Redacción Canal Abierto | Santiago Baudino, referente sindical de los trabajadores municipales de Neuquén, fue llevado a juicio por el municipio por realizar un corte de calle en 2017. La protesta fue para pedir la reincorporación de compañeras despedidas de la institución. La Justicia falló a favor del órgano gubernamental y condenó al sindicalista.
Mauricio Zabala, juez de garantías, avaló su decisión en la afectación del derecho al libre tránsito “en horario complejo y en el centro de la ciudad”. La próxima semana se conocerá la pena que deberá cumplir el titular del sindicato afectado.
Sobre esta situación, Juan Carlos Capurro, abogado especialista en derecho penal y derechos humanos, explicó: “No sólo es una violación a los derechos laborales, sino también a la Constitución Nacional, a los tratados internacionales que contiene esta Constitución sobre los derechos humanos universalmente reconocidos. En nuestro país, la jurisprudencia del máximo tribunal en materia penal, que es Casación, ya ha determinado en reiteradas veces que cortar una calle o una ruta, o entorpecer el tránsito en condiciones de ejercer un derecho como es el de peticionar o protestar, no es un delito, no es ni siquiera una contravención”.
Lo mismo ocurrió con trabajadores del INTI agrupados en ATE. Las numerosas asambleas que se llevaron a cabo en las puertas del instituto quisieron ser judicializadas a través de una contravención, y fue desestimado en la misma justicia.
Por su parte, Mario Lara, concejal de Cambiemos en la ciudad sureña, se refirió al caso y dijo: “Espero que esto aliente a los vecinos que se sientan avasallados a denunciar, a los fiscales a investigar y dejar de mirar para otro lado y a los jueces a que se animen a dictar sentencias condenatorias. Es preciso sentar los límites de la protesta. No se puede reclamar de manera salvaje, violenta, prepotente, tampoco llevarse a la Ley por delante».
“Lógicamente, esto sólo se puede leer como un intento –de los tantos que ha habido y hay en el país- de tratar de acallar los reclamos laborales. Pero desde el punto de vista sindical y legal no puede prosperar. Ninguno de los dos. No van a callar con eso el reclamo de los trabajadores, y eso se revela en las numerosas huelgas que hay en este momento en todo el país”, sostuvo Capurro.
El intento de judicializar esto en Neuquén parece ser -de alguna manera- una forma de entorpecer la comprensión de la ciudadanía sobre el fracaso absoluto del Gobierno.
“Llama la atención además que, habiendo ganado elecciones en un momento como este, algunos sectores pretendan encubrir de cualquier manera un reclamo sindical –comentó Capurro-. Si fuese cierto que ellos tienen un proyecto distinto, ¿por qué no escuchar a quienes hacen un reclamo y discutir las condiciones para un acuerdo como corresponde, legal y constitucionalmente? Esto no está ocurriendo, lo cual muestra que el próximo gobierno se propone continuar con la misma política de ataque a los derechos sindicales, es decir, que ha mentido nuevamente en las elecciones, como ya lo ha hecho en otras oportunidades esa misma fuerza, que es el MPN, en todo el país”.
La pena para Baudino será conocida la semana que viene. De ser apelada tendría posibilidades de ganar, ya que –como lo explicaba Capurro- es una condena inconstitucional.
“Esta sentencia sólo tiene que ser tenida en cuenta para demostrar la impotencia por parte del poder político para tratar de acallar a los trabajadores en sus reclamos. Y es una impotencia porque si lo que los trabajadores reclaman fuese absurdo, caería por su propio peso. Cuando lo que reclaman es justo y corresponde se quiere echar mano al aparato represivo. Eso ha fracasado en el pasado con la caída de la dictadura y con algunos gobiernos que quisieron hacer lo mismo y así terminaron. Y este va en camino a la misma situación”, finalizó el especialista.