Fernández, tenía 31 años y cuatro hijos; Elías Soto de 20 años; Miguel Ángel Sánchez, detenido por tenencia simple de estupefacientes; Jeremías Rodríguez de solo 19 años; Jorge Ramírez de 30 años, Eduardo Ocampo de 60, Juan Lavarda de 59, Walter Barrios de 21 y Carlos Ariel Corvera de 25 años.

El sistema de la crueldad

Según un reciente relevamiento del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), 1.835 de los 4.052 detenidos en comisaría están en calabozos clausurados administrativa y judicialmente. A pesar del fallo de noviembre de 2017 que prohíbe que haya detenidos en dependencias policiales, la cantidad aumentó hasta alcanzar una superpoblación del 300%.

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