Redacción Canal Abierto | “Era enorme la expectativa y la tensión en la lectura del fallo del juez Gustavo Ravizzoli. Éramos conscientes del poder de presión que ejerce la industria petrolera y más aún la presión del gobierno de Neuquén. Por eso, cuando el juez en su introducción dio cátedra sobre el andamiaje jurídico que respalda el derecho mapuche y expresó ABSOLUCIÓN, todo el silencio que se cortaba con una navaja estalló en un solo grito: MARICIWEU MARICIWEU!”.
Así se expresó la Comunidad Mapuche tras el fallo del juez de Garantías Gustavo Ravizzoli que absolvió a seis integrantes de la comunidad Campo Maripe, que llegaron a juicio acusados de usurpar las tierras que habitan desde 1920.
En una sentencia considerada histórica, el magistrado a cargo entendió la vinculación cultural y ancestral del terreno con la comunidad, que fue acusada por el fiscal Marcelo Silva, de haber usurpado tierras –ancestrales- que la familia empresaria Vela denunciaba que eran suyas. Las tierras están ubicadas en la zona cercana a Añelo donde se desarrolla el negocio petrolero de Vaca Muerta.
El juez Ravizzoli también expresó que no se pudo demostrar que los acusados actuaron con dolo (cometer voluntariamente un delito), y que no puede determinar a quién pertenece la propiedad de ese espacio.
“Celebramos que fue el poder judicial quien puso las cosas en su lugar y exige al poder político que se ponga pantalones largos, se olvide de los negociados y cumpla con las leyes y jurisprudencia enumeradas una a una en este contundente fallo. Celebramos que sea el poder judicial quien ubique al fiscal a cargo de la causa y lo saque del papel cómodo y encubridor de tantas injusticias cuando se erige en garante de un blindaje jurídico a la industria del Fracking. Celebramos que por fin Campo Maripe logre la reivindicación luego de tantas humillaciones sufrida a manos de un privado amparado por el poder político”, continuó el comunicado de los mapuches.
Los defensores, Emmanuel Guagliardo y Micaela Gomiz, hicieron eje en las leyes que protegen a los pueblos indígenas (Convenio 169 de la OIT, Constitución Nacional y de Neuquén, Ley Nº26.160 –que frena los desalojos y ordena relevar territorios indígenas–) y rechazaron que el conflicto deba resolverse en el fuero penal.
“Fue el desahogo de casi 100 años, tantos como los que lleva la familia Campo Maripe a la espera del día en que sus derechos territoriales sean reconocidos. Ese derecho había sido interrumpido al ingresar la familia Vela a sus tierras en la década del ‘70 y hoy no están dispuestos a un nuevo despojo. Volvemos a nuestro territorio a celebrar, a desahogar la tensión de este juicio oral y público, a definir los pasos a dar y a seguir reafirmando nuestra posesión tradicional, actual y pública sobre la tierra que vio nacer a cada uno de los que fuimos juzgados en este infame juicio”, sentenciaron los originarios.