Redacción Canal Abierto | Durante la noche del lunes 19 de noviembre, falleció el joven Walter Barrios, de 21 años, ascendiendo a 8 la cifra de víctimas fatales por la masacre de la Comisaría 3° de Transradio, en Esteban Echeverría, ocurrida el jueves 15 de noviembre (ver nota previa). Según señalo la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) “se trata de la mayor masacre en la historia de las comisarías argentinas, y la misma es resultado directo del hacinamiento y la sobrepoblación, entre otros factores de violación de derechos en contexto de encierro, de una política criminal que persigue y encierra a los pobres”.

Los relatos coinciden en que la policía, primero, cortó la luz en los calabozos cuando un grupo de detenidos se negó a apagar la música. Esa decisión, sumada a las degradantes condiciones de alojamiento como la falta de colchones, derivó en una protesta con fuego por parte de los detenidos. Fue allí cuando los efectivos deliberadamente cerraron el suministro de agua a los calabozos que habría evitado las muertes.

Según testimonios de los sobrevivientes –había 27 detenidos en el destacamento, que tenía ordenada la clausura judicial para alojamiento y ni siquiera contaba con la cantidad de plazas ni colchones para la mitad de ese número– no se trató de un intento de fuga ni de un motín. El fuego podría haber sido rápidamente apagado de no haber sido cortado arbitrariamente el suministro de agua hacia los calabozos. “Ahora se van a quemar como las ratas que son”, escucharon varios sobrevivientes de parte de los efectivos que asistían, impávidos, al horror y en medio de los pedidos desesperados de ayuda.

Para la CPM resulta urgente la necesidad de avanzar en las responsabilidades de los efectivos y autoridades de la Comisaría 3° así como de los funcionarios policiales de la departamental y funcionarios  políticos y judiciales, considerando las graves circunstancias y acciones directas en esta masacre y también la ilegalidad del alojamiento de detenidos en esa comisaría por orden judicial.

“Las primeras pruebas en la causa indican que los policías que estaban funciones el jueves desoyeron los gritos de auxilio y cerraron la llave de paso de agua para impedir las tareas de rescate. Es inconcebible que estando la central de bomberos al lado de la dependencia policial no pudo extinguirse el incendio de manera inmediata antes de que se expandiera”, explicaron desde la CPM.

El Estado es responsable del hecho: todas las denuncias de la CPM –presentadas ante tribunales internacionales y la Corte bonaerense– señalaban que otra masacre como la de Pergamino, ocurrida el 2 de marzo del 2017, era posible.

Sigue siendo práctica generalizada la detención de personas en comisarías bonaerenses inhabilitadas por orden judicial para hacerlo, y el 80 por ciento de las dependencias policiales no cuentan con elementos para prevenir incendios. Al mismo tiempo, los registros de la CPM confirman los niveles de sobrepoblación y hacinamiento.

La CPM repudió esta masacre y responsabiliza al Poder Ejecutivo provincial y a la Suprema Corte bonaerense. Las advertencias sobre las condiciones inhumanas en que se encuentran los lugares de encierro en la Provincia, y el reconocimiento que estas denuncias han tenido en ámbitos judiciales de nuestro país le otorgan más gravedad a lo sucedido.

El gobierno provincial “tampoco tomó ninguna medida para apartar de sus funciones de manera preventiva a los agentes policiales que estaban a cargo de las víctimas. Además, siguen prestando servicio en la misma dependencia, incluyendo al comisario que llama por teléfono a los familiares citándolos a la comisaría en un claro gesto intimidatorio”, denunciaron desde el organismo.

Las víctimas fatales hasta el momento de este crimen estatal son: Juan Carlos Fernández, tenía 31 años y cuatro hijos; Elías Soto de 20 años; Miguel Ángel Sánchez, detenido por tenencia simple de estupefacientes; Jeremías Rodríguez de solo 19 años; Jorge Ramírez de 30 años, Eduardo Ocampo de 60, Juan Lavarda de 59 y Walter Barrios de 21 años.

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