Por Carlos Saglul | Esta vez los wichis de “El Impenetrable” no fueron noticia en razón de muertes por desnutrición infantil, o la pobreza inaudita en la que viven. Una docente se presentó en la comisaría de Sausalito para poner en conocimiento de la autoridad sobre la presencia de wichis vestidos con ropa camuflada y escopetas “que no puede establecer si eran de aire comprimido o no”. Dijo que el grupo era comandado por un señor identificado como Ariel Fabián, quien se presentó como responsable de la Guardia Comunitaria.

El revuelo no tardó en extenderse. Hasta el diario La Nación de Buenos Aires mostró días atrás a los hombre en uniforme de fajina o haciendo ejercitaciones.

El cacique Ariel Fabían explica a Canal Abierto: “nos uniformamos con los colores del monte. De ese monte que defendemos, del que depende nuestra vida. Y se asustan. A nosotros en cambio  no asusta más la inseguridad en la que vivimos. La ausencia del Estado”.

– ¿Cómo está formado este cuerpo de Defensa?

La Guardia Comunitaria se compone de unas 160 personas que estamos ubicadas en El Sauzalito y otras 180 en Nueva Pompeya. Andamos con ropas de fajina porque recorremos el monte. No se entra al monte de traje. Las armas son pocas y en muchos casos de aire comprimido para defendernos de los animales.

Fabián dice que el derecho de la autodefensa de su pueblo consta en la Ordenanza Número 952 de noviembre de 2018 del Concejo Deliberante de Sauzalito (foto), que aprobó la existencia de la Guardia Comunitaria. Esta actuará en Sauzalito, Wichi El Pintado, El Vizcacheral, Tres Pozos, El Tartagal, Cevilar y Fortín Belgrano.

– No se forma una guardia si no hay una situación de inseguridad…

No nos desplazamos fuera de las 100 mil hectáreas que nos pertenecen. Desde Wichi El Pintado hasta Fortín Belgrano es nuestra tierra. Tenemos el título de propiedad. Estamos en nuestra casa.

El desmonte ilegal avanza. Se llevan nuestra miel, el pescado. Queremos defendernos en forma organizada. No vamos a enfrentar al que venga de afuera a cazar pero si intentamos ser un factor de disuasión. Fuimos a la escuela donde hicieron la denuncia a ver un abogado y se armó todo el escándalo. ¿Qué pensaban que estábamos en guerra?

Cuando se le dice que el narcotráfico es una realidad en la zona, el cacique prefiere no hablar del tema. Pero aclara: “No vamos a dejar que contaminen a  niños. Si el Estado no toma partido, algo tenemos que hacer”

Hemos sufrido asesinatos como el de Dominga Arias. La violaron y asesinaron y aquí no le querían tomar la denuncia a los padres. Al final,  denunciaron el crimen en Formosa y se logró que el caso fuera derivado acá.

– ¿Cómo viven?

Gracia a los planes sociales. Sin eso nos morimos. Igual ya no alcanzan. Un compañero que cobra cinco mil pesos de subsidio, debe abonar tres mil de energía eléctrica, 650 pesos la garrafa. ¿Qué te queda para vivir?

Cuando se acaba la plata salimos al monte a cazar, pescar, eso nos salva la vida.

Nosotros creemos que deberían hacer algo para que podamos tener un trabajo, hacer que la zona pueda crecer. Qué no tengamos que depender más de la ayuda social.

– ¿Qué pasa en materia de salud?

Tenemos altos porcentajes de tuberculosis y chagas. Muchas ancianas y embarazadas mueren antes de llegar al Hospital. Está a 300 kilómetros en Juan José Castelli. Los caminos son todos de tierra. Las ambulancias cuando llueve no tienen como llevar a los enfermos.

Le pedimos al gobierno que ponga una pista para helicópteros, pero no nos han escuchado hasta ahora.

– ¿Hay escuelas?

Sí, pero el problema es el nivel. Hemos pedido medios para una campaña de alfabetización. Cuando llegan a la ciudad los chicos se dan cuenta en la secundaria que no saben nada. Ni que hablar respecto de la universidad. Somos parte de la Argentina. Tenemos derecho a soñar que nuestros hijos algún día sean profesionales.

– ¿Cuántos son ustedes?

-Hace rato venimos demandando un censo. Estimamos que en toda la provincia somos entre 45 y 50 mil.

En 2006 el Centro de Estudios Nelson Mandela denunció ante la Corte Suprema la situación desesperante de las comunidades de esa zona ante lo cual el Supremo Tribunal dictó una cautelar para detener lo que definió como “genocidio”.

La situación no cambio demasiado. Es paradójico que algunos medios se pregunten por indicios de violencia cuando los originarios se organizan con uniforme o sin él para suplir funciones básicas de un Estado ausente que peligrosamente comienza a ser reemplazado por el narcotráfico. La violencia, hace rato, está del otro lado.

“Nos uniformamos con los colores del monte, del que depende nuestra vida. Y se asustan. A nosotros, en cambio, no asusta más la inseguridad en la que vivimos. La ausencia del Estado. Sin los planes sociales nos morimos. Igual ya no alcanzan. Un compañero que cobra cinco mil pesos de subsidio y debe abonar tres mil de energía eléctrica, 650 pesos la garrafa. ¿Qué te queda para vivir?»

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