Redacción Canal Abierto | Susana Villagra fue asesinada el miércoles 27 de marzo a la noche por “Tico” Quinteros, su pareja desde hacía 30 años, en Santa Rosa. Al día siguiente, Elba Ibañez fue asesinada en Fiambalá. Estaba embarazada. El sábado 30, Georgina Avellaneda fue encontrada muerta. Su expareja, Diego Herrera, contra quien ella había radicado múltiples denuncias, está prófugo. Catamarca anotó el trágico récord de tres femicidios en tres días.
«Hay una gran cantidad de casos que están saliendo a la luz en los medios de comunicación porque las mujeres, después de confiar en el circuito de la Justicia, recurren a los medios para visibilizar la cantidad de denuncias que tienen contra los mismos victimarios, en tiempos bastante breves. La mayoría de ellas acumula entre diez y treinta denuncias», relata Laura García, periodista y activista feminista integrante de la Colectiva Feminista de Mujeres de Catamarca.
«A los femicidas los juzga, sin perspectiva de género, un tribunal de dinosaurios que la pasa preguntándole a los hijos de las mujeres asesinadas si la madre era buena madre», explica Laura García, periodista y activista feminista.
Georgina, la última víctima, había radicado quince denuncias contra su expareja. «Confió quince veces en que el sistema judicial catamarqueño se iba a hacer cargo, y no pasó», explica García.
En Catamarca, las denuncias se amontonan en los juzgados pero -en nombre de la falta de recursos- nada se hace por las víctimas. De hecho, está aprobada la creación de una Cámara Penal que juzgue los casos de violencia de género, pero todavía no existe. «A los femicidas los juzga, sin perspectiva de género, un tribunal de dinosaurios que la pasa preguntándole a los hijos de las mujeres asesinadas si la madre era buena madre«, explica la especialista.
Movilización para acabar con la complicidad estatal
En una provincia de 400 mil habitantes, tres femicidios en una semana fueron más que suficientes para movilizar a la sociedad que hoy marchará a la Gobernación para exigirle a la gobernador Lucía Corpacci que se implemente la ley nacional y provincial de protección integral a las mujeres y disidencias.
Desde comienzos de marzo, la situación de desamparo de las catarmarqueñas se hizo evidente con la aparición del cadáver de María José Arias Gibert (29), a quien dieron por «suicidada». Gracias a la insistencia de la familia, se descubrió que Bruno Saragusti, el hombre que tenía un vínculo sexoafectivo con María José, tenía al menos diez denuncias hechas por cuatro víctimas diferentes en el plazo de diez años. La propia María José había radicado cuatro, tres de las cuales cayeron en la fiscalía de la letrada que intervino el día en que ella apareció asesinada.
«La EPA sigue reforzando los estereotipos de amor romántico y de propiedad privada que queremos romper, por el que la mujer le pertenece al hombre en un vínculo indisoluble. La mayoría de los femicidas son parejas o ex parejas de las víctimas y las matan por ese sentido de la propiedad privada», resume García.
«La justicia patriarcal no está ofreciendo ningún tipo de soluciones. Y la condena social que recibe alguien que mata a un ladrón por robarle el teléfono no es ni un 5% de lo que recibe la mujer que se defiende luego de ser víctima de violencia sistemática. Las mujeres somos consideradas una propiedad privada más devaluada que un celular», analiza García.
Por otra parte, Catamarca es una de las provincias donde está resultando más difícil implementar la ley de Educación Sexual Integral (ESI), que apunta a repensar y revertir la forma en que se establecen los vínculos violentos entre las personas. Allí, desde el Opus Dei se está impulsando la Educación Para el Amor (EPA) que obliga a los docentes a llevar La Biblia a clase. «La EPA sigue reforzando los estereotipos de amor romántico y de propiedad privada que queremos romper, por el que la mujer le pertenece al hombre en un vínculo indisoluble. La mayoría de los femicidas son parejas o ex parejas de las víctimas y las matan por ese sentido de la propiedad privada», resume García.