Redacción Canal Abierto | La Justicia de Neuquén investigará por «delito de instigación de usurpación» a las familias que componen el Lof Fvta Xayen y defendieron sus derechos territoriales. Los principales imputados son las autoridades originarias de la Confederación Mapuche de esa provincia: Jorge Nawel, Gilberto Wilipan y Rolando Cherqui.

La comunidad fue informada ayer sobre este fallo que derivó de la formulación de cargos solicitada por la Fiscalía y el grupo de empresarios de Tratayen, a raíz del conflicto

“Son las paradojas de la Justicia. Nosotros hicimos denuncias de todo tipo por el despojo creciente que hay de tierras mapuches en la provincia, producto de la actividad petrolera y la fuerte contaminación. Hubo denuncias penales de nuestra parte, y los que somos convocados a sentarnos en el banquillo de los acusados somos las autoridades mapuches. Mientras, los gerentes de las empresas y los responsables de los organismos públicos que deberían controlar esta contaminación creciente andan tranquilos por la calle”, expresó Jorge Nawel, autoridad de la Confederación Mapuche.

La comunidad solicitó a través de sus defensores que se garantizase un traductor de su idioma y les fue negado. Por ese motivo, realizarán una impugnación a este proceso que, además, no cumple con las obligaciones internacionales que la Justicia no puede eludir.

En otras palabras, exigirán que las garantías procesales contenidas en el Convenio 169 de OIT para autoridades de un pueblo originario sean cumplidas.

“Ellos entienden que las comunidades están generando un avance sobre la tierra privada y la tierra de las empresas y que eso está instigado por la mala fe o la mala intención de la organización mapuche”, sostuvo Nawel.

“Sin embargo, lo que la Justicia está haciendo es en pos de defender los intereses de las corporaciones petroleras –agregó-. Quieren instalar una base militar en la región para proteger la inversión de las agencias norteamericanas. Todo es posible en este marco de abuso de poder, de impunidad con la que está actuando el poder económico de las petroleras”.

La Fiscalía también solicitó realizar pruebas como la captura de las comunicaciones, previas a la acción de derecho realizada por el Lof Fvta Xayen, y la geolocalización de los teléfonos celulares de las autoridades mapuches en esos días y posteriores.

“Esto es interesante porque es lo que vienen pidiendo de todas las formas los abogados de la familia Maldonado. Porque si se pudiera geolocalizar su celular, se sabría qué es lo que ocurrió con Santiago antes de que fuera depositado en el río. Sin embargo esto no ocurrió, y lo nuestro lo ordenan de manera urgente y lo van a hacer”, explicó Nawel.

Las autoridades y la confederación toda expresaron en un comunicado que aceptan subir al estrado y declarar porque allí se exteriorizará todo lo que ya vienen denunciando.

Esto es una embestida contra todo aquello que se oponga al fracking en Vaca Muerta, para lo cual necesitan criminalizar, procesar y condenar a todos los que nos organizamos para defendernos de las petroleras. La defensa del derecho para ellos es un delito y hay que reprimirlo. Esa es la doctrina Bullrich, y si hace falta, tirar un tiro en la cabeza, como han hecho, lo van a hacer”, finalizó el líder de la Confederación.

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