Redacción Canal Abierto | Como en otras situaciones, la desigualdad entre los sectores más y menos favorecidos de la Ciudad de Buenos Aires también se expresa en la velocidad de propagación del coronavirus. El 21 de abril pasado se conoció el primer caso de COVID-19 en la el Barrio Carlos Mugica, ex Villa 31. Hoy, el número asciende a 107, el cual incluye a la primera víctima fatal ocurrida este fin de semana. Una situación similar se vive en el Barrio Padre Ricciardelli, (ex Villa 1-11-14) de Flores, donde el número de contagiados registrados es de 62. Entre ambos barrios suman el 15% del total de contagios en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Si se compara con el desarrollo de la pandemia en el total de la Ciudad, se observa que el crecimiento desde el primer caso, registrado el 3 de marzo, fue del 64% en dos meses. Cuando esa comparación entre el primer caso y el número actual se restringe a Retiro, donde se encuentra al Barrio Carlos Mugica, la cifra se dispara un 764% en la última semana.

La situación llevó a distintas acciones para que el gobierno que encabeza Horacio Rodríguez Larreta tome cartas en el asunto garantizando las medidas que aplaquen la curva de contagio en estas poblaciones. Por un lado, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel junto a Nora Cortiñas encabezaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ésta fue acompañada por las firmas de numerosas organizaciones y personalidades destacadas.

Por su parte, el Observatorio del Derecho a la Ciudad presentó una medida cautelar ante la Justicia de la Ciudad pidiendo que intimen al gobierno porteño a garantizar el acceso al agua potable a las poblaciones populares. Ante el primer pedido, hecho directamente a la Jefatura de Gobierno, ésta se desentendió bajo el argumento de que es una responsabilidad que le incumba a AySA.

«La problemática que tienen los barrios populares, que hace más grave que se empiece a propagar tanto el dengue como el coronavirus, es que son lugares de alto riesgo por la falta de servicios públicos sanitarios, el hacinamiento, la construcción de viviendas de escasa ventilación, por la necesidad de las familias de buscar agua o alimentos del gobierno para lo que tienen que estar saliendo y movilizándose por el barrio -explicó a Canal Abierto Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio-. Al gobierno se le venía avisando que se tenían que tomar medidas preventivas más intensas que en el resto de la ciudad para evitar que cuando algún habitante de esos barrios se contagiaran esa enfermedad se propagase con mayor velocidad y celeridad».

Baldiviezo sostuvo que estos barrios «tienen una estructura de servicios públicos precaria que no garantiza la potabilidad del agua, que muchas veces se ve contaminada por aguas servidas, porque las mangueras o los caños se rompen, se contaminan con el suelo y con otros caños cloacales».

«Justamente, tanto para el dengue como para el coronavirus el agua potable es esencial, no sólo por la higienización, sino para evitar la acumulación de agua en recipientes o tachos que no son adecuados y permiten que crezca el mosquito del dengue», agregó.

Y concluyó: «también se había pedido que empiece a proveer a la población elementos de higiene personal y garrafas para que puedan hervir el agua. Como el gobierno no las adoptaba, tuvimos que presentar una acción judicial solicitando a los jueces que lo ordenen al gobierno. Es una decisión que probablemente termine resolviendo esa medida cautelar, ya sea a favor o rechazándola, pero ya estamos en la instancia en la que la Justicia decida si el Gobierno de la Ciudad tiene o no que proveer estos derechos humanos y básicos».

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