Redacción Canal Abierto | El jueves pasado, cuatro mujeres alojadas en la Brigada Femenina de Concepción, una ciudad al sur de la capital de Tucumán, murieron quemadas y asfixiadas durante un incendio que habría sido provocado por un cortocircuito en el marco de un reclamo de las detenidas que, por las graves condiciones de detención, exigían ser trasladas a cárceles del sistema penitenciario. La Brigada estaba sobrepoblada, no reunía condiciones mínimas de alojamiento y no tenía colchones ignífugos ni red contra incendios. Denuncian que, desde el 2015, el Poder Ejecutivo incumplió varias sentencias de la Corte de Justicia de la Provincia exhortando a realizar obras edilicias en lugares de encierro y prohibir las detenciones por periodos prolongados en dependencias como la Brigada.

Se trata de Macarena Maylén Salinas (22), que estaba detenida allí desde febrero, Yanet Yaqueline Santillán (23), Rocío Micaela Mendoza (22) y María José Saravia (25).

La familia de Salinas desmiente la versión oficial, basándose en la mala relación entre las fallecidas y “Magui”, que es Margarita Rodríguez, una de las policías a cargo de la Brigada, ahora separada de sus funciones.

El diario Clarín contó en su crónica del hecho: “Ella les vendía ropa a las chicas”, afirma Raúl, uno de los hermanos de Maylén. “Mi hermana le debía 2.500 pesos. Dos semanas antes del incendio, ella misma nos llamó para amenazarnos: ‘Si no pagan la deuda de Maylén, la voy a perjudicar en un eventual traslado’”, añade. “Nosotros le pagamos el domingo 29. Ese día le entregamos un equipo de música para Maylén y Margarita lo rompió. Cuando le contamos a la jefa de guardia, nos dijo que ella lo iba a pagar, siempre y cuando no denunciemos nada”. Raúl cuenta que los problemas comenzaron el 18 de julio pasado. Al parecer, “Magui” les prestaba su teléfono celular a las presas, que contaban con el efectivo que les dejaban sus familiares para que las policías les compraran comida. Esa noche, Maylén subió una foto a su perfil de Facebook: se mostraba junto a sus compañeras tomando latas de cerveza. En la celda. Cuando Raúl vio la foto, dice que le preguntó: “¿Hermana, qué hacés tomando si estás presa?”. Por ese hecho, asegura que “desde esa noche, Margarita se ensañó con ella”.

Las víctimas

“Tucumán viene atravesando hace años una crisis penitenciaria y de los lugares de detención, que se agravó por la modificación del código procesal el año pasado. En menos de un años, con el nuevo sistema procesal acusatorio, se quintuplicó la cantidad de sentencias emitidas, con ello aumentó la cantidad de personas detenidas y, como no hay espacio en los penales, cumplen condenas en comisarías”, explicó en diálogo con la agencia ANDAR el coordinador del área de Seguridad y Derechos Humanos de Andhes (de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales), Matías Lorenzo Pisarello.

“En un habeas corpus colectivo de 2015, tras un hecho similar ocurrido en la comisaría de Yerba Buena en 2015, la Corte de Justicia de Tucumán emitió al menos ocho sentencias judiciales exhortando a realizar obras edilicias en todos los lugares de detención y prohibiendo directamente el alojamiento de personas en lugares que no reúnan las condiciones mínimas, pero el Poder Ejecutivo hizo oídos sordos”, dice Pisarello.

Si bien la Brigada Femenina de la ciudad Concepción no era una de las dependencias sobre las que pesaba la prohibición judicial para alojar personas detenidas, tras el incendio ocurrido el jueves se conoció que no reunía las condiciones mínimas de detención.

En la actualidad en la provincia de Tucumán, hay unas 1.500 personas alojadas en cárceles del sistema penitenciario y una cantidad similar detenidas en comisarías y dependencias policiales, la mayoría de ellas ya condenadas.

Sin embargo, a pesar de estar sentenciadas, las personas no son trasladadas a unidades penitenciarias por falta de cupo. Aún así, explican desde Andhes, hay una sobrepoblación del 20% en las cárceles tucumanas.

En la tarde del jueves pasado, una de las mujeres alojadas en la Brigada Femenina de Concepción comenzó una protesta para denunciar las graves condiciones de detención y exigir el traslado a una cárcel para mujeres. Durante ese reclamo, la conexión de uno de los calabozos entró en corto circuito y originó el incendio que se propagó rápidamente. Cuando comenzaron a ver humo, fueron los mismos vecinos los que alertaron la situación al cuerpo de Bomberos; según la versión oficial, el personal policial no pudo sofocar el fuego ni ingresar a los calabozos a socorrer a las víctimas.

María José Saravia, Macarena Salinas, Micaela Mendoza y Yanet Santillán murieron quemadas y asfixiadas. Las cuatro estaban condenadas y no deberían haber estado alojadas en la Brigada de Concepción. Otra detenida, que estaba en una celda contigua, salvó su vida. “Por lo que pudimos saber, en la Brigada no había colchones ignífugos, no tenía red contra incendios y ni siquiera había matafuegos. Es una realidad que se repite, la mayoría de las comisarías no cuentan con ningún elemento que ayude a sofocar incendios y, como en este caso, las condiciones eléctricas no dan abasto”, describe el referente de Andhes.

Más allá de la desobediencia del Poder Ejecutivo a las exhortaciones realizadas por la Corte provincial, Pisarello también refiere la responsabilidad judicial detrás de este hecho: “La reforma del Código Procesal también le impone a los jueces la responsabilidad por las condiciones de detención; sin embargo, siguen ordenando privaciones de la libertad en lugares no aptos para alojar personas”.

La masacre de la Brigada Femenina de Concepción es investigada por el fiscal Miguel Varela, de la Unidad de Graves Delitos. Por estas horas, desde Andhes analizan presentar una ampliación del habeas corpus colectivo de 2015 y participar de la causa como organización querellante, una posibilidad que les brinda el nuevo Código Procesal de Tucumán.

 

El 29 de junio de 2015, durante una requisa en la comisaría de Yerba Buena, se inició una protesta con quema de colchones por parte de las personas detenidas: Mateo Visa y Franco Gallardo murieron durante el incendio. Ninguna persona fue acusada formalmente por estas muertes; sin embargo, ese hecho fue el que dio origen al habeas corpus vigente y en el cual se dictaron las sentencias que fueron sistemáticamente incumplidas por el gobierno provincial.

“La única respuesta fue una propuesta para la construcción de un penal con capacidad para alojar a 4 mil personas, pero se dejaron de lado las condiciones actuales. El debate no se puede pensar a futuro, a largo plazo cuando se creen esos cupos, hay que tomar medidas urgentes, como la provisión de colchones ignífugos, de recursos para sofocar incendios y socorrer a las personas. Hace pocos días, hubo otra protesta por las condiciones edilicias y las visitas familiares en la Comisaría 9ª, hubo quema de colchones y el fuego fue sofocado con baldes de agua”, relata el abogado de Andhes Matías Pisarello.

En un comunicado en donde reclamaron una investigación especializada que determine fehacientemente las responsabilidades y causas de las muertes en la Brigada de Concepción, la organización Andhes también pidió por la puesta en funcionamiento de un Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, “como órgano especializado que ayude a buscar alternativas eficaces para evitar que se repitan una y otra vez estas situaciones y que realice monitoreos de todos los lugares donde se encuentran personas privadas de libertad”.

Tucumán sancionó la ley que crea el Mecanismo Local de Prevención de la Tortura; en julio de 2020, se modificó la constitución de ese órgano para reducir de 5 a 3 los representantes de la sociedad civil e incorporar al Ministro Público de la Defensa. Desde entonces, no se avanzó en el mecanismo de selección para los miembros de la sociedad civil. “En este contexto de crisis penitenciaria, la creación de un órgano especializado es una oportunidad para buscar medidas alternativas que no puede ser sólo la creación de nuevas cárceles. Sin la confirmación del Mecanismo, estas muertes van a seguir ocurriendo, porque no se piensa una solución integral del problema”, explica Pisarello.

Y concluye: “Es una problemática específica sobre un grupo particularmente vulnerable como las personas detenidas que han sido abandonas por el poder judicial y por el Poder Ejecutivo que desoye las exhortaciones de la Corte. Necesitamos políticas públicas, acordes a los estándares internaciones en derechos humanos, que respeten los derechos de las personas privadas de la libertad: cuando una persona es condenada, el único derecho que pierde es la libertad”.

Con información de Agencia Andar / Comisión Provincial por la Memoria

 

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