Redacción Canal Abierto | El Juzgado Federal a cargo de Roberto Gallardo hizo lugar a una acción de amparo presentado por el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y la CORREPI, por la cual se suspende la normativa firmada pro el Ministerio de Seguridad de la Nación que establece en el protocolo de uso de armas de fuego por parte de las Fuerzas de Seguridad que los efectivos puedan disparar en caso de fuga, aunque no peligre su vida ni la de terceros.
Si bien el fallo sólo tiene alcance en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para los efectivos de la Policía de la Ciudad y no para las fuerzas federales que operan en ella, como la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería, plantea un revés al avance propuesto por la ministra Patricia Bullrich, sobre quien además pesan otras denuncias por abuso de la autoridad vinculadas con la firma de este protocolo. Esta presentación y su aceptación por parte del juzgado puede funcionar como disparador para otras acciones iguales en el ámbito nacional y del resto de las jurisdicciones provinciales.
Consultada por Canal Abierto, la abogada de CORREPI María del Carmen Verdú, firmante de la presentación remarcó la urgencia con la que el juzgado dio lugar a la cautelar, dándola a conocer esta madrugada, fuera de los horarios hábiles: «esta norma ya estaba vigente en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires como en el resto del país respecto de las fuerzas federales que pululan en el ámbito de CABA el peligro era concreto y real y finalmente yendo a la cuestión más de fondo, más allá de que esta es una cautelar que estará vigente en tanto se resuelva la cuestión de fondo con toda el trámite que requiere la acción, reconoce que hay una diferencia sustancial entre lo que dice la resolución y estas normas de superior jerarquía que dicen lo contrario, que no se puede utilizar el arma de fuego contra una persona que fuga o contra una persona que no está armada por más movimiento sospechoso que haga».
Sobre los argumentos de la presentación, Verdú contó que se trató de «una acción de amparo explicando en el texto de qué manera esta resolución contradice frontalmente la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad, como la reglamentación específica preexistente en materia de uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad y en particular de qué manera colisiona con normas supraconstitucionales como las que están convenidas a partir de la incorporación de resoluciones de Naciones Unidas en la Ley de Seguridad Interior 24059, que impuso como obligatorias para todas las fuerzas de seguridad, federales o locales, de nuestro país el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los principios básicos de actuación para estos mismos funcionarios, que son dos resoluciones de Naciones Unidas: la Asamblea General de 1969 y el otro de la Conferencia de La Habana de 1990»
«Nosotros utilizamos nuestros recursos a nuestro alcance, en este caso por esta vía porque era la más rápida, la más agil la que permitía una resolución en menor tiempo por las características que tiene en el fuero de la Ciudad el trámite. Pero estamos convencidos y convencidas de que estas peleas no se ganan con sentencias judiciales. Estas peleas se ganan como ganamos el que no se diera el beneficio del 2×1 a los genocidas: con protagonismo popular, movilización y presencia en las calles manifestando el repudio de la ciudadanía.» concluyó la abogada.
En este sentido, CORREPI convoca a participar de la Marcha de la Resistencia mañana a las 17 en Plaza de Mayo bajo las consignas No al gatillo fácil y Anulación de la resolución. También denunciarán el cierre de la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado.