Redacción Canal Abierto | Al momento del pago de la última cuota, a efectuarse recién en 2033, los Macri se ahorrarán 70 mil millones de pesos. Es decir, gozarán de una quita del 98,87% de su deuda en perjuicio del erario público.

En febrero de 2017, los polémicos beneficios del Gobierno en favor de las empresas del Clan Macri llegaron a su punto culmine. Al decreto firmado por el Presidente en noviembre de 2016 para habilitar a familiares de funcionarios a ingresar al blanqueo de capitales, un año después la sumó esta millonaria reestructuración de deuda en beneficio de Correo Argentino.

Según precisó hace más de un año Gabriela Boquín, fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, el ofrecimiento realizado por los titulares de Correo Argentino debe considerarse “abusivo” considerando los ex dueños de Correo Argentino sólo pagarían el 1,18% de su deuda con el Estado.

A pesar de los intentos por cajonear el expediente judicial –que incluyó una excusación de Mauricio Macri y el posterior cierre del expediente administrativo por parte de Gabriela Michetti, hasta el deslinde de responsabilidades de la Oficina Anticorrupción de Alonso-, la causa contra los Macri continúa. E incluso salpica a otros funcionarios, como al ex ministro de Comunicaciones y actual ministro de Defensa, Oscar Aguad, recientemente llamado a indagatoria por el juez federal Ariel Lijo como responsable de ordenar la validación de aquel acuerdo.

Hoy, la novedad es el rechazo de la Corte Suprema al recurso presentado por la firma presidencial para desplazar a Gabriela Boquín. De esta manera, el máximo Tribunal agotó las instancias para evitar que se lleven adelante una serie de medidas clave solicitadas por la fiscal, y que se estima apuntaran a investigar el corazón del holding de la familia presidencial.

Historia de una estafa

Allá por 1997, y gracias al gobierno de Carlos Menem, el Grupo Macri consiguió la concesión de la empresa postal que administró a través de su empresa Sideco Argentina. Desde entonces, y hasta su re estatización en 2003, el Grupo incumplió continuamente distintas cláusulas contractuales, entre ellas el pago del canon de 51 millones semestrales pactado a partir del año 2000. Además, en su momento los Macri incrementaron un 750 por ciento la tarifa de la casilla postal, dolarizaron las tarifas correspondientes a envíos al exterior –por supuesto, sin previa autorización por parte de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) –, la obtención de contrataciones directas sin ningún tipo de control por parte del Estado y la evasión del pago de aportes patronales que llegó a ascender a 528 millones de pesos.

Sin embargo, no sólo se trató de acumular deuda, sino también causas judiciales de lo más variadas: por haber hecho pasar como inversión inicial dinero utilizado en la indemnización de los miles de despidos, por contrataciones directas por parte del Estado y por haber realizado fusiones de empresas sin ningún tipo de autorización, entre otros ejemplos.

Si bien a las claras se trata de un acuerdo ruinoso para el Estado, sea quien fuere el privado en cuestión, el agravante central de la polémica gira en torno a su particular beneficiario: el grupo económico presidencial que tiene a Franco Macri como principal representante.

La deuda original del Correo Argentino con el Estado era de 296.205.376 pesos, allá por 2003. Según las actualizaciones que hizo la DAFI, dicha deuda al 2017 supera los 4.000 millones de pesos, y proyectada al 2033, cuando los Macri van a terminar de pagar, es que da 71.001.731.324 pesos.

La propuesta que aceptó el gobierno implica una quita de 70.163.910.895 pesos, el 98,82 por ciento. Para dar una idea, representa mas de la mitad de lo que el Estado nacional destinó a Educación en 2017, y supera ampliamente el gasto en Salud a lo largo del mismo año.

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