Redacción Canal Abierto | “Los dos procesos contra Lula fueron signados por excesos de delaciones premiadas. Condenados en otros delitos que, a cambio de una reducción de su pena, deciden denunciar a supuestos cómplices”. De esta manera describe Darío Pignotti, corresponsal argentino en Brasil, los motivos que desencadenaron en una nueva condena, a 12 años y 11 meses de prisión, contra el ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por presuntos crímenes de corrupción y lavado de dinero.
En este caso, el líder del PT acaba de ser condenado por la jueza Gabriela Hardt, del Tribunal Federal de Paraná, quien consideró que se vio favorecido por las empresas OAS y Odebrecht en las reformas hechas en una casa de campo que el ex mandatario frecuentaba.
“Lo mismo que ocurrió en la causa anterior, que está vinculada a un departamento en la ciudad balnearia de Guaruja. En ésta es una quinta de fin de semana en Atibaia en el interior del estado de San Pablo. Lo que predominó fue que la jueza tomó como verdades las denuncias de empresarios que de esa forma quedaron en libertad o tuvieron sus penas reducidas- explica Pignotti-. Es el mismo juzgado que lo condenó hace dos años en la Sala Federal Nº 13 de Curitiba, en el estado de Paraná. No hay que perder de vista que la jueza en cuestión es la reemplazante del famoso juez anticorrupción Sergio Moro, quien luego de haber sentenciado a Lula, según la interpretación de algunos, fue premiado por el presidente Jair Bolsonaro y actualmente es Ministro de Justicia de Brasil. Por lo tanto, observar en estas dos causas elementos políticos es algo que salta a la vista”
La condena que firma Hardt es por el supuesto recibo de sobornos, gracias a los cuales Lula habría sido beneficiado por empresas constructoras que, por su parte, habían tenido contratos con Petrobras. La investigación, en el marco del Lava Jato, estableció que Odebrecht pagó por las obras de esa quinta un monto de 1,26 millones de reales.
Lula se encuentra detenido desde abril de 2018 en una cárcel de Curitiba, purgando una condena de 12 años y un mes que fue ratificada por la Cámara de Apelaciones del Tribunal Regional Federal Nº 4 de Porto Alegre, de Rio Grande Do Sul, otro estado del sur de Brasil. Para Pignotti, los abogados de Lula seguramente apelarán “al mismo tribunal de segunda instancia de Porto Alegre, donde varios de los jueces tiene una relación de amistad personal con el ministro Moro”.
“Nadie considera que Lula pueda tener mucha suerte en este segundo foro –anticipa-. Pero los tiempos políticos y los tiempos judiciales en Brasil están muy superpuestos. Habrá que aguardar, porque en el primer mes de gobierno del presidente Bolsonaro los resultados han sido módicos, su imagen probablemente haya perdido puntos de aprobación y esto no debe desvincularse de la evolución de la causa en sí”.