Redacción Canal Abierto | En 2016, el gobierno de Mauricio Macri ponía en circulación un billete de 500 pesos con la imagen del yaguareté. La iniciativa formaba parte -según el Banco Central- de una estrategia de concientización frente “al riesgo de extinción que existe sobre la especie”. Se estima que pueden encontrarse solo 250 ejemplares en nuestro país, principalmente en el noreste, en la selva misionera y algunos sectores del Chaco, Santiago del Estero y Formosa, aunque también pueden hallarse en las yungas de Salta y Jujuy.

Así planteado, pareciera que el potencial exterminio del felino americano no es mas que un hecho casual, fruto de la selección natural. Sin embargo, no hay nada mas alejado de la realidad.

En el informe titulado “El sacrificio de los bosques del Gran Chaco”, Greenpeace explica por qué la segunda región forestal de Latinoamérica está en peligro producto del avance indiscriminado de la ganadería intensiva y la soja transgénica, y de qué manera esto repercute en alrededor de 3.400 especies de plantas, 500 especies de aves, 150 mamíferos, 120 reptiles, 100 anfibios y más de 4 millones de personas (cerca del 8% son indígenas), quienes –al igual que el yaguareté- dependen del bosque para obtener alimentos, agua, maderas y medicamentos.

En este marco fue que la organización ambientalista desplegó carteles en pleno acto central de la Exposición Rural, ante la mirada atónita de Mauricio Macri, el titular del ahora re jerarquizado Ministerio Agricultura, Ganadería y Pesca Luis Miguel Etchevehere y el selecto grupo de representantes de la oligarquía terrateniente más prominente de la Argentina. La protesta se realizó en el escenario, durante el discurso del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, y duró pocos segundos, pero sirvió para incomodar a los ganaderos y difundir la compleja situación que atraviesan nuestros bosques.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a Argentina, Paraguay y Bolivia entre los diez países que más deforestaron entre 2010 y 2015. A su vez, la Secretaría de Ambiente de Argentina estima que entre 1990 y 2017 se perdió una superficie de bosques similar a la de 8 millones de campos de fútbol.

“La industria ganadera pone a funcionar sus grandes topadoras, que arrasan impunemente con todo a su paso, haciendo desaparecer a los bosques chaqueños y casi todas sus especies. En ese suelo, ahora raso, instalan sus vacas luego de plantar pasturas para el engorde de un producto que luego será exportado y terminará en la góndola de un supermercado”, afirma Greenpeace.

No caben dudas, el accionar de las topadoras no es una exclusividad de los tiempos de Cambiemos: la Secretaría de Ambiente de Argentina estima que, en nuestro país, entre 1990 y 2014 se perdieron 7.226.000 hectáreas de bosques (una superficie similar a la de Holanda y Bélgica). Es un hecho también que el 80% de la deforestación de Argentina se concentra en cuatro provincias de la región chaqueña (Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa).

De todos modos, también cabe recordar que fue el macrismo el que designó como subsecretario de Desarrollo Foresto-industrial de la Nación al empresario Nicolás Laharrague. En Misiones, su empresa familiar acumula múltiples denuncias por invasión de tierras a comunidades indígenas, atropellos a poblaciones campesinas, desmontes y proyectos ganaderos ilegales en zonas protegidas. Ni más ni menos, un CEO que devino en funcionario.

Como suele suceder, el caso de Laharrague no es más que el de otro zorro puesto a cuidar el gallinero. Hace menos de un año, Alejandro Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, fue señalado como el responsable de talar en tierra protegida en Salta.

En aquel entonces, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación instó al gobierno de Salta a suspender el desmonte en las regiones protegidas y recategorizadas ilegalmente. A su vez, el gobierno le aplicó una multa de 2,5 millones de pesos.

Así, mientras a los familiares de Marcos Peña sólo les cabe una sanción económica por violar la ley y atentar contra el medioambiente, ayer se conoció la denuncia por “intimidación pública” que impulsa el Ministerio de Seguridad de la Nación contra Greenpeace por su protesta en La Rural.

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