Redacción Canal Abierto | A sus 11 años, a Lucía la violó la pareja de su abuela y el sistema médico tucumano la obligó a parir un bebé que falleció a los pocos días. Lo hizo contra la voluntad de la niña, de su familia, y del Código Penal promulgado en 1921, que permite a casos como el de Lucía una Interrupción Legal del Embarazo (ILE). La violación de sus derechos se hizo de forma sutil: se postergó la decisión hasta que ya no fue posible realizarle un aborto.
La doctora Cecilia Ousset fue convocada para realizar la intervención. Asistió al Hospital del Este con su pareja, el doctor José Gigena, y ambos le realizaron a Lucía una microcesárea, debido al avanzado embarazo y la preclancia de la niña. Hoy, los dos médicos junto a la doctora Romero enfrentan una denuncia por “homicidio calificado”, impulsada por un grupo de abogados y abogadas de sectores antiderechos.
Desde Cladem Argentina, Andhes y las organizaciones de mujeres, feministas, sociales, políticas, profesionales y de derechos humanos repudiaron la denuncia a la que calificaron de “maliciosa” y de lanzar “un mensaje disciplinador para que los médicos y médicas se nieguen a garantizar derechos que ya existen”.
Tucumán, la provincia con mayor tasa de embarazos adolescentes del país, no ha adherido a las leyes de Educación Sexual Integral ni de Salud sexual y reproductiva, y no aplica el Protocolo ILE instituido por el Ministerio de Salud de la Nación.
El documento, donde aclaran que en “la práctica realizada por los médicos no hay delito”, logró en menos de 24 horas más de 9000 adhesiones de todo el país.
“La interrupción legal del embarazo está establecida por el artículo 86 del Código Penal y garantizada del fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En dicha resolución, la Corte determinó que cualquier aborto de un embarazo producto de una violación no es punible, tanto para la mujer como para la persona que cause la interrupción del embarazo –sostiene el escrito-. Por lo tanto, la denuncia es improcedente y la fiscal Adriana Giannoni, a cargo de la Fiscalía Especializada en Homicidios No 1, debe desestimarla y no darle curso”.
Su proceder no es nuevo. El 11 de febrero, las autoridades del Hospital del Este recibieron un advertencia de apercibimiento de Giannoni por la intervención a Lucía. El año pasado, cuando la Cámara de Diputados dio medio sanción a la ley que legalizaba el aborto, la representante del Ministerio Público colgó carteles en su Fiscalía que rezaban “no cuenten conmigo”.
Entretanto, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito de Tucumán denunció que el gobierno provincial a cargo de Juan Manzur despidió a Fernanda Fernández del Ministerio de Desarrollo Social “como clara represalia por su activismo a favor de los derechos humanos”.
Fernández fue cesanteada luego de haber recibido “amenazas por cuestionar acciones de lxs funcionarixs y agentes del Estado que impiden el acceso a las interrupciones legales de embarazos”, sostuvo la Campaña en un comunicado.
Tucumán, la provincia con mayor tasa de embarazos adolescentes del país, no ha adherido a las leyes de Educación Sexual Integral ni de Salud sexual y reproductiva, y no aplica el Protocolo ILE instituido por el Ministerio de Salud de la Nación. Es vanguardia, eso sí, en aprietes y persecuciones hacia quienes intentan garantizar derechos para las tucumanas. El jardín de una república medieval.