Redacción Canal Abierto | “Gracias, gracias, gracias. Si hoy estamos donde estamos es gracias al esfuerzo de todos. Pero, lo peor ya pasó y ahora vienen los años en que vamos a crecer. Las transformaciones que hicimos empiezan a dar frutos, a sentirse, como las siente esa familia que no tenía agua ni cloacas y ahora las tiene; como las siente esa pareja de enamorados que no podía acceder a su vivienda propia y en estos dos años lo consiguió; como lo siente aquel trabajador que vuelve a casa, después de un largo día bajo la lluvia, y no tiene que embarrarse porque le llevamos el asfalto a su cuadra; como la siente cada emprendedor que pudo crear esa pyme con la que soñaba”.
Así comenzaba hace un año el discurso de Mauricio Macri en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Fuertes y confiadas palabras que –en su mayoría- sólo quedarían en eso: palabras.
“Ustedes me pusieron acá para emprender juntos este camino. Un camino de desarrollo, en el que estamos combatiendo la pobreza para que nadie quede atrás”, continuaba.
Pero, la Pobreza Cero será una cuenta pendiente para el Gobierno actual, ya que la Cepal estima que el país recién podría lograr una mejora significativa en sus indicadores dentro de cuatro años.
Sólo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el número de personas en situación de indigencia pasó de 100.000 a 198.000 en los tres años que lleva esta gestión. Para reducir la pobreza a la mitad, la Cepal recomienda “impulsar políticas redistributivas en materia de ingresos, avanzar en la promoción de empleos de calidad y fortalecer las políticas públicas de protección social”.
“Ustedes escuchan que algunos nos critican por ir demasiado lento y otros por ir demasiado rápido. Los primeros piden un shock de ajuste, y a ellos les digo que acá vinimos a reducir la pobreza y a asegurarnos que ningún argentino pase hambre. Y los otros nos piden que nada cambie, y yo les digo: si nada hubiese cambiado estaríamos como otro país hermano que está en una desintegración social”…
En fin… La palabra “gradualismo” resonó en varias disertaciones del Presidente durante el año pasado. Y en este camino del cambio también prometió: “Vamos a dejar de endeudarnos y se van a multiplicar las inversiones en un país confiable. Tenemos metas para bajar la inflación, para reducir el déficit fiscal. Y las vamos a cumplir. La inflación del 2017 fue menor a la del 2016. La de este año va a ser aún menor, y la del año que viene, aún menor a la de 2018”.
Pero, la primera de sus promesas cayó dos meses después, cuando la Argentina volvió a financiarse con recursos del Fondo Monetario Internacional con un acuerdo por US$50.000 millones. Esto sucedió a 12 años del cancelamiento de la deuda con este organismo.
La meta de bajar la inflación –y la mentira de que ya lo está haciendo- se contradice con los datos duros aportados por el Indec. Según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el primer mes del año cerró con un 2,9% de aumento. Diciembre cerró con 47,6%, la inflación más alta desde 1991. Con esta suba, en relación con enero 2018, la variación fue del 49,3%.
Y seguía: “Queremos un Estado al servicio de la gente, y un Estado al servicio de la gente es también un Estado transparente, que muestra cómo gasta su plata y que tiene funcionarios obligados a tener un alto estándar ético”.
El 10 de diciembre de 2015, cuando asumió Mauricio Macri, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES era de US$62.157 millones. Según el último informe de septiembre de 2018, al tipo de cambio de $29,57 por dólar del 29 de junio (hoy la divisa roza los 40 pesos), se ubicó entonces en el equivalente a US$46.364 millones.
La devaluación y el desmanejo de las acciones en manos del organismo (al menos el 80% del Fondo está en papeles, títulos y bonos) fueron algunas de las razones que explicaban este deterioro patrimonial, equivalente a un cuarto de su valor en dólares.
El Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de ATE denunció la Resolución Conjunta 37/2018, Secretaría de Finanzas y Secretaría de Hacienda, que dispuso la trasferencia de $96.000.000.000 millones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, en letras del Tesoro nacional a los efectos de hacer frente a gasto corriente.
“Estamos viviendo un boom de crédito hipotecario. 2017 fue el año, casi en 20, con más créditos. Decenas de miles de familias compraron sus casas con cuotas más bajas que el alquiler que pagaban, y 3 millones de familias tomaron créditos en el ANSES para hacer refacciones o conectarse a las redes de cloaca y agua”, continuaba el Presidente.
La realidad es que, quien accedió a un crédito UVA –programa creado en su gestión- a 20 años por $1.000.000, en sus comienzos pagaba una cuota de $7.915. Hoy esa cuota ascendió a $14.220 y su deuda al banco es de $1.729.329, casi un 80% más de lo solicitado.
Si bien los bancos podían extender el crédito hasta diez años cuando la inflación supera los ingresos, “con la velocidad que aumenta la inflación en este momento y la pérdida en términos reales del salario disponible, lo más factible es que a la persona ni siquiera le alcancen esos diez años para poder cumplir con el crédito”, explicó el economista Alejandro López Mieres.
Más adelante decía: “Durante estos dos años avanzamos mucho. Juntos logramos acuerdos que generan empleo y llevan oportunidades nuevas a nuevas partes del país. Gracias a esto, la desocupación está bajando y el total de trabajadores registrados aumentó en casi 270 mil”.
Al finalizar el 2018, la cantidad de asalariados registrados del sector privado alcanzó una cifra similar a la de 2015. Frente a un incremento de la población al 1% anual, el nivel absoluto de trabajadores registrados en el sector privado se mantiene estable, explicó Luis Campos, del Observatorio del Derecho Social de la CTA-A. “En términos relativos, esto es una caída muy importante para este sector”.
“Esto afecta particularmente a los trabajadores y trabajadoras de la industria manufacturera. En tres años, más de 100.000 trabajadores perdieron su puesto en esta rama. Es algo que no se veía desde la salida del régimen de convertibilidad en 2001/2002”, sostuvo Campos.
Otro fenómeno que se destaca desde el Observatorio es el efecto de sustitución que hay en el mercado laboral ante la caída de puestos registrados. “Lo que se pierde en el empleo registrado, se termina transformando en formas más precarias de inserción en la estructura ocupacional, fundamentalmente en trabajo por cuenta propia, y en muchos casos, por cuenta propia de subsistencia, quienes se dedican a hacer changas, a hacer lo que pueden porque, obviamente, el desempleo es un lujo demasiado caro”.
Por otro lado, expresó: “Queremos que todos los argentinos estemos conectados, que tengamos acceso a internet y mejor conexión en los celulares”.
Desde la asunción de Macri, la entrega de netbooks que llevaba adelante el plan Conectar Igualdad se redujo un 70% en 2016. En 2017 quedó reducido a la reparación de máquinas, y se despidieron más de 130 empleados encargados de coordinar este plan instalado en 2010.
Siguiendo en la línea de los niños, Macri dijo: “En la Argentina 4 de cada 10 chicos están malnutridos. Somos el país con mayor obesidad infantil en América Latina y, aunque sorprenda, somos uno de los 4 países que más azúcares consume en el mundo. La obesidad infantil y la desnutrición son dos caras de la misma moneda, y tienen consecuencias directas en la salud y en el desarrollo de los chicos”.
Y así es. El 48% de los niños, niñas y adolescentes en Argentina es pobre, según un estudio de UNICEF que mide la pobreza multidimensional (metodología que toma en cuenta diferentes dimensiones, desde el acceso a una vivienda adecuada de los niños hasta la escolaridad).
De ese total, 20 puntos porcentuales corresponden a privaciones “severas”, como vivir en una zona inundable y cerca de un basural o no haber ido nunca a la escuela entre los 7 y los 17 años, mientras que un 4,9% viven en la “extrema pobreza” (no alcanzan a cubrir una canasta básica de alimentos).
El dato surge de un estudio de UNICEF basado en información del INDEC. En cifras concretas, hoy son 6,3 millones de niñas y niños que ven vulnerado el ejercicio efectivo de sus derechos.
Finalmente manifestó: “La construcción es uno de los sectores que más está creciendo. Hay cada vez más obras en rutas, más calles asfaltadas, más casas en construcción”.
Sin embargo, a fines de ese mismo mes, a la obra pública le redujo $30.000 millones, para luego restarle $60.000 millones más. Todo esto para llegar a cumplir las metas fiscales del acuerdo con el FMI, que a su vez puso 430 mil empleos en riesgo.
Esta serie de promesas incumplidas es lo que dejó la apertura pasada. Hoy, con un escenario económico mucho más complicado, será interesante ver cómo el Presidente sigue apostando al camino del cambio.